Joan Carles March Cerdá.El País.24/04/2012. El real decreto ley que ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado no va a tener desperdicio, pero hoy, solamente leyendo el Capítulo 1 a los profesionales que nos dedicamos a la salud pública nos recorre una sacudida por el cuerpo, se nos eriza el cabello. Se ha producido un retorno al pasado de más de 30 años en los que llevábamos mejorando nuestros derechos sociales y nuestra tranquilidad. Hoy hemos vuelto al Seguro de Girón de Velasco. Hemos pasado de la titularidad que daba el derecho a la asistencia sanitaria ante cualquier enfermedad por nuestra condición de ciudadanos a otro sistema en el que el derecho a la asistencia sanitaria está relacionado con nuestra afiliación o no al sistema de la Seguridad Social. Es decir, con la condición de asegurado/a y/o beneficiario/a.
Esta nueva situación, realizada a espaldas del Consejo Interterritorial, es muy grave, porque muchas personas, por ejemplo los jóvenes de más de 26 años que no hayan tenido relación con el mundo laboral,que hoy son en España la mayor parte de nuestros jóvenes, parados y con pocas oportunidades de trabajar en el corto y medio plazo, ya no tienen derecho a la asistencia. Aquellos jóvenes que nuestro país está enviando al extranjero a buscarse la vida, tampoco tendrán derecho. Las personas en situación irregular a las que nuestro sistema daba cobertura como expresión de solidaridad e inteligencia, tampoco.Nuestro sistema nacional de salud ya no es el que preveían nuestras leyes ni el que hemos ido construyendo en estas décadas de democracia. Hoy es un sistema que no cubre a todos los españoles y que va dejando huecos de gente sin cobertura, va dejando gente sin médico y sin derecho a una intervención o a unas medicinas.
Lo que no está claro es cómo se pasa de un sistema financiado con impuestos a uno que ofrece servicios sólo a asegurados/beneficiarios. El Gobierno está haciendo una política que lo único que pretende es abrir espacios para los servicios privados de salud y las aseguradoras privadas. Se podrá ser atendido por el sistema nacional de salud (que habrá que cambiarle el nombre, por cierto) si se pertenece a la Seguridad Social o si se es declarado pobre, pero las situaciones intermedias quedan completamente fuera. Es una grave pérdida, que fractura el actual sistema intentando que las clases medias emigren al sector privado y dejen el sistema público solamente para los trabajadores, los pensionistas y los pobres. Por tanto, un sistema así, que no es “protegido” por el uso de las clases medias urbanas, es un sistema que irá deteriorándose progresivamente y acabará lúgubre y sin financiación suficiente ya que los que utilicen los servicios privados acabarán negándose a financiar con sus impuestos nuestro recién desmembrado sistema nacional de salud.
Creemos que los gastos en salud en España van a aumentar, porque sabemos que estos sistemas basados en aseguramiento mas un fuerte sector privado son mas caros y peores. Son menos eficaces para mejorar la salud de los ciudadanos, porque ya no son para ciudadanos, sino para “asegurados” y para los “clientes” que puedan pagárselo.
¿Está legitimado el Gobierno del PP para modificar las bases de nuestro sistema de salud sin haber llevado esta propuesta en su programa de gobierno? Nosotros consideramos que no. Sinceramente pensamos que es importante una reacción profesional y social que haga reflexionar a nuestros gobernantes para que no jueguen trágicamente con nuestra salud ni con uno de los logros sociales más importantes de nuestra sociedad democrática. Desde nuestro punto de vista no debería pasar su tramitación parlamentaria.
Luis Andrés López Fernández, Juan Ignacio Martínez Millán, Alberto Fernández Ajuria y Joan Carles March Cerdá son profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública.