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El Mundo. 24/06/2011.Circular en bicicleta por la ciudad puede ser un sano modo de transporte o una tortura. Depende mucho de las facilidades que la localidad conceda a la movilidad sobre las dos ruedas. En España, hay ejemplos de todo tipo. Algunas de las principales capitales han creado redes de carriles que facilitan el uso de la bicicleta. Y algunas, además, han implantado sistemas públicos de alquiler de bicicletas, lo que permite los ciudadanos tomar el vehículo en un punto y devolverlo en otro, lo que facilita los traslados cortos y las conexiones con otros tipos de transporte.
Ahora, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha realizado un análisis sobre esos sistemas públicos de alquiler en las grandes ciudades españolas, del que algunas urbes salen como grandes vencedoras y otras como las últimas de la fila.
Así, Sevilla y Barcelona son dos de las ciudades que más facilidades ofrecen a los usuarios, al poner a su disposición miles de bicicletas por un módico alquiler. Junto a ellas están algunas de las ciudadaes con más habitantes de España, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Gijón y A Coruña. Y otras ciudades que, aunque tienen una población más reducida, como Santander y San Sebastián, son dos paraísos para moverse sobre dos ruedas.
Por contra, Madrid es ‘el agujero negro’ de la bicicleta en España. Mientras el resto de grandes ciudades tienen un sistema municipal de alquiler de vehículos, en Madrid no existe algo así y, además, el Ayuntamiento presidido por Alberto Ruiz-Gallardón ha rechazado hacerlo por motivos de presupuesto y dando marcha atrás en las promesas que había realizado al respecto. Así, la capital del país es la única ciudad entre las cinco con más habitantes de España (Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza) que no tiene sistema público de alquiler de bicicletas.
Para la CECU, el alquiler público de bicicletas es «una medida muy positiva que busca incentivar una movilidad más sostenible en el entorno urbano a un precio económico y que ha sido acogida con gran aceptación por unos usuarios que, además, también se benefician de la posibilidad de realizar un ejercicio físico regular».
Diversidad de resultados
Los sistemas de alquiler que funcionan en España pueden depender directamente del ayuntamiento o de contratas. Básicamente, el sistema consiste en instalar varios puntos de aparcamiento de bicicletas por la ciudad a cuyo uso puede acceder cualquier usuario abonado. El ciclista toma la bici en un punto de la ciudad y la puede abandonar en un aparcamiento similar en otro lado de la localidad.
Puesto que se trata de fomentar su uso para traslados cortos que sustituyan al coche, normalmente se establece un periodo de tiempo no muy largo (generalmente media hora) en el que el uso de esas bicicletas entra dentro del precio del abono. A partir de ese periodo se comienzan a pagar tarifas extra en función del tiempo total de uso hasta un máximo de 24 horas.
En su análisis, CECU señala que Barcelona es la ciudad española con mayor implantación de este sistema al ofrecer un total de 6.000 bicicletas y 420 puestos de recogida o entrega. Sin embargo, Sevilla es la ciudad con mejor proporción de bicicletas por habitante, ya que, con 2.900 cuenta con una por cada 242 habitantes.
Por contra, entre las 10 grandes urbes analizadas por CECU, Córdoba es la que da un servicio más corto, pues tiene 35 bicicletas.
Sobre los precios, el informe señala que son equiparables a otros países. En España, los abonos oscilan entre la gratuidad total de Córdoba y Gijón, los 18 euros anuales de Valencia y los 30 euros por año de A Coruña. Siendo la ciudad gallega la más cara, el sistema sigue siendo asequible, pues no llega a los tres euros al mes.
En París, por ejemplo, el coste es de 29 euros, en Bruselas de 30 euros y en Washington D.C, 53 euros. Todos ellos por año.
Posibles abusos
El estudio de CECU defiende la oportunidad de estos servicios públicos de alquiler de bicicletas, pero señala también algunos puntos oscuros. Así, encuentra llamativa la disparidad de precios y condiciones de abono, pues sólo algunas ciudades ofrecen la posibilidad de hacerlo por meses, semanas o días.
Además, critica que los contratos en algunas ciudades incluyan cláusulas que considera «abusivas», como que el uso de teléfonos de pago 902 para avisar de incidencias o el cobro de multas de hasta 700 euros por daños causados a la bicicleta.
A pesar de estos problemas mejorables, CECU califica con buena nota la oportunidad de estos sistemas
