Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
José L.Lobo. El Confidencial.La maniobra pasó entonces inadvertida. Pero Rosa Díez y Gaspar Llamazares, que siempre han denunciado y combatido un sistema electoral que perjudica notablemente a formaciones como Unión, Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida (IU), dejaron colar una enmienda en la reforma de la Ley Electoral, aprobada el pasado mes de enero en el Congreso, para torpedear a los nuevos partidos y a los que no tienen representación parlamentaria, forzándoles a recoger avales como condición para poder concurrir a las urnas.
La enmienda en la proposición de ley para la reforma del Régimen Electoral General (LOREG) dice textualmente: «Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones, necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección».
En román paladino: que los 88 partidos que presentaron listas en las últimas elecciones generales -las de 2008- y no obtuvieron ningún escaño deberán recoger ahora unas 35.000 firmas -si aspiran a tener candidaturas en todo el territorio nacional- para estar en los comicios del próximo 20-N. Las únicas formaciones que no tendrán que superar ese escollo son las 10 que lograron al menos un diputado en la anterior cita con las urnas: PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria y Nafarroa Bai, además de UPyD e IU.
Al concluir su tramitación parlamentaria, tanto UPyD como IU votaron en contra de la nueva ley electoral, que fue finalmente aprobada con el apoyo del PSOE, PP, CiU y PNV. Sin embargo, Díez y Llamazares presentaron sendas enmiendas a la totalidad con sus correspondientes textos alternativos. Y ambos coincidieron en introducir la exigencia de avales para los partidos de nuevo cuño y los que carecen de presencia en Las Cortes. Según la formación de Rosa Díez, el que en su enmienda a la totalidad se mantuviera el texto que exigía los avales «fue un descuido». Llamazares, en su tuiter, ni siquiera da explicaciones a por qué se les ‘pasó’ ese párrafo.
Las dos enmiendas a la totalidad de IU y UPyD fueron rechazadas por una amplísima mayoría del Congreso. Pero, paradójicamente, las trabas que ambas formaciones habían tratado de imponer a los partidos minoritarios salieron adelante porque fueron incorporadas por el PSOE y el PP al texto final de la reforma electoral.
Un obstáculo casi insalvable
La exigencia de avales previos como condición sine qua non para presentarse a las elecciones del 20-N -y a las sucesivas convocatorias electorales- será un obstáculo casi insalvable para muchos partidos y coaliciones, lo que alterará el principio de libre competencia electoral y frenará el pluralismo político. Las formaciones que aspiren a competir en las urnas el próximo mes de noviembre no sólo tendrán que reunir miles de firmas, sino que deberán invertir entre 100.000 y 300.000 euros en la campaña de recogida -dependiendo del número de circunscripciones en las que se presenten-, una cantidad prohibitiva para muchas de ellas.
Pero las trabas no acaban ahí. Los partidos sin representación parlamentaria que quieran concurrir a las elecciones del 20-N sólo dispondrán de 20 días para la recogida de avales. El plazo empezó a correr el pasado 27 de septiembre, tras la publicación de la convocatoria electoral en el Boletín Oficial del Estado, y concluirá el próximo lunes. Una vez reunidas las firmas, éstas deberán ser presentadas ante un notario para que avale su autenticidad, y finalmente serán registradas en la Junta Electoral Central.
Nota de redacción:
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, se ha puesto en contacto con este diario para manifestar lo siguiente:
«La iniciativa de reforma que contiene la exigencia de avales es de sus firmantes PP, PSOE y nacionalistas. La posición de los no firmantes, ente los que se encuentra IU, fue contraria a la totalidad y a sus artículos y títulos, incluido el de los avales. Por último, el texto alternativo incorpora nuestra prioridad de la proporcionalidad, dejando el resto del texto original por razones operativas en grupos pequeños que no podemos elaborar en ese plazo una ley orgánica. Por tanto, ni hemos urdido avales ni hemos conspirado para nada
