20N, Constitución y Estado Social.

El próximo 6 de diciembre se cumplirán 33 de la ratificación por el pueblo español de nuestra actual Constitución. Pero unos días antes, el 20 de noviembre, tenemos una cita con la urnas más importante de lo que nos podemos imaginar. En estos tiempos de colapso económico y destrucción masiva de empleo, que ha justificado incluso una reforma constitucional demasiado urgente, y parece incluso que fundamenta cualquier tipo de medidas políticas para generar lo que ahora se denomina “confianza para los mercados”, con el anhelo de la que la situación pueda mejorar. Pero, en esta problemática situación, debemos estar muy atentos con algunas de las medidas que se empiezan adoptar con ese objetivo.

 Dichas esas palabras iniciales, y sin irme del tema principal del título de esta reflexión, quiero traer aquí algunas consideraciones generales de la ciencia jurídico-constitucional. Les suelo recordar a mis alumno/as de Derecho Constitucional que los contenidos de toda Constitución se agrupan en tres partes. La primera de ellas, denominada como “parte orgánica” recoge las disposiciones referentes a la organización institucional y territorial del poder político, es decir, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como todo lo referente a estructura unitaria o federal-regional (según los casos) de la organización territorial del Estado. Una segunda parte es la que se conoce como “parte dogmática”, de mucho más valor desde el punto de vista ideológico y conceptual, pues, comprende el conjunto de principios y valores que definen al  Estado, así como el catálogo de derechos, libertades y deberes de la ciudadanía.

Pero hay una tercera parte de la que muchos constitucionalistas no hablan, y es la que conocemos como “parte programática”, que la componen aquellos preceptos constitucionales que tienen como objetivo la transformación social y económica, es decir, el programa del Estado para conseguir una sociedad más justa, en la que la igualdad no sólo sea un principio formal (artículo 14 de nuestra Constitución), sino que sea real y efectiva para toda la ciudadanía, con acciones públicas que remuevan los obstáculos que impidan o dificulten que la igualdad en España sea real y efectiva (artículo 9.2 de la Constitución, la “cláusula social” de nuestra actual democracia).

 Esa parte programática es la esencia, el elemento central de lo que hoy conocemos como Estado Social, la forma más evolucionada del concepto y la teoría del Estado, que, como sabemos, empezó siendo Estado de Derecho (imperio de la ley, separación de poderes, y existencia de una declaración de derechos), que continuó evolucionando hacia el Estado Democrático (con la participación electoral universal de la ciudadanía para configurar las instituciones de representación y poder y con pluralismo político), y que alcanzó su grado de compromiso más importante con su evolución hacia el Estado Social, con la incorporación del mencionado objetivo social en el propio concepto de Estado. Pero, no olvidemos que el Estado Social implica la definición y aplicación de políticas públicas para amparar al débil, para hacer efectivos los derechos y libertades, y esto puede estar en juego en esta grave situación económica.

Pues todo eso es lo que nos jugamos el 20N. Debemos releer el Preámbulo, el Título Preliminar y el Título I de nuestra Constitución,  que contienen un gran programa democrático, social y medioambiental que tenemos que defender. No podemos consentir que para “generar la confianza del sistema económico”  veamos que nuestros derechos y servicios públicos esenciales  (a la educación, a la sanidad pública, al trabajo, a la protección por desempleo, al medio ambiente, a la vivienda, etc, etc), se dejan al margen. Esa es la clave, desde mi punto de vista, para decir el voto el día 20 de noviembre. Votemos, defendamos nuestra democracia, y los contenidos de nuestro Estado Social, que tanto sacrificio costó en el pasado conquistar.

Ángel B. Gómez Puerto (Córdoba).