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Esa es la trágica cifra de ciudadanos andaluces desempleados en el pasado mes de octubre (casi la cuarta parte del paro nacional), según los registros del Servicio Andaluz de Empleo. Es sin duda el más grave problema que afecta a la sociedad andaluza. Este reciente dato se suma a otro de hace unos días, pues, según el Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre de 2010 la Encuesta de la Población Activa arrojó para Andalucía  una tasa de paro cercana al 29%.

Con esos datos, y al margen de intentos de acuerdos sociales más o menos amplios con escasos e inciertos resultados (los sucesivos acuerdos de concertación con sindicatos y empresarios), el Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía popular andaluza, debería asumir la responsabilidad central en este asunto, y aprobar un plan especial y urgente para la reactivación de la generación de empleo en nuestra tierra.

 Nuestro Parlamento Andaluz debería aprobar una transferencia presupuestaria especial a los municipios andaluces para la contratación directa de desempleado/as, para la realización de obras de interés general relacionadas con la gestión medioambiental, el mantenimiento de espacios urbanos, etc. Los contratos habrían de ser al menos de un año (para que se generen las correspondientes prestaciones), y se habrían de distribuir en función de los datos de paro de cada municipio y deberían ser beneficiarios sobre todo los desempleados con menos cualificación profesional, los más castigados por el incremento espectacular del desempleo, los que no llegan a final de mes, los que no tienen para pagar la hipoteca y los suministros básicos, los que acuden a los servicios sociales para demandar ayudas de emergencia. Sí, esto ya está ocurriendo en nuestra tierra.

Se deberían reordenar las políticas de formación y orientación a desempleado/as de Andalucía, priorizando tan sólo las acciones formativas realmente demandadas por el mercado de trabajo, reduciendo las acciones genéricas de orientación, y apostando decisivamente por la contratación directa de los desempleado/as por parte de las entidades locales para esas obras y servicios de interés general, en el sentido señalado anteriormente.

Asimismo, se tendría que apostar políticamente por el incremento importante de acciones formativas para desempleado/as que sean remuneradas y con alta en seguridad social, como los actuales talleres de empleo, una herramienta que se hace necesaria en estos tiempos de grave quiebra del empleo.

Desde el punto de vista institucional, el Parlamento de Andalucía debería ser audaz, actuar autónomamente, y asumir el compromiso político de transferir en breve las políticas de empleo a los Ayuntamientos andaluces, que constituyen la administración que está permanentemente en contacto con la lacra social que es ya el desempleo en Andalucía. Al igual que ocurriera en su momento con los servicios sociales, ha llegado ya el momento de que la Administración Local de Andalucía se haga responsable de desarrollar las políticas públicas de fomento del empleo y de atención directa a la población que sufre las consecuencias sociales del desempleo, el mayor y más grave problema que sufre la ciudadanía andaluza. La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, abre ya esa posibilidad en el nuevo elenco de competencias.

Pero todas estas acciones públicas directas, que serían de urgencia para paliar graves problemáticas familiares y sociales, no serían sostenibles sin compromiso claro del tejido empresarial andaluz,  que tendría que esforzarse en nuevas inversiones industriales, en acciones de atracción hacia Andalucía para la implantación de nuevos centros de producción y/o investigación. Es hora de que Andalucía empiece a ser destino no sólo turístico, sino también de inversiones industriales que generen otras actividades económicas derivadas.

Andalucía es una tierra bien comunicada, con recursos suficientes para generar confianza para grupos de inversión que estén dispuestos a iniciar actividades sostenibles en el tiempo y respetuosas con nuestro entorno, que den oportunidades de empleo a los recursos humanos formados en nuestras universidades y nuestros centros de formación profesional. En este camino, también puede y debe ser esencial el papel de los Ayuntamientos, con la coordinación superior de la Junta de Andalucía.

Ángel B. Gómez Puerto (Córdoba).