Rafa Rodríguez
El conflicto con la Generalitat y en particular la aplicación del artículo 155 de la Constitución (que aunque existe en algunas Constituciones federales europeas como la alemana, no hay precedentes en su plasmación porque no se ha necesitado aplicar nunca), así como el aumento de la desigualdad entre territorios, sobre todo a partir de 2008, ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo de la estructura territorial del Estado, porque se ha hecho evidente que hay un fallo de sistema en el actual modelo.
La perspectiva de cambio es una reforma constitucional que acoja tanto la transformación federal del sistema autonómico como abordar la innegable naturaleza plurinacional del Estado que, tal como argumentábamos en el artículo anterior son ámbitos distintos. Hay Estado federales que no tienen expresión plurinacional y, por el contrario, Estado plurinacionales que no tienen una estructura federal. La plurinacionalidad nacional española es una realidad singular que requiere un modelo singular
El primero, la estructura federal, atañe a la estructura jurídico-constitucional estatal de las autonomías, pero el segundo, la plurinacionalidad, es de contenido eminentemente político porque se relaciona con la subjetividad colectiva, aunque ambos, en esta nueva fase, deben convergen sobre todo en la reforma del Estado central para hacerlo mucho más inclusivo.
En este artículo nos vamos a centrar en el concepto de plurinacionalidad en relación con el Estado español y cómo es necesario que el Estado central interiorice la diferencia y el pluralismo cultural y simbólico que se deriva de la diversidad de sentimientos nacionales que se superponen no solo con distinto grado e intensidad en cada territorio sino incluso en cada persona, que se sienten en diferente proporción, por ejemplo, andaluz y español, siendo conscientes que el debate sobre la construcción de la España plural como nación de naciones está menos desarrollado y contiene muchas mas confusiones que la de la estructura federal.
España es un Estado plural, una realidad plurinacional. La deficiente y tardía construcción de la nación española ha aportado, como resultado, y a despecho de siglos de centralismo, el abigarrado conjunto de “nación”, “nacionalidades” y “regiones” que reconoce la constitución de 1978.
El nacionalismo español que se ha impulsado tradicionalmente desde el Estado central ha sido un nacionalismo excluyente que ha constitucionalizado la nación española de forma esencialista mientras que las otras naciones no tienen reconocimiento constitucional. Sin embargo, en España coexisten una pluralidad de sentimientos nacionales, cuya articulación política, también suele ser excluyente. Este es el gran cambio que proponemos: no se trata de cambiar los colores de la bandera o el ámbito territorial manteniendo la naturaleza sectaria de la lectura nacionalista sino de cambiar la naturaleza de esa lectura nacionalista desde los valores democráticos y republicanos.
Por eso resulta imprescindible discutir de cultura, historia y símbolos compartidos, de las narrativas nacionalistas que proveen de sentido (siempre contestado) a una historia común de logros y fracasos, de ilusiones y sufrimientos; y es preciso hablar, sobre todo, de la génesis política de una voluntad democrática de construir desde el pluralismo un futuro común de convivencia.
En este contexto, es preciso abordar explícitamente con el problema político de España como nación, la construcción democrática de las naciones españolas, en un mismo movimiento que alumbra los específicos procesos políticos de construcción de las nacionalidades y regiones interiores.
Tal como afirma Ramón Máiz, España no puede reducirse a su sola dimensión estatal. España es también una nación, y no tanto por su pasado cuanto por su futuro, por la voluntad de convivencia expresa por parte de sus ciudadanos. Pero España no es una nación única, homogénea, exclusiva en su territorio, sino que alberga en su interior diversas realidades, algunas de ellas asimismo nacionales. Naciones éstas, con todas las letras, también, no tanto por derechos históricos previos al pacto constitucional, sino por la voluntad expresa de una mayoría de sus ciudadanos (nacionalistas y no nacionalistas).
Por eso, la reforma jurídico constitucional de la estructura del Estado, requiere, como correlato, que desde el Estado central se pongan las bases jurídico – culturales para defender un concepto no excluyente de nación, donde pueden convivir distintos sentimientos nacionales en un contexto plural y deliberativo, como espacio comunicativo de debate y acomodación, no exento de conflictos.
No se trata de aspirar a eliminar las identidades exclusivas española o catalana o vasca, ni acabar con el independentismo democrático y pacífico, sino suministrar un mínimo aceptable por la mayoría, que haga posible la coexistencia de no nacionalistas y nacionalistas democráticos en el seno del mismo Estado, bajo un acuerdo que no vulnere las diferencias, pero que tampoco renuncie al proyecto común de convivencia.
Introducir en el debate político, de modo abierto y explícito, las soluciones del federalismo, bien contrastadas en política comparada y, al tiempo, un concepto no nacionalista de nación, hoy mayoritaria en la teoría política, quizás pueda contribuir a vincular definitivamente las dimensiones jurídico-constitucional y político-cultural del Estado.
España debe ser construida como una nación de naciones, en estricta coherencia con el federalismo plurinacional más arriba defendido, tanto en lo que atañe a la configuración de una gobernanza democrática multinivel, cuanto por razones de fundamentar los imprescindibles lazos de empatía y solidaridad entre los pueblos que el esfuerzo de igualdad y cohesión territorial del Estado de Bienestar requiere.
Reformular España como nación de naciones, con criterios éticamente defendibles desde las exigencias de la democracia, requiere – ni más ni menos que la construcción de las naciones andaluza, catalana, vasca o gallega – que el reconocimiento de lo propio y la diferencia cultural especifica se realice a partir de la lógica del pluralismo y la tolerancia, pero también de la participación y la deliberación de todos los que viven y trabajan en su territorio.
En este sentido resultan precisas, entre otras cosas, no solamente nuevos discursos y liderazgo político de asunción decidida de la plurinacionalidad, sino ámbitos institucionales y políticas públicas de aliento plurinacional, que completen las políticas de libertad e igualdad a que antes nos hemos referido: difusión de la realidad pluricultural, plurilingüística, de la diversidad simbólica, literaria e histórica de España desde los medios públicos de comunicación o desde instituciones como el Instituto Cervantes; apertura al plurilingüismo en los diferentes sistemas educativos, potenciación de intercambios escolares y universitarios intercomunitarios, difusión de manifestaciones culturales, artes escénicas y cinematográficas en las diversas lenguas, apoyos a las traducciones de las literaturas nacionales, pluralismo de selecciones deportivas etc. … todo un trabajo ingente para tejer una urdimbre de identidades compartidas y superpuestas, con valoraciones diversas para cada ciudadano y ciudadana del Estado.
En definitiva se grata de articular la consolidación de la pluralidad nacional de España como nueva identidad democrática (por vez primera hay símbolos integradores: los de las CC.AA.) que no excluye los sentimientos subjetivos de identidad y pertenencia de una parte importante de la ciudadanía a la idea de España como nación (a condición de que no reclamen la exclusividad), lo que ya se viene evidenciando en la existencia de partidos de ámbito estatal y subestatales como expresiones políticas de la superposición de sentimientos nacionales.
(*) Imagen de Cindy Sherman