Más Andalucía, más Europa, menos Estado

Nunca se ha hecho tan evidente como en esta fase de la crisis la inutilidad de los estados: demasiado pequeños para enfrentarse al poder global de la oligarquía financiera (en adelante “los mercados” para utilizar el mismo término que los medios de comunicación) y demasiado grandes para identificarse como la expresión democrática de la sociedad – comunidad.

Respondieron a la lógica del mercantilismo y se reconstruyeron para ser la expresión del capitalismo industrial democrático – liberal, reinventándose en el estado – nación, pero ahora son unos instrumentos institucionales que estorban más que ayudan: ni cumplen con las funciones del estado (monopolio de la soberanía) ni cumplen con las funciones de la nación (comunidad democrática de la ciudadanía).

Esta crisis, cuyo origen se encuentra en la inviabilidad del actual sistema de crecimiento y desigualdad, ha desencadenado múltiples desequilibrios y como no podía ser de otro modo una encarnizada lucha de poder para dirigir su rumbo que en estos momentos se resumen en la guerra abierta entre los “mercados” contra los poderes públicos cuyos contrincantes emblemáticos, en esta fase, son Goldman Sarch y la Unión Europea.

Goldman Sarch (ver un reciente artículo de Charo Soria en P36) es la punta de lanza de una nueva conexión privada – pública que carece de cualquier tipo de escrúpulos sobre la vida de las personas. Ya en 1991 crearon un nuevo instrumento especulativo, un índice de 18 productos básicos –del trigo, el cacao, el cerdo, el arroz o el café, al cobre y al petróleo– para que los brokers pudieran también jugar en lo que hasta entonces era un mercado especializado. El Goldman Sachs Commodity Index es el principal producto de la ingeniería financiera con la que los tiburones de Wall Street transformaron los mercados de futuros de las materias primas en una ruleta bursátil, con la que seguir enriqueciéndose, tras el pinchazo de la burbuja de las puntocom en 2000-2001 y ha sido uno de los principales motivos de las hambrunas globales que han provocado que cinco millones de niños mueran por malnutrición cada año en el Tercer Mundo.

La Unión Europea tiene muchos problemas. Uno de ellos es desde luego su déficit democrático y otro es la infiltración de los peones de los “mercados” (y de Goldman Sachs, en particular) en sus centros de poder que son aun más vulnerables a esta infiltración precisamente por la falta de control democrático. Pero, a pesar de todo, es la única estructura político – institucional con la dimensión y el poder suficiente para frenar la amenaza del totalitarismo financiero, como lo demuestra, por ejemplo, un hecho que ha pasado sospechosamente desapercibido y que se ha intentado ocultar bajo la capa de una decisión “técnica”: el que haya logrado obligar al sistema bancario mundial (sobre todo de Wall Street y la City) para aceptar un «voluntario» descuento del 50% de la deuda griega.

Andalucía, la comunidad que tiene mas paro de todos los territorios continentales de la Unión Europea, tiene que, en crisis, volver a creer en si misma y liderar un nuevo modelo sobre su posición en las estructuras institucionales donde está inserta (Comunidad – Estado – UE), que se caracterizan porque, en la práctica, comparten formalmente la soberanía que, a su vez, está, operativamente amenazada por los “mercados” y su dictadura. Los andalucistas proponemos: Más Andalucía, más Europa y menos Estado.

El Estado debe someterse a un doble proceso de reducción de su estructura y de federalización (igualdad y equidad) en sus reglas de funcionamiento. El nuevo gobierno debe reducir sustancialmente el número de sus ministerios (con cinco serían más que suficiente) y suprimir las diputaciones como elementos inútiles funcionalmente e invasivos políticamente de los territorios de las Comunidades Autónomas, justamente al contrario de lo que propone UpyD (que es la avanzadilla de la extrema derecha, como Raúl Solís acaba también de poner de manifiesto en otro artículo publicado hoy mismo en P36),

¿Qué sentido tiene que los fondos europeos destinados a regiones objetivo 1, tan necesarios en estos momentos para Andalucía, sean manipulados por el estado y desviados a la Madrid como “capital de España”?. ¿Qué sentido tiene que el estado mire para otro lado en el cálculo del cupo vasco o que no pare en seco las aspiraciones de la derecha nacionalista catalana de tener una financiación privilegiada aun siendo evidente el problema de paro que hay en Andalucía?. ¿Qué sentido tiene que el gran instrumento constitucional (artículo 158.2) para la cohesión territorial, el Fondo de Compensación Interterritorial, haya devenido en un fondo residual?.

Incluso, ¿para qué sirve ahora una monarquía del estado cuya financiación es cara y opaca y que empieza a estar cercada por la corrupción?. El hecho de que el juez que investiga los negocios del Instituto Nóos con la Generalitat valenciana y el Govern balear haya señalado a Iñaki Urdangarin y su socio y sucesor al frente de la asociación, Diego Torres, como artífices de una trama empresarial destinada a «apoderarse» de 5,8 millones de euros de fondos públicos que, entre 2004 y 2007, el Instituto Nóos recibió de la Generalitat de Francisco Camps y del Govern balear, no puede interpretarse como algo coyuntural sino como un signo de la crisis en que ha entrado esta institución.

En definitiva, las políticas que actualmente condicionan la imprescindible creación de empleo en Andalucía son las políticas de oferta y las de demanda. Las primeras son competencias sobre todo de la Junta de Andalucía que debe acometer con urgencia una reforma de nuestras estructuras productivas sobre la base de la autonomía energética, la territorialización de la economía, la innovación y la banca social y las políticas de demanda, fiscal y monetaria, deben estar en manos de la Unión Europea para poder contrarrestar con éxito la presión de los mercados. En este sentido, es prioritario la implicación del Banco Central Europeo en la deuda pública de los estados de la zona euro y una nueva política de ingresos basada en la tributación de las transacciones comerciales y en la desaparición de los paraísos fiscales para poder combatir el fraude fiscal. El Estado tiene que implicarse en el impùlso y la coordinación de un Plan de Empleo Prioritario para Andalucía si quiere seguir cumpliendo alguna función con Andalucía. Esperemos que Rajoy y el portavoz del PSOE y de IU se acuerden de que existe Andalucía en la sesión de investidura.