Exigiremos el desarrollo completo del Estatuto en todas sus posibilidades al mismo tiempo que denunciaremos toda discriminación en nuestro nivel competencial con respecto a las demás Comunidades Autónomas de la vía del 151, proponiendo las reformas estatutarias pertinentes. Queremos que se apruebe la ley orgánica para la delegación de competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir con participación de las Comunidades afectadas; los traspasos de efectivos y medios para la creación de la Policía Autonómica, la Inspección de Trabajo; los trenes de Cercanía, etc. y la consideración de Andalucía como frontera sur de Europa con competencias en aduanas e inmigración.
Es imprescindible regular, con rango constitucional, los principios generales que inspiren la financiación del Estado de las Autonomías, garantizando la igualdad, la solidaridad y la convergencia.
Es irrenunciable establecer en la Constitución, no solo la existencia de fondos de compensación o garantías de solidaridad, igualdad y cohesión, sino la obligatoriedad para el Gobierno Central de distribuir sus presupuestos según criterios de convergencia interna del Estado.
Las inversiones del Estado en Andalucía deben cuantificarse en proporción inversa a nuestra renta y directa sobre la tasa de paro . El FCI debe dotarse en la cuantía suficiente para cumplir con su función constitucional en la perspectiva de sustitución de los fondos estructurales europeos.