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Es una propuesta aprobada “por sorpresa”, en periodo “estival” y de forma “precipitada” y “opaca”. Esas son las razones por las que la asociación judicial minoritaria y progresista Jueces para la Democraciase opone a la reforma constitucional para limitar el déficit propuesta por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y pactada con el PP.
La asociación ha hecho público un comunicado esta mañana en la que admite que PSOE y PP “ostentan la legitimidad democrática” para sacar adelante esa modificación, pero aseguran que la urgencia con la que se ha pactado impide a los ciudadanos conocer “los motivos concretos” que la imponen, el texto completo de la propuesta “para su análisis” y las opciones alternativas que se pudieran presentar.
Los jueces progresistas recuerdan que “ni siquiera se ha respetado a las Cortes Generales como lugar de debate, imponiendo a las mimas el voto disciplinado a ciegas de las opciones”. “Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado, a espaldas de las propias organizaciones políticas, por algunas personas de la dirección de cada partido, se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras”, asegura la nota.
Después, la asociación plantea su posición política. Afirma que “la democracia debe reconquistar la economía” y que “la política debe reocupar sus espacios en las decisiones económicas”. “Las decisiones económicas aparecen nuevamente abocadas a un discurso de necesidad indiscutible. Nos cuentan, de nuevo, que los mercados exigen reformas que la población no puede discutir”, señala el comunicado.
La reforma constitucional, según Jueces para la Democracia, “no es una política económica a votar por la ciudadanía, sino elevar una determinada opción económica de corte neoliberal a definidora de nuestro marco permanente de convivencia”. La asociación insiste en que, con la modificación de la norma fundamental, “se pretende expulsar y marginar a legítimas opciones económicas del campo de juego” para contentar “exigencias mercantiles de quienes siguen apostando por campar a sus anchas en un descontrolado mercado de ganancias a ciegas e injustificadas”.
Por eso, la asociación judicial progresista, considera que la reforma banaliza “el valor y significado de la Constitución” y que se juegue con ella “a espaldas de la ciudadanía” para “imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica” que contente “los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos mercados”.
