¿Violencia de qué?

La publicación de este texto que convierte en víctima al presunto homicida -e ignora a quien pierde la vida- ha desencadenado la indignación en la redacción de El Mundo. Muchos firmaron ayer un artículo, elaborado por el comité de redacción y que se entregará hoy al director del medio, Pedro J. Ramírez, en el que exponen que Sostres ha traspasado el límite de lo aceptable y piden que se deje de contar con él. «¿Qué pasaría si se publicara en el periódico un artículo que dijera que se entiende un asesinato de ETA?», se pregunta en el texto dirigido a Ramírez.

La dirección del diario, que retiró por la mañana el artículo de la web, no quiso ayer incidir en el tema. Un responsable se remitió a las palabras de Ramírez en su Twitter, donde pedía disculpas por el artículo y afirmaba que «fallaron» sus controles en su publicación. «Lo inaceptable del texto de Sostres es que utiliza la misma expresión -‘violencia’- para un asesinato y el engaño y abandono en la pareja», añadió.

«¡Y luego dicen que falla la Ley contra la Violencia de Género! ¡Anda que no nos queda camino en el terreno de la igualdad mientras haya opiniones como esa!». Las exclamaciones corresponden a la fiscal de sala Soledad Cazorla, la responsable de combatir las agresiones machistas desde el ministerio público. Varias asociaciones feministas (Fundación Mujeres, juristas de Themis y Federación de Mujeres Progresistas, entre otras) anunciaron ayer que pedirán a la fiscal de sala que intervenga por la publicación de un artículo que, a su juicio, hace «apología del delito de violencia sobre la mujer».

Cazorla, que está «reflexionando» sobre el contenido en su papel de fiscal, califica el texto de «amoral» y «sibilino». «Aunque dice que la conducta del agresor es injustificable, da explicaciones para justificarla. Además, convierte al maltratador en víctima de la violencia psicológica y presenta a la víctima, que está muerta y no puede hablar, como agresora».

Sin embargo, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, no cree que contenido del texto sea perseguible penalmente. A pesar de esto, el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social busca algún resquicio para llevar el texto a los tribunales. Comisiones Obreras sí lo hará.

Montalbán sitúa el problema de este tipo de artículos en el terreno de los medios: «Es su responsabilidad delimitar qué contenidos van a ofrecer al público y cuáles consideran idóneos para formar una opinión pública coherente con una sociedad democrática», dice. «El artículo de Sostres alimenta el mito de la supremacía masculina y de que lo ocurrido, que es un crimen, es algo normal», critica Pilar López Díaz, experta en comunicación y género. «Lo que deberían hacer los medios es acabar con ese mito, en lugar de alentarlo, y plantear la violencia de género en el marco de los derechos humanos», añade. El delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, que considera el artículo «una indecencia periodística y social», advierte de la proliferación de estos contenidos.

Pero los medios no siempre están alerta. El artículo Revanchismo de género, de Enrique Lynch, que publicó EL PAÍS a finales de 2009 levantó una fuerte polémica. Criticaba una campaña contra la violencia machista y recordaba que a los maltratadores han sido gestados y formados por mujeres. Según la Defensora del Lector, ese texto generó un fuerte malestar entre los lectores e hirió «una sensibilidad que forma parte del núcleo central del periódico».

«Una tolerancia supercero ante las corrientes negacionistas de la violencia de género». Es lo que pide a los medios de comunicación Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Y es que «lo inexplicable, el que un hombre mate a una mujer, se convierte en explicable y en justificable. ¿Cómo se puede pedir después a las mujeres que denuncien si se las culpabiliza?», plantea.

La socióloga Soledad Murillo, madre de la ley contra la Violencia de Género (2004) y de la de Igualdad (2007) cuando era secretaria general de Igualdad, describe así la situación: «La Ley contra la Violencia de Género es la que más se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional en toda la democracia, sobre todo por parte de jueces contrarios a que se penalizara más la conducta de un hombre que la de una mujer ante una agresión de pareja». Ese mensaje de ley discriminadora caló. Lo mismo ocurrió con la idea de que se presentan abundantes denuncias falsas por violencia, «algo que los datos del Poder Judicial no corroboran». El tercer elemento en liza ha sido la Ley de Igualdad. «Sus oponentes presentan como una cascada de privilegios para las mujeres, cuando sólo pretende equiparar los derechos». Eso ha contribuido a crear una corriente de opinión que convierte a los hombres en víctimas del «hembrismo», del supuesto predominio de las mujeres, convertidos en «seres indefensos». «Es una forma consciente de intentar derribar los avances que han conseguido las mujeres», concluye.

No le falta razón. Sostres ha recibido muchas críticas, pero comentarios elogiosos en la Red le felicitan por su «valentía» al poner negro sobre blanco una realidad que «muchos hombres sufren». Son las palabras de los denominados posmachistas o neomachistas, hombres que niegan o minimizan la existencia de la violencia de género o aseguran que hay tantos asesinatos de mujeres como de hombres. Los mismos que llaman «feminazis» a las feministas. Aquellos que argumentan las denuncias falsas para echar por tierra una ley que ha conseguido 150.000 condenas en un lustro.

«Hay una corriente de hombres, no necesariamente asociados pero sí organizados, que se dedican a reaccionar virulentamente contra los avances en materia de igualdad», opina José Ángel Lozoya, de Hombres por la Igualdad. «No es casualidad que estos machistas tomen fuerza ahora, cuando la crisis aprieta y en el que se han producido importantes retrocesos en materia de Igualdad, como la desaparición del ministerio, algo que han tomado como una victoria», afirma.

Aunque es una corriente difícil de cuantificar, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género señala que, según las encuestas, el 1,2% de la población cree que la violencia machista es aceptable «en algunas circunstancias». «Eso son 600.000 personas», se escandaliza Lorente. Cifra que asciende al 6% (más de tres millones de españoles) si esas agresiones son como consecuencia de una separación.

«Lo ocurre en España es parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos a finales de los setenta del pasado siglo, cuando los grandes medios comenzaron a arremeter contra las feministas que ganaban terreno», añade Pilar López. «Es el ‘ladran, luego cabalgamos».