Yo firmo por la absolución de las familias de la Corrala Utopía

El viernes 4 de septiembre, los Juzgados de lo Penal de Sevilla, comienzan una serie de acciones judiciales contra activistas y vecinas de la Corrala Utopía, dos bloques de viviendas vacías de la Avenida Juventudes Musicales de la capital andaluza y propiedad de IberCaja que, durante dos años, estuvieron habitados por familias en situación de emergencia social.

La Corrala Utopía es un icono que ha traspasado las fronteras andaluzas y españolas por reflejar la situación de vulnerabilidad de miles de familias y la inacción de las instituciones democráticas para dar solución al derecho humano, universal y constitucional de acceso a una vivienda digna. La Corrala Utopía es la fotografía de un país que se ha despeñado por el acantilado de la desigualdad, la pobreza y el sadismo con las personas más castigadas de nuestra sociedad.

No obstante, la Corrala Utopía no es un lugar físico. Es una actitud ante el abuso de poder, la fuerza del empoderamiento de la gente sencilla en defensa de sus derechos y la denuncia de la usura de un sistema bancario que tiene en el bipartidismo a su principal aliado. El símbolo es tan poderoso que tuvieron que recurrir a la criminalización de las familias y lanzar contra ellas infames portadas de periódicos que recordaban a los tiempos más oscuros de la dictadura.

El desalojo por la fuerza bruta policial en abril de 2014 evitó una salida pactada que negociaba en ese momento la consejera de Vivienda, Elena Cortés, con la entidad bancaria propietaria del edificio. El Gobierno de España tenía que evitar a toda costa que las familias salieran del edificio cantando victoria.

Por su parte, el PSOE, en lugar de salir en defensa del derecho a la vivienda, no tardó en situarse del lado de los bancos, haciendo un uso partidista escandaloso de Canal Sur, retirándole a Izquierda Unida las competencias de adjudicación de vivienda pública, enfrentando a las familias en situación de emergencia habitacional con los demandantes de primera vivienda y elevando el asunto a una crisis del gobierno andaluz de coalición.

Un año después del desalojo y con todas las familias finalmente realojadas por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, liderada entonces por Elena Cortés, medio centenar de vecinos y vecinas tendrán que enfrentarse a la Justicia tras la acciones judiciales emprendidas por la Fiscalía (Gobierno de España), que acusa a las familias de un delito de usurpación.

Por todo ello, los y las abajo firmantes solicitamos la absolución de las familias de la Corrala Utopía. Porque consideramos que una sociedad no se puede construir sobre el sufrimiento de las personas más vulnerables, que la defensa del derecho a la vivienda no es un delito, que este juicio pretende empañar una lucha noble, pacífica y democrática a favor del cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda, que se trata de un juicio político que pretende criminalizar a la gente sencilla que se organiza para defender sus derechos y situar en el centro del debate público que se gobierna para los intereses de una banca que, a pesar de haber sido salvada con miles de millones de euros públicos, especula y desahucia por encima de las posibilidades éticas de un país democrático, social y de Derecho.