A río revuelto, ganancia de pescadores. Este conocido refrán puede servir para analizar el nacimiento de un incipiente discurso denominado como “revisionista” de lo ocurrido durante la transición democrática. Un discurso emitido desde hace años especialmente por medio de grupos de comunicación usuarios de las ondas tanto de radio como de la recientemente impuesta TDT.
Si realizamos un análisis sosegado de lo acontecido en los ámbitos ideológicos y políticos en nuestro país, encontramos como novedad la aparición, o más bien renovación, de un espacio ideológico hasta hace un cierto tiempo prácticamente residual: el discurso de la ultraderecha.
Parece que estamos ante una reconstrucción ideológica de esos grupos iniciada desde la base, es decir, han comenzado a emitir opiniones para convencer a un amplio electorado pero olvidando, o al menos no mencionando explícitamente, los discursos de los años ochenta. Luego, vendrá, si lo encuentran, el líder aglutinante y la fuerza política que identifique ese mensaje.
Intensamente neoliberal en lo económico y nacional español en el resto. Con esta frase pudiera resumirse sus postulados. Si lo ampliamos brevemente podríamos descubrir sus pretensiones de disolver el estado del bienestar: pensiones, desempleo, educación y sanidad públicas, entre otros, junto a la defensa de la patria española: símbolos (escudo, bandera e himno), idioma (el español, frente a otras lenguas oficiales) y la cultura española tradicional. Y todo ello con claros tintes xenófobos.
Traemos a estas líneas la descripción de este proceso para analizar uno de los elementos integradores de ese discurso: la desaparición de las comunidades autónomas. Incluso, he oído mencionar en alguna tertulia de estos medios la posibilidad de sustituir los gobiernos autónomos por las diputaciones provinciales.
Para este grupo ideológico las comunidades sólo han servido para lastrar el devenir histórico de la nación española en estos últimos treinta años. Por un lado, porque suponen un medio para incrementar notablemente el gasto de las administraciones públicas. Coches oficiales, cargos políticos y no políticos, parlamentos autónomos… Ahora, en este tiempo de crisis, este argumento crea numerosísimos adeptos. Y en segundo lugar, la profusión de consejerías de cultura y educación ha tenido como consecuencia la práctica desaparición de la identidad española a favor de otras identidades regionales. Los ejemplos más utilizados son los de Cataluña, País Vasco y Galicia, donde se asegura la pérdida del idioma español en las escuelas y, como consecuencia, en la calle.
No creo estar ante un fenómeno anecdótico o casual. Estos argumentos se han enunciado tanto en años de bonanza económica, como ahora en plena crisis. Creo que se está haciendo una labor desde la base, concienciando a un amplio espectro del electorado descontento con el bipartidismo actual y reconduciéndolo hacia espacios políticos a la derecha del Partido Popular. Un fenómeno usual en varias democracias europeas, pero inexistente hasta el momento en España y Andalucía, tras la retirada de Blas Piñar y su Fuerza Nueva.
Las comunidades autónomas pueden haber cometido sus errores, pero hemos de tener en cuenta que hemos construido algo inédito en la historia de España. Salvo el brevísimo paréntesis de la II República durante la cual sólo Cataluña gozó de un Estatuto constitucional y con total legitimidad, España nunca había organizado su administración de tal forma.
Es más, si dejamos a un lado las visiones partidistas, hemos de considerar que si España y Andalucía han progresado, algo habrá tenido que ver la división en comunidades autónomas. Parecen evidencias, pero ante las dudas incipientes, no hay que ser reacios a defender unas administraciones que han servido para acercar la gestión y la política a los ciudadanos. Como consecuencia de ello, se han democratizado aún más la toma de decisiones puesto que propicia su participación y, además, estas decisiones han sido más legítimas porque se han oído las opiniones de los afectados. Por otro lado, los gobiernos autónomos han servido para la defensa de señas de identidad autóctonas. Lo contrario, la construcción de la España democrática sin las autonomías habría agravado aún más el problema decimonónico de la vertebración territorial. ¿Cómo encajar si no un Estado plurinacional como el español? Incluso, además de las medidas policiales y judiciales, ¿no se está acabando con la base social del terrorismo también con la descentralización administrativa? Nunca hasta estos momentos, los españoles o los andaluces habían estado tan satisfechos con su configuración territorial. Así lo demuestran numerosos estudios sociológicos.
Estemos pues con ojo avizor porque este revisionismo de lo instaurado en la Constitución está calando en el electorado, con sus repercusiones mediáticas, no sea que la solución sea un único poder, grande y libre. Vds. ya me entienden…
Manuel Hijano del Río
Universidad de Málaga
Con esta democracia malparida y los casos de corrupcion volvemos al caudillo rapidito, gracias a la perfecta labor de ocultamiento de los periodistas españoles que son los causantes del fracaso de la democracia española.
Tal como esta la cosa lo más razonable sería culminar el proceso de las autonomías dandole la forma federal al estado español (España), e incluso si se me apura con ciertas matizaciones confederales si es posible (¿cuadratura del circulo?).
Catalunya aspira a más despues del fiasco de su Estatuto con la reinterpretación dada por el T.C. convertido en sujeto activo al servicio de una lectura de la Constitución española restrictiva. En la gran manifestación del pasado sabado se vio con claridad que una parte importante de catalanes ven en España un lastre para tener un Estatuto de maximos y quieren dar un paso mas, hacia la independencia.
Lastima de política española con un Partido Popular miope y reaccionario que con su actuación ha conseguido elevar en mucho los deseos independentistas de los catalanes. No les importa, alli no obtienen votos, pero en el resto del estado les van a sobrar para recrear una nueva españa centralista y limitada al titulo octavo de la Constitución sin posibilidades de otra cosa.
Muy interesante el articulo