No es economía, es ideología

 

Jorge Fabra Utray .Bartolomé Gironella- El País.22/09/2011.El 9 de mayo de 2010 la mayoría conservadora representada en la reunión del Ecofin impuso a España, bajo el argumento de la consolidación fiscal como vía para prevenir situaciones de insolvencia, una política fiscal restrictiva que en la coyuntura actual es procíclica y contractiva. Se puso la atención no sobre el nivel de deuda pública, que constituye la referencia real de la solvencia financiera de los Estados, sino sobre el saldo presupuestario, una variable anual bajo la gestión y el control de los Gobiernos y de los Parlamentos nacionales.

Aparentemente se trataba de mandar una señal de estabilidad financiera a los mercados con medidas que garantizaran la capacidad de pago de la deuda a sus vencimientos. De esta manera, las primas de riesgo financieras deberían disminuir. Pero los mercados han respondido a las políticas restrictivas del gasto público exigiendo mayores primas de riesgo, y no menores, como aparentemente se pretendía.

¿Se han equivocado los mercados o se han equivocado las políticas?

La respuesta es clara. Aquí no hay equivocación alguna. A la política de la Europa conservadora lo que le interesa es la disminución del papel de los Estados en la economía. Y a los mercados lo que les interesaría es la recuperación de la economía, de los negocios, es decir, de la demanda efectiva, porque esa es la vía que suministraría a sus deudores, públicos o privados, mayores ingresos y con ello mayores garantías de que podrán hacer frente a sus compromisos. Por consiguiente, ambos consiguen lo que persiguen: los primeros, de manera directa, el empequeñecimiento del Estado, la disminución de las prestaciones sociales; y los segundos, aunque de manera indirecta, también, a través del aumento de las primas de riesgo de la deuda que es la variable que resuelve la ecuación de sus intereses ante las políticas contractivas que debilitan la solvencia de sus deudores.

Quienes ahora, con la crisis, claman por la austeridad, no hacen otra cosa que hacer lo que siempre han hecho con crisis o sin crisis: clamar por la austeridad, no en su sentido ético sino en su proyección sobre el contenido y alcance del Estado de bienestar, que consideran excesivo. La crisis es su coartada, no su argumento.

No son los mercados ni tampoco los especuladores, por muy imperfectos que sean los unos y por mucha información privilegiada que posean los otros, los culpables de la crisis, de su profundidad ni de su duración. Los culpables son las políticas que persiguen objetivos ocultos para la ciudadanía; la desregulación, que también es política; las señales confusas y equívocas de lasinstituciones financieras europeas y nacionales y de las agencias de calificación, que también son política. Es

la política que orienta los mercados la culpable de que las primas de riesgo alcancen niveles inasumibles, incluso, para las economías solventes en sus fundamentos económicos. Los mercados no hacen, al fin, más que responder a las señales que reciben.

Detrás de las decisiones del Eurogrupo los fundamentos técnicos son menores que los ideológicos. La realidad está siendo concluyente: los mercados no se han calmado y el Estado de bienestar se resiente. La realidad está refutando los principios y las proposiciones declaradas que informan la política económica que emerge de las instituciones de la Unión.

Si la limitación del déficit público estructural se basara en una regla rígida, como por otra parte siempre sugirió el Partido Popular, las consecuencias serían desastrosas porque el Gobierno perdería la capacidad de gestión del saldo presupuestario con criterios anticíclicos, cuestión especialmente grave sin la autonomía de la política monetaria que está bajo la responsabilidad del BCE. Por otra parte, si se trata de diseñar una regla flexible, como parece querer ser reconducida la propuesta inicial de constitucionalizar el déficit cero, cabe preguntarse ¿qué es lo que realmente se quiere que no suministre ya el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus correlatos en la vigente legislación española?

Nadie duda de las ventajas de mantener políticas fiscales y monetarias estables que reduzcan la incertidumbre y faciliten la toma de decisiones por parte de los agentes. Por consiguiente, la cuestión no es esta. La cuestión sometida a debate es si esa política debe establecerse o no mediante una regla que limite los grados de libertad de que disponen el Gobierno y el Parlamento sobre la gestión del saldo presupuestario.

No se trata de enfrentar la austeridad al derroche, la estabilidad a la inestabilidad, como arteramente se pretende, sino de cómo se debe ser austero y estable. Si mediante la gestión inteligente y responsable o mediante la pérdida de libertad. Se trata de discernir cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una u otra opción y de comprender cuáles son sus implicaciones sobre el bienestar de los ciudadanos. Se trata de opciones políticas. Se trata de la política con mayúsculas.

Limitar la posibilidad de incurrir en déficits estructurales es coartar la posibilidad de que las Administraciones públicas, más allá de la actuación de los estabilizadores automáticos, confieran una orientación expansiva a la política fiscal en aquellas situaciones en las que el ciclo o la coyuntura lo aconsejen, siempre, claro está, que no se amenacen los niveles de una deuda sostenible. Es decir, supone la renuncia a la política fiscal como instrumento de política económica.

Pero no solo estamos ante una cuestión que afecte a la gestión del ciclo o de la coyuntura. Estamos también ante una cuestión de primer orden que afecta a la concepción del Estado: ¿queremos un Estado que sea un agente activo en la economía, tal y como establece el artículo 128 de la Constitución, o un Estado que se limite a la administración de sus gastos corrientes? Lo segundo sería la consecuencia ineludible de limitar, a través de la limitación del déficit estructural a valores cercanos a cero, la capacidad de endeudamiento del Estado. Su capacidad de inversión.

El debate de reglas frente a discreción no es nuevo y por tanto no es sorprendente que resurja en el marco de la crisis actual. La reforma puesta en marcha, no solo disminuye los grados de libertad de los que debe disponer un Gobierno democrático, es también una limitación al voto de los ciudadanos que quieran optar por propuestas políticas que promulguen una mayor presencia del Estado en la economía. La reforma anula, en definitiva, una de las razones que a muchos ciudadanos les conducía a introducir un voto socialdemócrata en las urnas. Por ello, lo que sí es sorprendente es que en España, país cuya estructura económica es particularmente procíclica y el Estado particularmente pequeño, sea un Gobierno que se reclama socialdemócrata el que haya decidido incluir el criterio de la estabilidad presupuestaria en la Constitución y su cuantificación en una Ley Orgánica.

El 9 de mayo de 2010 no solo se asestó un golpe al Estado de bienestar europeo. Fue también el día en el que las posiciones que nos llevaron a esta crisis triunfaron sobre el sentido común. La propuesta de la reforma constitucional del 23 de agosto lo ha confirmado. Esto no es economía. Esto es ideología.

Los economistas no deberíamos permanecer callados. Tenemos la obligación de decir estas cosas y las estamos diciendo aunque de manera aislada, con intervenciones puntuales y sin respaldo de institución alguna. Es el silencio de los Colegios de Economistas el que es clamoroso. Los Economistas Frente a la Crisis no podemos permanecer indiferentes. Por esta razón, quienes firmamos este artículo, encabezaremos una candidatura a las próximas elecciones del Colegio de Economistas de Madrid. Necesitamos abrir sus puertas de par en par, porque queremos impulsar en la sociedad la reflexión de los economistas y de todos los ciudadanos que quieran compartir el debate y las propuestas.