Aprobada la Ley de “destrucción” de la Administración Pública andaluza: la batalla continua.

El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley por el que se reestructura el sector público andaluz, con los fotos favorables del PSOE, la abstención de IU y los votos en contra del PP. Escasas semanas atrás el Parlamento de Galicia había aprobado la ley 16/2010 de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, con los votos a favor del PP y la oposición del PSOE. Ambas leyes comparten la misma filosofía: adelgazar sin freno la Administración sometida al derecho administrativo mediante la creación de agencias que son una especie de puente entre ésta y las empresas públicas. Las agencias, en las que predomina el sometimiento al derecho privado, reciben personal, financiación y competencias tanto desde la Administración general como desde las empresas públicas, proporcionando un status en la práctica similar al funcionario y al laboral de la Administración que al contratado laboral de la empresa pública, al tiempo que se difuminan los controles administrativos sobre la gestión del gasto y sobre la contratación de personal, justo en estos momentos caracterizados por el paro y la corrupción generalizada en las Administraciones gobernadas tanto por el PP como por el PSOE.

La primera reflexión es obligada: tanto el PP como el PSOE defienden el mismo modelo donde gobiernan y utilizan los mismos argumentos demagógicos donde ejercen la oposición. Como muestra las hilarantes, si no fuera por el enorme descreimiento sobre la política y los políticos que generan, declaraciones del portavoz del área Institucional del Grupo Parlamentario Socialista gallego, José Manuel Lage, en el Correo gallego, que rechaza la ley del sector público gallego porque «creará más chiringuitos», porque “se trata de una oportunidad perdida para ordenar la Administración” y porque “provocará más duplicidades dentro de la Administración”. El del diputado socialista considera que esta ley «abre la posibilidad de enchufar gente por la puerta de atrás de la Administración», saltándose la Ley de Función Pública e «incrementa la administración paralela». Justamente las mismas críticas, y con idénticos términos, que recibe en Andalucía la Ley aprobada ayer por el Parlamento. Ambas críticas son ciertas, lo que es inadmisible es que el PP y el PSOE aprueben ese tipo de “reformas” donde gobiernan.

En segundo lugar, parece imprescindible una acción urgente para garantizar el Estado de Derecho, porque precisamente lo mas grave del modelo que se está generalizando en las distintas Administraciones es el enorme atentado que, de forma irreflexiva y con el silencio inexplicable de los expertos, amenaza al núcleo de la arquitectura constitucional. El Título III de la Constitución dedicado al Poder Ejecutivo se denomina “Del Gobierno y de la Administración” señalando de esta forma el carácter dual de este Poder. Las relaciones entre ambos niveles son muy importantes porque exigen combinar la dirección del Gobierno sobre la Administración con la exigencia de que ésta sirva con objetividad los intereses generales. Precisamente para hacer complementarias ambas exigencias es por lo que se dota a la Administración de un Derecho propio, el derecho Administrativo y a la parte de los trabajadores de la misma que se desenvuelven en este contexto jurídico de un status espacial (la condición de funcionarios) cuya estabilidad es el requisito de su independencia frente al Gobierno que debe dirigirla pero sin alterar la igualdad de derechos de todos los administrados. Al mismo tiempo el sistema administrativo instaura una serie de controles para evitar que los recursos públicos pueden ser utilizados para fines privados. Si el derecho administrativo se sustituye por derecho privado se rompe el equilibrio: la administración se subordina totalmente al gobierno, se difuminan los controles sobre los recursos públicos y por lo tanto la condición de funcionario deja de tener sentido. Es necesario una reforma de la Ley de Régimen Jurídico para garantizar un núcleo indisponible de la actividad administrativa que no pueda ser sometida al derecho privado.

En tercer lugar, la estrategia generalizada de adelgazamiento de la Administración pública y de fortalecimiento, como primer paso, del sector público regulado por el derecho privado está inserta en un proceso amplio de pérdida de derechos tanto laborales como sociales, territoriales y ambientales. La debilitación del núcleo duro de lo público forma parte del mismo proceso de desapoderamiento del trabajador, del ciudadano, de las Comunidades Autónomas y de la protección ambiental. Esta difuminación de las potestades públicas produce una consecuencia inmediata: la corrupción. La simultaneidad del escándalo de los ERE con la tramitación de esta Ley es la evidencia de la conexión lógica entre el proceso de destrucción de las garantías sobre lo público, que han interiorizado tanto el PSOE como el PP, y sus consecuencias de corrupción sin límite. Frente a ello solo hay una respuesta: la movilización ciudadana. De ahí la importancia de la movilización de los empleados públicos que por encima del sujeto político han valorado lo que objetivamente hace ese sujeto político.

Es tan importante lo que está en juego que la aprobación de la Ley no es mas que un episodio, como lo fueron las sucesivas aprobaciones de los decretos Leyes, en esta guerra entre la defensa de la Administración en general y Autonómica en particular y los que quieren privatizar lo público para poder utilizarlo en beneficio propio. Lo que marca la diferencia es que ya no es solo un conflicto laboral sino debe continuar como conflicto ciudadano en defensa del Estado de Derecho, de nuestra Autonomía y de la Democracia.