¡Viva Andalucía, Abajo las Agencias¡

Se equivocan los que minusvaloran la rebelión de los funcionarios de la Junta contra la reforma de la administración que intenta mezclar en las agencias a funcionarios, laborales y una gran masa de empleados provenientes de fundaciones y otras entidades privadas creadas sin el mas mínimo control público. La revuelta de los funcionarios (¿el primer eco de las protestas parisinas?) esta gravando en el imaginario colectivo la señal inequívoca del final del ciclo socialista en Andalucía. El corazón del aparato administrativo le está escupiendo en la cara a sus actuales dueños, en forma de movilizaciones y boicot a sus actos preelectorales y, o me equivoco, o esta protesta va a ser una de las protagonistas de las próximas campañas electorales.

 

El PSOE de Griñán, en vez de fortalecer la función pública en estos momentos de desconcierto, clarificar el papel de las empresas públicas creadas en su inmensa mayoría para esquivar los controles del derecho administrativo y romper las amarras con la llamada “tercera administración paralela”, ha intentando convertir a la inmensa mayoría de la función pública autonómica precisamente en esa “tercera administración paralela” al margen de cualquier diseño constitucional sobre lo que es el poder ejecutivo.

 

El decreto ley 5/2010 ha alcanzado la categoría del símbolo de todos los agravios, incomprensiones y humillaciones que llevan padeciendo los empleados públicos de la Junta, bajo el chantaje de la condición “privilegiada” de un empleo fijo y de una dirección política que lleva treinta años y que se cree que la Junta le pertenece y que los funcionarios son poco menos que sus esclavos ya que tienen un poder absoluto sobre sus carreras profesionales. Olvidan que unas oposiciones han sido la condición de la permanencia en el empleo y ésta a su vez la condición para la imparcialidad e independencia de la administración respecto a la dirección política. El gobierno debe dirigir a la administración pero con el límite de la igualdad para todos los administrados, algo que se olvida en la práctica y que ahora también se quiere “legalizar” por medio de las agencias.

 

Lo que está pasando en la Junta esta vez no ha pasado nunca. Hay una unanimidad total en una voluntad colectiva de que por ahí no vamos a pasar. Se han creado plataformas por cada consejería o delegación provincial y delegados no ya por Direcciones Generales sino por servicios. El PSOE y los sindicatos, en especial UGT y CCOO, se han convertido en los enemigos frontales de los funcionarios y el PP, de forma hipócrita ha presentado recurso de inconstitucional (es el único que podía presentarlo) mientras que el Defensor del Pueblo ha mirado para otro lado. Sin embargo, los funcionarios mayoritariamente no confían en el PP. Intuyen que con ellos será incluso peor. La mayoría son progresistas y están comprometidos con Andalucía. El momento más solemnes en las manifestaciones en cuando alguien grita “Y ahora vamos a cantar el himno de nuestra querida Andalucía”. En las pancartas se lee el lema de “Viva Andalucía, abajo las agencias” escrito sobre la bandera andaluza. Gran favor le hacen al PP los que lo acusan de alentar y manipular estas manifestaciones porque le están regalando un poder que está muy lejos de tener, aunque desde luego si no existe una opción progresista política o sindical, al final acabarán capitalizando el descontento de la administración andaluza.

 

Pero hay un aspecto especialmente preocupante. El divorcio que esta protesta está provocando entre los funcionarios y UGT y CC.OO. Los sindicatos desde hace bastante tiempo no tienen buena prensa en la administración porque no se les ve por las oficinas y negocian con la administración como si fueran gabinetes técnicos que reciben además subvenciones y personal liberado de la “contraparte”, es decir, del gobierno. Cuando el recorte salarial sin precedentes de mayo de este año, los sindicatos convocaron huelga exclusivamente en la administración el 8 de junio. Fue una huelga testimonial, sin ninguna hoja de ruta para conseguir las reivindicaciones y sin el apoyo del resto de los trabajadores. El seguimiento fue aceptable. Pero cuando la Huelga General del 29 de septiembre la administración apenas si paró. La separación entre empleados públicos y privados se estaba consumando. La firma del acuerdo entre CCOO y UGT con la Consejera de Hacienda el pasado 29 de octubre, entre la indignación y la movilización espontánea de todos los funcionarios de Torre Triana, no ha rubricado la paz en la Junta sino la ruptura emocional entre empleados públicos y UGT y CCOO, de muy difícil sutura.

 

Esto es especialmente grave porque lo que se avecina va a ser una presión brutal para bajar los salarios tanto de trabajadores privados como públicos. Andalucía, ya lo hemos dicho muchas veces, es la gran perdedora de esta crisis, porque ocupa una posición política y económica de extrema debilidad en España quien a su vez ocupa una posición precaria en la Unión Europea. En estos momentos de guerra para la devaluación de divisas entre todos los actores internacionales para ganar competitividad ante el exceso de capacidad productiva global, solo la Unión Europea, presionada por Alemania, no está maniobrando para devaluar el Euro. La consecuencia es que el poder en España, con una deuda de casi el 200% de su PIB, va a presionar para ganar competitividad sobre todo mediante la bajada de salarios, apoyándose en la debilidad sindical, en los 4.5 millones de parados y en el porcentaje de temporalidad existente.

 

Andalucía tiene que ser capaz de poner en pie una alternativa política propia y relevante que rompa la sinrazón del bipartidismo y cuya primera tarea sea movilizar a la sociedad andaluza sobre la unidad de los trabajadores tanto si son empleados públicos como privados. De lo contrario lo vamos a pasar muy mal.