Corredor mediterráneo: descentralización, actividad económica y medio ambiente

Los alcaldes de las once capitales implicadas en el proyecto del corredor ferroviario por el Mediterráneo se reunieron ayer en Castellón para exigir al Gobierno y a Europa que el eje costero tenga consideración de prioridad. Sin distinciones partidistas, los alcaldes consensuaron un decálogo para «impulsar, aglutinar y reforzar» la reivindicación conjunta de las capitales del arco mediterráneo con el fin de que el corredor ferroviario se incluya, como infraestructura prioritaria, en la revisión de la Red Central Transeuropea de Transporte, un trámite que comenzará a mediados del mes de octubre.

La Comisión Europea hizo hecho público un documento con sus propuestas de inversión comunitaria en esta Red para el periodo 2014-2020 que recoge un amplio lote de medidas, en el que avanzaba una lista de los diez corredores ferroviarios que estructurarán la movilidad de viajeros y mercancías en el territorio comunitario en el siglo XXI. En este documento la Unión Europea ha previsto incluir el Corredor Mediterráneo entre sus prioridades de inversión para la futura pero lo ha dejado en la mitad, sin llegar a Murcia ni Andalucía.

El Corredor Mediterráneo debe enlazar el sur de Francia con la ciudad gaditana de Algeciras a través de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Murcia y de las provincias andaluzas de Almería, Granada y Málaga y que por lo tanto no se margine a las provincias andaluzas del litoral mediterráneo por cuanto es básica para su actividad económica la ejecución de esta infraestructura.

Toda la política de infraestructuras de transporte desarrollada en España ha tenido como  objetivo fundamental el fortalecimiento del centro peninsular con un claro objetivo político de fomento del centralismo “efectivo” para contrarrestar la dinámica descentralizadora del Estado de las Autonomía. Los datos son elocuentes: la inversión forzada en infraestructuras radiales a cargo del erario público el porcentaje de infraestructuras públicas destinado a Madrid ha pasado de 1964 al 2010 del 8% al 13,5%.

El transporte de mercancías por ferrocarril es la alternativa al transporte de mercancías por carreteras que genera el mayor porcentaje de C02 que se emite a la atmósfera en el estado español (la contaminación difusa) y que colapsa nuestras infraestructuras. Sin embargo el transporte de mercancías por ferrocarril se ha reducido en la pasada década del 7% al 4%, mientras que en Europa este porcentaje está en torno del 20% con los beneficios asociados, para distancias superiores a los 300 kilómetros -en distancias inferiores la carretera es imbatible- de ahorro de coste, reducción de congestión viaria y menor emisión de CO2.

Los territorios por el que debe transcurrir el Corredor Mediterráneo representan el 40 por ciento del producto interior bruto y la mitad de la producción agraria de España, así como el 55 por ciento de la producción industrial, el 70 por ciento del turismo y el 60 por ciento de las exportaciones. Cifras que permiten al corredor mediterráneo en el único que convertiría a la Península Ibérica en una gran plataforma logística intercontinental. Especial importancia tiene para toda la actividad andaluza agroalimentaria destinada a la exportación de nuestro Mediterráneo.

El Corredor Mediterránea hasta Algeciras es la infraestructura clave para reactivar nuestra actividad económica, corregir los excesos del centralismo y disminuir las emisiones de C02. Por ello exigimos a la Junta de Andalucía y al Gobierno del Estado que fuerce a la Comisión Europea a priorizar la construcción del corredor ferroviario mediterráneo en toda su extensión, desde el paso de la Junquera, en la frontera con Francia, hasta Algeciras y que el Ministerio de Fomento no excluya bajo ningún concepto a las provincias andaluzas del litoral oriental de los primeros tramos de las obras, que se llevarán a cabo en Cataluña y Comunidad Valenciana.

De conseguir este objetivo, se enmendaría la exclusión del corredor ferroviario mediterráneo en el anterior proceso de revisión, realizado en 2003, cuando el Gobierno de José María Aznar no solicitó su incorporación en la Red Transeuropea de Transporte.