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Miles de funcionarios, así como diversas plataformas y sindicatos, han desafiado hoy al calor y se han echado a las calles de Sevilla para protestar por en contra de la Ley de Reordenación del Sector Público, en un acto en el que se esperaba una afluencia masiva de empleados públicos, cercana a los 30.000 asistentes. El lema elegido para la pancarta de cabecera de la manifestación, apoyada por una decena de sindicatos y plataformas de empleados públicos, fue El despilfarro, la corrupción y el enchufismo lo pagamos todos.
La manifestación fue convocada por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), la Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, la Asociación El Tercer Lado, la Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, además de por las organizaciones sindicales CSIF, USO-A, Ustea, Safja, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa), la Asociación Sindical Piensa Volens y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).
La nueva movilización demuestra el rechazo de los funcionarios a esta reforma y a la creación de agencias públicas empresariales aprobada por el Gobierno andaluz. Estos nuevos entes administrativos persiguen «una huida del derecho administrativo» en la Junta de Andalucía «para manejarla desde el partidismo», declaró el portavoz de los funcionarios.
Rafal Martínez, presidente de la Unión Autonómica de Sevilla de CSIF, ha asegurado que siguen protestando por una ley que es «un calco de los decretos anteriores». Además, también ha mostrado su desacuerdo por los nuevos estatutos y protocolos de integración que ha anunciado la Junta de Andalucía. «Llevamos a cabo estas protestas porque entendemos que es lesivo, tanto para los opositores como para los servicios públicos», ha apuntado Martínez.
«El hecho de que estemos en la calle es una manera de informar a los ciudadanos de que estamos protestando por algo que nos han impuesto de golpe y porrazo. Somos contrarios a esta ley y a todo lo que emane de ella. Nosotros hemos recurrido todo y tenemos fe en la justicia, somos optimistas en este aspecto. Sin embargo, la Administración desoye el clamor popular».
Por su parte, Rafael Rivero, responsable federal de USTEA, ha acusado a la Junta de «vaciar de contenido las consejerías y delegaciones» para pasar las competencias de las mismas a unas agencias públicas empresariales. «Esto para nosotros es una puerta abierta a la privatización del servicio público». «La respuesta dada por el funcionariado es muy importante y cumple nuestras expectativas, después de nueve meses de movilizaciones», añadió, y consideró que la movilización no sólo compete a los funcionarios, «sino a toda la sociedad andaluza».
La Junta dijo respetar la protesta de los trabajadores, pero por boca de la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, expresó su extrañeza porque la reforma aprobada «no toca derechos de los trabajadores», y en otros lugares que sí ocurre no se producen manifestaciones, informa Europa Press. «Donde gobierna el PP se han producido despidos, recortes o rebajas en los derechos de los funcionarios y no hay manifestaciones y aquí en Andalucía, que no se ha tocado ni un sólo derecho, se manifiestan a una semana de las elecciones municipales del 22 de mayo», dijo Moreno.
