Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Una de las propuestas más persistentes del andalucismo ha sido la desaparición de las diputaciones (gobierno y administración de la provincia), una demarcación territorial concebida para manejar los territorios “conquistados” desde el poder central del estado. El poder sobre los territorios se opone al poder de los territorios. En el primer caso, las demarcaciones se realizan de forma conscientemente arbitraria para desarticular las relaciones entre territorio, comunidad y poder. Al contrario de lo que ocurre cuando los “ecosistemas culturales” consiguen dotarse de poder: las demarcaciones territoriales responden a territorios geográfica y culturalmente coherentes, como es el caso de las comarcas.
La pervivencia de las provincias, y de sus órganos de gobierno las diputaciones, es una lacra incrustada dentro de las comunidades autónomas que nunca han conseguido armonizarse con éstas. La falta de funcionalidad de las diputaciones en el estado de las autonomías ha dado como resultado bien su desaparición en las comunidades autónomas uniprovinciales bien su transformación en organismos estériles que sólo han servido para alimentar clandestinamente los aparatos de los partidos y el clientelismo político sobre los ayuntamientos hasta el punto que han jugado un papel fundamental en los pactos locales: el partido que controla la diputación tiene ventaja a la hora de pactar en los ayuntamientos de esa provincia por los recursos utilizados de forma partidista que controla.
La denuncia de la incongruencia de las diputaciones en el estado de las autonomías ha sido un tema que hemos tratado de forma recurrente desde esta revista. Valga como ejemplo el artículo de Antonio Manuel “el estado de las diputaciones”, publicado el 31 de enero de este año o “la supresión de las diputaciones” escrito por mi hace un año (16 de junio de 2010).
El ataque que los poderes económicos están programando contra las conquistas sociales bajo el chantaje de la crisis tiene múltiples dimensiones (democrática, estado del bienestar, políticas ambientales, conexiones entre territorios culturales y poder, etc.), y una de sus dianas fundamentales se centra en el desprestigio del estado de las comunidades autónomas en espacial de Andalucía ya que fue quién sorprendentemente imprimió a la estructura territorial del estado la interpretación federalista del título VIII de la constitución española (lo que implica la concepción de España como estado federal) frente a la lectura centralista “española” (España como nación) compatible con la existencia de naciones internas compensadas con privilegios (Cataluña, País Vasco). En este ataque se ha especializado una de las franquicia de la derecha: UpyD.
El ataque a las comunidades autónomas se centra en su capacidad de gasto y en la falta de austeridad ocultando por una parte que ese gasto financia la mayor parte de las prestaciones gratuitas del estado social (enseñanza, salud, servicios sociales, etc.) cuya privatización se encuentran el punto de mira del programa de la derecha (quieren matar dos pájaros de un tiro) y que la falta de austeridad no ha sido una característica específica de las comunidades autónomas sino de todo el sistema político administrativo español conformado durante el periodo del desarrollismo.
Lo que ocurre es que es demasiado burdo que se ataque a las “funcionales comunidades autónomas” y se ignoren a las “inútiles” diputaciones. Por ello, poco a poco comienza a ponerse en la agenda política el cuestionamiento de su existencia. En el debate del estado de la “nación” (Andalucía desaparecida) el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, ha exigido al Gobierno la supresión de las diputaciones provinciales y el presidente ha admitido que el esquema institucional actual no puede continuar «tal y como está ahora», aunque ha matizado que «es un debate para la próxima legislatura». «No me corresponde por tanto pronunciarme», ha respondido Rodríguez Zapatero. El líder de la “derecha fáctica” el ex presidente del Gobierno Felipe González ya había reclamado que se supriman las Diputaciones Provinciales por ser administraciones redundantes. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha defendido recientemente la existencia de las Diputaciones provinciales aunque ha abogado por su reforma para eliminar «duplicidades», afirmando que la vigencia de estas instituciones en el contexto actual está justificada, pero hay que «replantear» y «revitalizar» su papel, que debe estar centrado en “la lucha contra la crisis y el paro” (sic). El líder de la derecha política en Andalucía criticado, además, la «ligereza» con la que, en su opinión, «hablan algunos de la desaparición de las Diputaciones cuando las han perdido» (quiere decir que ahora le toca a ellos utilizar partidistamente sus recursos). Con la intención de hacerlas más «útiles» a la sociedad, Arenas plantea que algunas competencias de la Junta de Andalucía pasen a las Diputaciones o incluso a los Ayuntamientos y ha propuesto un grupo de trabajo dentro del PP para que aborde el papel de las Diputaciones y las mancomunidades.
El ataque a las comunidades autónomas ha derivado en el cuestionamiento de las diputaciones. Este es el momento por tanto de acentuar nuestra reivindicación histórica: ¡Comarcas sí, Diputaciones no¡
