¿ Qué anda mal en el impuesto de la renta?

Casi el 95% de la renta declarada en el IRPF ha sido retenida previamente. Lo no retenido esencialmente no se declara. Y lo que no se retiene son las rentas no salariales y muchas de las formas de rentas del capital percibidas por los más ricos. El fraude alcanza la desfachatez cuando, aprovechando la normativa y la falta de inspección en Sociedades, los empresarios y las rentas elevadas utilizan empresas para eludir el pago del IRPF.

Más allá de la pérdida recaudatoria (no despreciable, porque reducir el fraude a la mitad aumentaría la recaudación en al menos tres puntos del PIB), el fraude plantea tres problemas. Primero, deslegitima el sistema fiscal y al Estado que lo tolera. Segundo, impide que aumente la recaudación porque no se pueden pedir más esfuerzos a quien está ya pagando mientras una parte de los contribuyentes (muchos de los más ricos) está al margen del sistema fiscal. Tercero, permite a los defraudadores acceder a prestaciones públicas creadas para las rentas bajas.

El fraude en España es muy elevado por dos causas. Primero porque desde hace muchos años no hay voluntad política para eliminarlo. Segundo, porque es la elección racional de cualquier contribuyente sin rentas retenidas. Cuando la probabilidad de detección es casi nula, si te detectan es poco probable que te descubran todo, si te descubren la sanción es pequeña, y si todo va mal, hay vías para evitar el pago en ejecutiva, lo razonable es defraudar. La declaración de rentas no retenidas se convierte casi en una donación graciosa al Estado.

Para reducir el fraude es necesario primero una voluntad política que exprese tolerancia cero ante el fraude y, segundo, tomar medidas para que defraudar (o ayudar a hacerlo) deje de ser un ejercicio rentable. Esto implica aumentar la probabilidad de detección, la sanción, la exposición social del defraudador y la eficacia en el cobro de deudas. La Agencia Tributaria debería responder anualmente de su gestión con indicadores objetivos y medibles de la evolución del fraude estimado. También se deben cerrar vías de elusión (uso de empresas para eludir el IRPF, Sicavs con testaferros, Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, etcétera).

La segunda causa de inequidad horizontal es el diseño del impuesto. El IRPF exime de tributación algunas rentas, bonifica otras (incluyendo las rentas plurianuales) y prima algunos usos de la renta (como la compra de planes de pensiones o de vivienda). Una de las inequidades más importantes se produce porque, con el impuesto dual vigente, las rentas del capital tributan a un tipo menor que incluso el mínimo aplicable a las rentas del trabajo. Para ver la magnitud de estas inequidades baste señalar que, por ejemplo, en el año 2011 el Estado gastará en incentivar las pensiones privadas más de 1.700 millones de euros (bastante más de lo que se ahorra no revalorizando las pensiones públicas). El coste de las ayudas a la vivienda (incluyendo una dudosa ayuda para obras de mejora y otra aún más dudosa exención por reinversión de plusvalías en la vivienda propia) llega a casi 9.000 millones de euros.

La equidad horizontal exige eliminar las exenciones, las bonificaciones y todas las deducciones no ligadas a la renta. También debe eliminarse la dualidad retornando a un impuesto que grave toda la renta de forma progresiva.

Finalmente, hay provisiones en el IRPF que deberían modificarse para que fuera más justo y simple. Esto incluye, entre otras medidas, reformar el tratamiento de la inflación, las deducciones personales, o la de rendimientos del trabajo.

Hay quien considera que, además, se debe simplificar el IRPF introduciendo un impuesto de tipo único o de doble tipo. Esta propuesta consiste en simplificar la base y reducir el número de tipos a uno o dos. Es difícil ver qué ganancia de sencillez supone para una persona con inteligencia normal reducir el número de tipos de los cuatro actuales a uno, no digamos ya a dos. Establecer un tipo único solo añade regresividad (favorece a las clases altas a expensas de las medias). Los efectos del doble tipo sobre la progresividad dependen de cuáles sean los tipos y el mínimo exento, pero en cualquier caso solo sirve para reducir la graduación de la progresividad. En cuanto a la simplificación de la base, en las propuestas de tipo único (o doble), generalmente solo es un eufemismo para reducir los conceptos por los que tributan las rentas altas y abrir vías de elusión.

En realidad, muchas de las propuestas de simplificación son solo excusas para reducir la equidad, progresividad y visibilidad del IRPF.

En conclusión, es necesaria una reforma del IRPF que dote al impuesto de capacidad recaudatoria y elimine la inequidad horizontal. Esta reforma, muy diferente a la sugerida por David Taguas en un artículo reciente, pasa por luchar de forma efectiva contra el fraude, cerrar vías de elusión, eliminar la dualidad, depurar las deducciones y bonificaciones del impuesto y modificar algunos elementos técnicos. Solo así el IRPF podrá jugar el papel económico y ético para el que fue establecido, y generar en el futuro una parte sustantiva de los recursos necesarios para mantener el Estado de bienestar.