Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
JAVIER PÉREZ ROYO (El País 21/10/2011)
En la historia de España no ha habido ninguna rebelión popular contra un Gobierno establecido que haya sido capaz de imponerse y traducirse posteriormente en norma jurídica. Eso es lo que aportó el proceso de constitución de Andalucía como comunidad autónoma mediante el artículo 151 de la Constitución. Hubo un primer momento de rebelión contra el intento del Gobierno de la nación de que únicamente los territorios que habían plebiscitado Estatutos de Autonomía durante la II República se constituyeran en comunidades autónomas por esa vía y ese momento de rebelión se expresó en el resultado del referéndum del 28-F de 1980.
Si solamente hubiera habido ese momento de rebelión, el 28-F no habría acabado siendo el 28-F que todos los andaluces celebramos como fiesta de nuestra comunidad autónoma. Ese momento de rebelión fue importante y se convirtió en lo que es, porque después vino el 20 de octubre de 1981 y se consiguió convertir la energía del 28-F en ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía. Sin el 28-F de 1980, no hubiéramos tenido 20-O de 1981. Pero, sin el 20-O de 1981, el 28-F de 1980 hubiera sido una nota a pie de página en los libros de historia.
Esto merece ser recordado. El 20-O de 1981, Andalucía empezó a existir como unidad política en España. La unidad política de Andalucía es un resultado del ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía. Sin el ejercicio de dicho derecho Andalucía estaría tan desarticulada internamente como lo había estado a lo largo de toda la historia de España.
Ha sido, además, el ejercicio de un derecho que se ha prolongado durante 30 años sin interrupción. Y en el que se han conseguido muchas cosas. La más decisiva que la comunidad autónoma se haya convertido en el punto de referencia más importante para la vida cotidiana de los andaluces. A los alumnos les suelo decir que, si reflexionan sobre lo que han sido sus vidas hasta el momento de haber iniciado sus estudios universitarios, advertirán que para ellos el Estado, lo que tradicionalmente se ha considerado el Estado, ha sido la Junta de Andalucía. Nacieron en hospitales integrados en el Servicio Andaluz de Salud, se han educado en escuelas e institutos e inician sus estudios universitarios en universidades gestionadas por la comunidad autónoma, transitan por carreteras de titularidad andaluza y así sucesivamente. En 30 años, un poder artificial, creado prácticamente de la nada, se ha convertido en el punto de referencia más importante de la vida ciudadana.
El carácter del Estado español como un Estado social y democrático de derecho descansa no de manera exclusiva, pero sí de manera fundamental, en el ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía de las comunidades autónomas. Esto es lo que se institucionalizó en Andalucía con el referéndum del 20-O de 1981. Y como consecuencia de que ocurrió en Andalucía, acabó ocurriendo en todas las comunidades autónomas que se constituyeron por el artículo 143 de la Constitución.
Justamente por eso, la crisis económica está afectando con tanta intensidad al ejercicio del derecho a la autonomía. El componente del gasto social es muy superior en las comunidades autónomas que en el Estado. Son las comunidades autónomas las que gestionan la sanidad o la educación y las que tienen que tomar decisiones sobre la prestación de tales servicios. De ahí que el prestigio de la instancia autonómica de nuestra compleja fórmula de gobierno se esté resintiendo en estos últimos años de la forma en que lo está haciendo. Pero también nos sirve para recordar la importancia de la política, porque no en todas partes se están tomando las mismas decisiones.
