Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Pilar de la Paz Moya / Como en nuestro país no hay problemas, al Ministro de Justicia se le ha ocurrido crear uno que no existía: reformar, para hacerla más restrictiva, la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como “ley de plazos” ya que para interrumpir el embarazo el límite está en el tiempo de gestación. De llevar a cabo dicha reforma, España retrocedería en derechos e iría al revés de Europa.
Parece obvio, pero hay que decir que en la vida hay muchas cosas que no nos gustan. Imagino que nadie, al menos la mayoría, cuando se casa piensa en que se va a divorciar. Sin embargo, lo cierto es que mucha gente lo hace y que hay personas que estuvieron en contra de la Ley del Divorcio, y que, sin embargo hoy, le están profundamente agradecidas. Cuando la ley prohibía, estaba el “ahí te quedas”. La ley permite que me divorcie pero no me exige hacerlo. Nos permiten, no nos exigen. La ley del aborto, hasta ahora, permite proteger los derechos de las mujeres y, en especial, de las que más fácilmente se pueden ver privadas de ellos. Cuando el aborto no es legal significa riesgos para la salud y el bienestar de las mujeres. Si ésta es pobre los riesgos se acentúan.
Dicho esto, el señor Ruiz-Gallardón, todopoderoso, puede pensar que cambia la ley y ¡zas! ¡desaparece el aborto! pero, según el Ministerio de Sanidad, las cifras son machaconas: todos los años se realizan en España más de 100.000 abortos; antes y después de la ley actual; las cifras varían poco. No se puede cerrar pues, los ojos a esa realidad; eso no hará que desaparezca. En todos los países con legislaciones restrictivas quien quiere aborta, de una manera u otra, dentro o fuera. No está en manos del Estado decidir que existan o no abortos, tampoco en las del ministro; lo que el Estado puede decidir es en qué condiciones sanitarias se realizan, es con qué protección jurídica cuenta la mujer, es, si quiere considerar delincuente a una mujer que interrumpe su embarazo, es, en definitiva, si se quiere considerar a las mujeres ciudadanas de primera o de segunda.
El gobierno debería preocuparse por no destruir el Estado de Bienestar, así puede que consiga, cambiar la tendencia negativa que desde 2009 tiene la tasa de fertilidad, porque le guste o no al ministro, cada persona es, debe ser, dueña de su cuerpo.
La gran mayoría de españoles sabemos que España no es una Iglesia sino un Estado, y que aquí, hablando en lenguaje estudiantil, la Religión es optativa. Hablemos de Derechos y hablemos de Salud.
Pilar de la Paz Moya, experta en género e igualdad
Artículo publicado en Diario Jaén
