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Lourdes Urbaneja. Profesora del departamento de sicología y sociología de la ULPGC.La Opinión de Tenerife. El Real Decreto Ley sobre educación del Partido Popular se enmarca, según el gobierno, en la necesidad «inexcusable» de la estabilidad presupuestaria derivada de la crisis económica que azota al país.
Bajo esta excusa, se esconde una de las principales trampas ideológicas del RD: el debilitamiento de las universidades públicas y su progresiva privatización, acorde con la política ultra neoliberal propia del gobierno actual.
Queda clara la trampa en el artículo 6, apartado 3, que señala lo siguiente: «Las Universidades, para mejor cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad podrán cooperar entre ellas, con Organismos Públicos de Investigación, con empresas y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o pertenecientes a otros países, mediante la creación de alianzas estratégicas que permitan desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o programas y proyectos de excelencia internacional».
En la actualidad, la cooperación con empresas en aras de la excelencia universitaria, es algo habitual en nuestras universidades. A través de las Fundaciones que éstas han establecido, se contemplan alianzas con grupos financieros y empresas multinacionales que bajo la denominación de Cátedras se han introducido en las universidades. Así Repsol, Santander, BBVA, Telefónica y la farmacéutica Novartis tienen sus propias Cátedras en universidades públicas.
Hasta ahora todo parecía normal, la excelencia es un valor de prestigio para las universidades y es necesario captar fondos para su implementación. Pero el actual decreto amplia el marco de colaboración con estas entidades privadas, permitiendo desarrollar conjuntamente la implantación de títulos universitarios de carácter oficial. Aquí habría que preguntarse quién decidirá sobre los contenidos de esos futuros títulos y qué orientación tendrán.
Entre los miembros de la comisión de sabios nombrada por el Ministro Wert que discutirá sobre el nuevo modelo universitario están, entre otros, Luis Garicano, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en opinión del economista Vicenç Navarro, esta Fundación es la voz de la banca y de la gran patronal; y Matías Rodríguez, quien en la actualidad ocupa la vicepresidencia segunda del Banco de Santander. Sobran las palabras.
Otra de las trampas está en la modificación que se hace en relación a los precios públicos de las matrículas. En aras del supuesto despilfarro que los estudiantes ocasionan en la actualidad a cuenta de un, ya desmentido por otros colegas, abandono escolar, se esconde una vez más la verdadera razón. Que las universidades públicas se conviertan, de hecho, en universidades privadas, a las que primordialmente podrá acceder una élite económica, aumentando la brecha de desigualdad a las que las políticas neoliberales están asociadas.
Por tanto, con este Decreto no estamos ante una descripción de la realidad, sino ante una construcción ideológica perfectamente diseñada por persuasivos defensores de que la crisis económica no deja otra salida que la planteada por ellos.
Ante esto, el rechazo al Decreto por parte de trece Consejos de Gobierno de diferentes universidades y la convocatoria a la huelga general del sector, representa por una parte, la defensa de la Educación y la Universidad pública. Por otra, la posibilidad que miles de jóvenes, muchos de ellos con becas, que posiblemente se les niegue a partir de ahora, puedan seguir formándose. Este país no puede perder su capital más importante, el capital cultural, que el Estado debe garantizar proporcionando los dispositivos necesarios para ello, entre los cuales un sistema educativo accesible a la mayor parte de la población es imprescindible.
En América Latina la década de los 80 conoció los efectos de estas políticas. El legado más nefasto del neoliberalismo fue la destrucción de la cohesión social en ese continente. La llamada «década perdida» para el desarrollo recuerda un poco el eslogan de los jóvenes españoles «sin futuro». En cualquier caso, siempre queda la esperanza de que podamos asistir a un cambio de época también en Europa.
