Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Juan Torres López. EL PAÍS / La deuda pública europea comienza a ser gigantesca: 10,9 billones de euros en la Unión y 8,5 billones en la eurozona, al acabar el tercer trimestre del pasado año. Para hacerle frente se han impuesto planes de austeridad que provocan un gran sufrimiento social, la pérdida acelerada de derechos e incluso el ascenso de partidos neonazis.
En 2012 el paro aumentó en dos millones de personas en toda Europa, el desempleo de alta duración ha pasado de ser el 33% del total en 2009 al 42,5% el pasado año, el número de personas en riesgo de pobreza aumenta sin cesar, y también la mortalidad, los suicidios y otros indicadores del malestar causados por los recortes de gasto social.
Para colmo, se trata de un sufrimiento en vano porque la austeridad empeora la situación económica (la zona euro está de nuevo en recesión) e incluso resulta ineficaz para frenar el crecimiento de la deuda. Algo natural y previsible porque va en contra del sentido más elemental de las cosas y de lo que enseña la teoría económica básica: cuando falta demanda hay que aumentar el gasto, y lo que conviene hacer cuando se está endeudado es generar ingresos para pagar la deuda y no bloquear las fuentes que pueden proporcionarlos.
Para poder justificar una respuesta tan torpe, solo explicada por una impresionante ceguera ideológica y por lo bien que viene a los bancos privados seguir prestando a los Gobiernos, se hace comulgar con ruedas de molino a la ciudadanía europea.
Se nos repite hasta la saciedad que hay que recortar porque los Gobiernos son unos manirrotos que gastan demasiado en servicios públicos. Y a base de pregonar que hay demasiados funcionarios, que las comunidades autónomas despilfarran o que los investigadores, maestros y profesores trabajamos poco y que sobramos la mitad, la gente termina por creérselo, entre otras cosas, porque los medios de comunicación (incluidos los públicos) apenas dan cabida a las voces disidentes que podrían mostrar que la causa de los males de Europa es otra muy distinta.
Así es. Los hechos son claros. En 2011 (último año disponible en la estadística oficial europea), los 17 países de la eurozona pagaron un total de 286.238 millones de euros en intereses, el 3% de su PIB.
Si no hubieran tenido que hacer frente a esta factura tan abultada (que desde 1995 suma un total de 5,48 billones de euros), ningún país europeo habría tenido que hacer recortes significativos, ni habría vuelto a la recesión por su culpa. El Gobierno español, por ejemplo, ha previsto recortes por valor de 39.000 millones de euros en 2013, y al mismo tiempo ha presupuestado 38.589,55 millones para pagar intereses. Lo comido por lo servido.
Esto se podría haber evitado simplemente haciendo que el Banco Central Europeo actuase como un auténtico banco central, prestando directamente a los Gobiernos y no a los bancos privados para que estos hagan el negocio del milenio financiándolos.
De nuevo el caso español es bien claro. Si los saldos presupuestarios negativos del sector público desde 1989 se hubieran financiado al 1% por un banco central auténtico, nuestra deuda soberana sería ahora de algo menos del 15% del PIB y no de casi el 90% que vamos a superar este año. Por tanto, es completamente falso afirmar que tenemos mucha deuda pública porque tengamos demasiado gasto público corriente. Los cierto es todo lo contrario: estamos por debajo del gasto público y social que nuestros socios más avanzados realizan para ayudar a que sus empresas sean más competitivas que las nuestras y creen más empleo, y para disfrutar de más bienestar que nosotros. Lo que no quita, por supuesto, que haya que gastar mejor y sin la corrupción que han generado y de la que se benefician, precisamente, los mismos que han promovido el sistema institucional que genera la deuda por intereses.
Los países europeos tienen una losa tremenda sobre sus espaldas. Pero es un gran engaño decir que proviene de un exceso de sector público o de bienestar social y que, por tanto, es hay donde hay que recortar. Es la consecuencia del privilegio inaudito e injustificado de la banca privada, y es eso con lo que hay que acabar si queremos quitárnosla de encima.
