Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Javier Durán García | Cuando hablamos de soberanía alimentaria no solemos tener en cuenta las fuertes implicaciones que este concepto tiene sobre la utilización de nuestro territorio. Si nos fijamos en la dialéctica ciudad-territorio, veremos que las ciudades -nuestro espacio vital- compiten directamente con el resto de nuestro territorio, que a grandes rasgos está formado por las áreas cultivables y las reservas forestales. El territorio es una fuente de recursos naturales y también es un componente fundamental de nuestra identidad como nación. Desde el ecologismo político tenemos la obligación de defender un modelo que permita un resultado sostenible para esta dialéctica.
Desafortunadamente, la experiencia nos lo dice, cuando un político adquiere responsabilidades de gobierno sobre algún área relacionada con la dialéctica territorio-ciudad suele ser ajeno al primer término de este binomio. Y lo es porque carece por completo de un modelo sostenible de ciudad. La izquierda nacionalista andaluza debe asumir un modelo de ciudad sostenible basado, entre otras, en las siguientes líneas de actuación:
Optimización del uso del suelo: hay que frenar, de una vez por todas, ese concepto de ocupación infinita de territorio en procesos como el que sigue: a) Zona verde privilegiada; b) Ocupación de la misma por pequeñas urbanizaciones de viviendas aisladas – las llamadas parcelas C-; C) Colmatación y destrucción del espacio privilegiado, ya sea natural -Ejemplo: los Lagos del Serrano, Chiclana- o de carácter agrícola -el Aljarafe sevillano o la Vega de Granada-; D) Legalización de la destrucción.
Evitar el modelo de ciudad dispersa -relacionada con el anterior-: donde, debido a su baja densidad, no es viable la instalación de servicios públicos de transporte. Asimismo, en estos núcleos de baja densidad se produce la concentración de servicios urbanos básicos a unas distancias no abarcables a pie ( o en bicicleta) que generan la necesidad de quemar gasolina hasta para las funciones más elementales. La ciudad dispersa -véase los Ángeles o La Costa del Sol-, una vez que se ha conurbado ocupa una extensión desproporcionada del territorio.
Además de limitar las posibilidades de avanzar en soberanía alimentaria, multiplican exponencialmente el gasto de combustible y dificulta el acercamiento de los servicios esenciales. Por otro, lado este modelo de ciudad dispersa nos pone a los pies de los caballos del estallido de la burbuja del petróleo que nadie ve ahora, pero está sin duda por venir. ¿Qué hará el habitante de la ciudad dispersa cuando el precio de la gasolina llegue a 5 euros? ¿Y a diez? Probablemente, estemos es un escenario donde gastemos más en llegar al puesto de trabajo que lo que ganamos en ellos.
El mismo escenario hará imposible importar todo tipo de productos, y entonces ¿qué? Por supuesto una de las soluciones pasa por la vía de las energías renovables. La otra pasa por la optimización de nuestros recursos. Hay que optar por ambas.
Bajando de lo territorial a lo urbano: tenemos que optar por modelos de densidad óptima -otro día hablaré del binomio compacidad-congestión-: es decir, optar por una ciudad compacta, que no congestionada. Cuando tengamos esta ciudad hay que tomar medidas, como los cinturones verdes -Ejemplo: Vitoria- para limitar el crecimiento extensivo de la misma. Este modelo será el que nos permitirá la viabilidad y eficacia de los transportes urbanos, prioridad absoluta para un modelo sostenible de ciudad, las redes de servicios básicos (sanidad, educación a distancias sostenibles de los ciudadanos) y los recorridos urbanos útiles en bicicleta al nivel de la media de la población.
La realidad de las parcelaciones ilegales nos dice que la ciudadanía no es consciente del efecto que producen tanto las figuras de planeamiento como su incumplimiento sobre el territorio. Cuando se redactan estas figuras es necesario concienciar a la ciudadanía para que las haga suyas.
Por tanto hay que promover no solo la participación ciudadana, sino dar un paso más hacia los referéndums locales para aprobación de los planes de ordenación territorial y urbana, regulados en Ley 4/2010, de 17 de marzo de consultas populares por vía de referéndum. Solo así se pone en manos de la ciudadanía- y no de los poderes económicos y/o políticos- la decisión sobre el territorio.
*Javier Durán García es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Sevilla y experto en urbanismo y sostenibilidad ambiental.
