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20D, elecciones catalanas segunda vuelta

Mario Ortega / La diferencia práctica entre el catalanismo independentista de Artur Mas y el españolismo hipercentralista de Rajoy, no reside como hemos visto en su amor compartido por las políticas de recortes sociales, ni por supuesto en su presuntuoso paralelismo del tres per cent, o más, ni en la virulencia con la que se ensañan y multan los números policiales o los mossos. No. La diferencia radica en que el segundo, Rajoy, dispone de la policía del Estado para, si, con orden judicial, rebuscar en las basuras de la corrupción catalana simbolizada por ex-virrey Pujol, y el segundo está disponiendo de Esquerra y de la CUP para alargar su agonía política y la de CDC.

Una mayoría parlamentaria independentista con una minoría de votos quiere declarar unilateralmente la república catalana independiente sin ser el dueño de todas las plantas de IKEA. Sin ser los Estados Unidos de América, que estos si que pueden reírse de la soberanía española en Rota, Morón y Palomares. O sin ser Suiza, Andorra o la Alemania de Merkel. Sin favorecer las condiciones políticas para alcanzar definitivamente un referéndum pactado.

Es conveniente hacer memoria para situar el debate actual sobre la cuestión catalana, que devendrá cuestión territorial en la reforma constitucional que ya es apremiante e imprescindible.

En la sentencia contra el estatuto de autonomía catalán de 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos y sujetos a la interpretación otros 27. Además el tribunal estimó que «carecen de eficacia jurídica» las referencias que se hacen en el preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña.

Es lo que expresa el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo: «el Tribunal Constitucional formalmente dicta una sentencia en 2010, pero materialmente esa sentencia es un golpe de Estado.»

Las lluvias de entonces acá, el 15M y el desvelamiento de lo que encadenaba el régimen del 78, el drama social de la desigualdad alimentado por la soberbia neoliberal del gobierno del PP, que es nacionalista español respecto de sus territorios ibéricos coloniales pero anti patriota con amnistías fiscales, amiguetes con poder y cuentas en Suiza, sumisiones al poder de EEUU, Emiratos Árabes o a la Alemania de Merkel, han abierto definitivamente el melón constitucional. Melón que estaba calado amargamente por la reforma del artículo 135 de la constitución e interpretado partidariamente por el propio constitucional en cuestiones clave para la convivencia.

En este contexto y en el que se avecina, es en el que debemos actuar políticamente las y los andaluces. las declaraciones de Susana Díaz con voz de mano dura apoyando incondicionalmente al gobierno de España son muy, pero que muy preocupantes para la sostenibilidad de los derechos que conseguimos en la calle el 4 de diciembre de 1977 y en las urnas el 28 de febrero de 1981.

Mientras se encona más y más el lío catalán, ese choque de trenes del que se habla metafóricamente, miro mis facturas granadinas de luz y agua y compruebo en la primera que el 25% son impuestos que me computan en Madrid y en la segunda que el 21 por ciento son impuestos que me computan en Barcelona. Si compro en una gran superficie pasa lo mismo, si utilizo una mensajería privada pasa lo mismo, si miro mi factura de teléfono pasa lo mismo, si miro el domicilio legal de mi entidad bancaria, pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo en la escala doméstica y en la escala productiva.

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Vaya vaya con las balanzas fiscales y el España nos roba, vaya vaya con las amenazas de impugnación presupuestaria de Montoro y las acusaciones de comunidad andaluza subvencionada, mientras las grandes empresas que mueven los grandes capitales tienen sus domicilios fiscales mayoritariamente en Madrid, otras cuantas en Barcelona y alguna por ahí, las menos.

Si el sentido de España es la unidad y cantar yo soy español cuando se gana al fútbol, entonces España no tiene sentido, menos para los andaluces. Si el sentido de España es la justicia, la igualdad, la democracia, el respeto a las nacionalidades y la culturas diversas, la garantía del derecho a la educación, la sanidad, el trabajo, la vivienda, las pensiones con dignidad y promoción de la felicidad de la gente, entonces tal vez tenga sentido pensar España.

Avanzamos irremediablemente a unas elecciones generales que serán segunda vuelta de las elecciones catalanas. En nuestras manos está mantener a los causantes del problema en el poder, cambiarlos por su sucedáneo nacido en Cataluña o cambiar de verdad para que en el marco de la reforma constitucional que se avecina segura tengan importancia relevante las voces de los derechos sociales, económicos y ambientales, y la voz soberana de Andalucía para que no se nos hurte ni nuestro pasado ni la posibilidad de construir plenamente nuestro futuro.

@marioortega

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