30 años de Parlamento de Andalucía

En estos días de febrero he iniciado en la Facultad de Derecho el desarrollo docente de una asignatura del Grado en Derecho denominada Instituciones Públicas de Andalucía. Reviso con el grupo de alumnos en este inicio del programa los fundamentos constitucionales del actual Estado de las Autonomías en general y, en particular, los hitos históricos más relevantes que ha protagonizado el pueblo andaluz en sus aspiraciones de autonomía política y jurídica. Uno de ellos tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, en 1919, en la que tuvo lugar uno de los hitos importantes de la construcción de la idea de Andalucía. En ese año se adoptó el Manifiesto Andalucista de Córdoba, que describe a Andalucía como realidad nacional, fórmula que precisamente recoge el actual Estatuto de Autonomía. Un año antes del cónclave cordobés se habían aprobado en la Asamblea de Ronda algunos de los símbolos de Andalucía: la bandera verde y blanca, y el escudo.

Unos años más tarde, en la II República se impulsó de nuevo la aspiración política de Andalucía con la constitución de las Juntas Liberalistas de Andalucía, con la decisiva participación de Blas Infante, que aprueban el himno de Andalucía y redactan un proyecto de Estatuto. Lamentablemente, la Guerra Civil y la dictadura franquista interrumpieron ese proceso para la autonomía política de Andalucía. En plena restauración democrática, la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 en las ocho provincias andaluzas, y el referéndum del 28 de febrero de 1980, vuelven a poner a Andalucía al nivel jurídico y político de Galicia, Euskadi y Cataluña, con plena autonomía acogida al artículo 151 de la Constitución de 1978.

Otro hito muy importante fueron las primeras elecciones andaluzas, celebradas el 23 de mayo de 1982, en las que se eligieron nuestros primeros representantes, el primer Parlamento de Andalucía, del que ahora se conmemora el 30 aniversario (al respecto, el Grupo Joly está publicando en estos días varios especiales monográficos realmente interesantes). Treinta años después, el 25 de marzo, los andaluces estamos convocados para elegir a un nuevo Parlamento de Andalucía (serán las novenas elecciones andaluzas), a 109 andaluzas y andaluces que tendrán la responsabilidad de variar el rumbo del desarrollo económico de Andalucía, espero que con una perspectiva de equilibrio medioambiental y social.

Nos encontramos, pues, en el 93 aniversario de la Asamblea de Córdoba, en la que se definió Andalucía como realidad nacional, y quizá podemos constatar un escaso entusiasmo social y político por Andalucía. Las fuerzas políticas andaluzas miran más a Madrid que a las comarcas y municipios de Andalucía. Para fortalecer nuestra fuerza como pueblo, en Andalucía sería muy conveniente más riqueza y variedad democrática. La ciudadanía andaluza es mucho más participativa y esto ha de reflejarse también en los espacios políticos.

En nuestra tierra se han de poner en valor sus valores medio ambientales, como uno de sus elementos diferenciadores, y como uno de los contenidos esenciales de nuestro modelo de desarrollo económico y social.

Andalucía necesita una ciudadanía más formada y más consciente de nuestras propias posibilidades, más comprometida con el desarrollo democrático profundo de nuestro sistema institucional (recordemos la escasa participación electoral para el nuevo Estatuto de 2007), más exigente con el ejercicio de las altas responsabilidades de nuestros representantes parlamentarios, para que de verdad practiquemos el ejercicio democrático de manera permanente.

En cuanto a la organización de competencias, Andalucía tendría que caminar hacia el desarrollo del poder local, con más competencias y recursos para nuestros ayuntamientos, y menos poder centralizado en las instituciones autonómicas. La razón es clara: es la administración más cercana al ciudadano y la que atiende en primera instancia cada vez más problemas.

Y respecto al Estado, Andalucía es la comunidad autónoma más poblada, con el 18% del total de la población del conjunto del Estado, razón objetiva para ser grande también en la definición de las grandes políticas nacionales. Ha de ejercer esta mayoría en población también en el sistema institucional. Es la comunidad autónoma que aporta más representantes en la conformación de la soberanía nacional. Tras las elecciones generales del 20N de 2011, contamos con 60 representantes en el Congreso de los Diputados (33 de PP, 25 de PSOE, y 2 de IU), que tendrían que hablar de Andalucía con mayúsculas en Madrid, para poner nuestras necesidades y nuestras aspiraciones en la agenda del Estado. Falta nos hace.