Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
AAVV.SinPermiso.El sarcasmo del ministro De Guindos -formado en Lehman Brothers- de que el copago en el que está pensando solo se aplicaría a las rentas superiores a los 100.000 euros anuales, ni siquiera merece ser tomado en consideración. No sólo por lo poco que frecuentan los privilegiados la sanidad publica, sino porque en tiempos de precariedad y Amnistías Fiscales deshonestas, es un insulto cualquier burla a la PROGRESIVIDAD fiscal. Este sano principio que es práctica común en las sociedades democráticas supone que paguen sus impuestos -y a tipos superiores- quienes más tienen. En el caso de España, no pasa por desmembrar el CO-REpago de los presupuestos generales, sino por una reforma fiscal GLOBAL que consiga, de manera efectiva, que las rentas más altas, los grandes patrimonios, las transacciones financieras especuladoras, el consumo de lujo, el combate contra el fraude, los fondos ocultos en centros off-shore, etc., aporten financiación a los servicios públicos.
Este enfoque es completamente distinto, pero mucho más equitativo, que “cobrar” una parte, o un ticket, o una tasa, por medicamentos o por acto médico: Y sobre todo, no se burla ni de la PROGRESIVIDAD fiscal ni acata los deseos expresados por la patronal española antes de las ultimas elecciones… Entonces era el Sr. Rosell quien exigía al nuevo gobierno copagos generalizados. Desde Dempeus per la Salud Pública ya habíamos advertido mucho antes que:
1) Cualquier medida como el RE-PAGO que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, en tanto suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal –o pone trabas a su acceso– a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga económica, inasumible en muchos casos. Se trata de incrementar una desigualdad fundamental desde la perspectiva de la equidad y existe bibliografía seria y significativa que recoge los estrepitosos fracasos para la salud pública de este tipo de medidas.
2) Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad. Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones, las personas con paro de larga duración que no perciben ingresos de ningún tipo, etc., incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.
3) La insuficiente recaudación fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a quienes, de hecho, menos tienen. Sin duda perjudica a las capas medias, pero mucho más a quienes más desprotegidos y solos se encuentran frente a la enfermedad. Por ello es especialmente sangrante cualquier burla sobre una “progresividad” no sólo inexistente. sino indeseada por CiU y el PP, como han demostrado sobradamente.
4) Tal como se propone desde Dempeus per la salut pública, son unos ingresos fiscales suficientes los que deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo. Conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad, mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que -por lo que a financiación del sistema y remuneración de sus profesionales se refiere- estamos muy por debajo de la media europea.
5) La propuesta de repago se complementa con la propaganda desde instancias públicas a que contratemos los servicios de mutuas privadas. Este es abiertamente el camino de la privatización y subsidiariedad servil del sector público al pivado, con el agravamente de que si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, se produciría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado. Es la amenaza de volver a los tiempos oscuros de la beneficiencia sanitaria para la mayoría.
6) El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población. Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.
7) Los argumentos de promoción del copago incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan (culpabilizan) a las personas y no a las autoridades políticas y sanitarias de las deficiencias existentes, exonerando por el contrario a los auténticos vividores y sanguijuelas de la sanidad pública, de los desvíos de fondos y corrupción demostradas… Las opacidades del sistema sanitario no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos privados frente al bien común.
