Nuestro actual Estatuto de Autonomía para Andalucía, votado por el pueblo andaluz el 18 de febrero de 2007, incluye en un importante precepto una relación de hasta 25 principios rectores de las políticas públicas y obliga a los poderes de la Comunidad Autónoma a su aplicación efectiva para conseguir que la proclamación formal del catálogo de derechos, libertades y deberes de la ciudadanía andaluza sea real y efectiva.
En realidad, los 25 principios rectores de las políticas públicas que establece el artículo 37 del Estatuto de Autonomía para Andalucía debieran constituir el auténtico programa político e institucional para los 109 andaluces que resulten elegido/as como miembros del Parlamento Andaluz de la legislatura 2012-2016.
Asuntos como la prestación de unos servicios públicos de calidad; el fomento de la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; o la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida, conforman las primeras indicaciones de este importante catálogo de principios de actuación.
Por otro lado, se obliga a los poderes públicos a impulsar actuaciones para lograr la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto; y la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
Establece también un importante bloque de principios sobre cuestiones laborales como la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal; la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes; el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo; la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, o el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales.
Se apuesta claramente también en este conjunto de principios todo lo relacionado con el impulso del desarrollo económico de nuestra tierra como objetivos tan importantes como el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas; el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, como elementos económicos estratégicos de Andalucía, o el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas.
La apuesta por un modelo de respeto hacia los valores ambientales de Andalucía tiene también bastante relevancia entre los 25 principios de actuación. Así, figuran objetivos políticos tan esenciales como el respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire; el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética la conservación; la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario; o el uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.
El objetivo de profundización democrática y respeto e integración de la diversidad cultural es también parte integrante de este programa que desarrolla el Estatuto de Autonomía: el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo; el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural; la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales.
Son suficientes e importantes cuestiones que los partidos políticos que aspiran a tener representación en el Parlamento de Andalucía tras las novenas elecciones andaluzas, que tendrán lugar el 25 de marzo, debieran comprometer a nuestros futuros representantes a plantear como medidas legislativas y planes de actuación para los distintos departamentos de la administración autonómica.
En realidad, ese catálogo de 25 principios rectores constituyen el contenido de nuestro propio Estado Social para Andalucía. El próximo 25 de marzo los andaluces tenemos la palabra.
Dicen los civilistas que los contratos están para incumplirlos, sino de que vivirían ellos, pero bromas a parte, lo cierto es que yo creo que en su ánimo está cumplir lo dispuesto, pero el problema es la financiación, el vil metal, que si se dedica a ERES y otras cuestiones más «Folcloricas», pues lo mismo llegaba para poco a poco ir cumpliendo los compromisos, estatutarios o programáticos.
Sí, Angel, el canto de sirenas resulta bellísimo; pero lo de que los elegidos para la gloria parlamentaria sean 109 y no 115 o 125 ¿es por alguna suerte de disposición revelada o simplemente se trata de metafísica aplicada al arte de hacer política?
Tranquilo, ya verás como esa arbitrariedad, entre otras, para anular o silenciar la representación de las minorías, el pueblo hará que se les vuelva como un martillo pilón sobre su jeta VIP de cemento armado y corrupción institucionalizada…