Salvemos Valdevaqueros

Antonio Piera | La noticia saltó a primer plano de la actualidad la semana pasada, cuando el martes 29 de mayo la Corporación Municipal de Tarifa aprobó el Plan Parcial SL1 con los votos a favor del PSOE, el PP y el PA, la abstención de ULT (Unión Liberal por Tarifa) y el voto en contra de IU. Podría resumirse así: junto a la playa de Valdevaqueros, uno de los últimos reductos costeros relativamente vírgenes que quedan en la provincia de Cádiz, el Ayuntamiento de Tarifa ha aprobado un plan que prevé la construcción de 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas, ocupando 700.000 metros cuadrados situados entre el Parque Natural del Estrecho y el de Los Alcornocales, con una edificabilidad de 84.000 metros cuadrados. 

Si no existieran Facebook y Twitter, posiblemente esta noticia hubiera pasado desapercibida, valorada como un despropósito más entre los muchos que nos acechan cada día desde los informativos. Pero un topic, exactamente #salvemosValdevaqueros, impulsado por la plataforma ciudadana del mismo nombre, se impuso por sorpresa en menos de doce horas de manera espontánea y fue el más reproducido en España por la red social, obteniendo esa efímera gloria a la que llaman trending topic. Algo puede cambiar en nuestro país cuando la sensibilidad medioambiental arrasa en las redes. 

El proyecto de enladrillar una de las pocas comarcas que hasta ahora se había librado de la especulación urbanística y la locura colectiva, de belleza agresiva e inhóspita por los fuertes vientos reinantes en la zona, paraíso de los amantes del windsurf, el kitesurf y los naturistas, resulta casi un paradigma de la chapuza nacional y, a la vez, un referente de ese pasado que emerge cuando bajan las aguas de la democracia en este país de picaresca, trampas y corrupciones. 

Los protagonistas 

–Juan Andrés Gil García, alcalde de Tarifa. ¿Qué decir de este feriante metido a empresario de hostelería primero y a político luego? Amoral, turbio, oportunista, los medios han llamado de todo menos bonito a este gerente de la discoteca Jaro experto en maniobras de todo tipo. En su trayectoria política, este nuevo Gil ha sido candidato por cuatro formaciones distintas, el Partido Andalucista, IU -de donde fue expulsado por trásfuga-, Tarifa Agrupación Independiente Popular (TAIP) y Partido Popular. Fue alcalde con IU, en 1999, y con TAIP, en 2003, y ahora lo es por el PP, además de Diputado provincial por Cádiz desde 2007 y secretario provincial de Pesca, Agricultura y Ganadería del PP. 

Concejal del Ayuntamiento de Tarifa desde el año 1991, casado, padre de tres hijos, cincuentón y vividor, en estos mares de atunes le aporta un nuevo sentido al adjetivo tunante. No hace tanto -para muestra, un botón-, fue capaz de introducir a dos amiguetes empresarios en una reunión celebrada en el Ministerio del Interior, afirmando en seguridad que eran concejales de su corporación. En esta reunión se trataron las reformas que debían acometerse en el recinto portuario para obtener la catalogación de Tarifa como puerto Schengen dentro de la Unión Europea y estaba presente el director general del área involucrada, Juan José Izarra. Gil se presentó en compañía de Luis Mora Díaz, director de Noráfrica Tours, y Fritz Schwenn, administrador de FRS Iberia, la compañía que dispone de una línea marítima entre Tarifa y Tánger. Tales eran sus ‘concejales’. El asunto fue denunciado por el Ministerio y se sigue investigando. 

Hace pocos años, la Cámara de Cuentas detectó «numerosas deficiencias» en el control interno del Ayuntamiento de Tarifa durante 2001, realizado pese a las maniobras “disuasorias” de la Corporación, que no aportó la documentación solicitada, incluyendo los libros de registro o de cuentas. Según sostiene el informe, «el Ayuntamiento de Tarifa no hizo frente a sus obligaciones de pago de cuotas a la Seguridad Social ni a las retenciones que obliga la Agencia Estatal de la Administración Tributaria», además de contabilizarse “derechos pendientes de cobro por importe de 17.569.396,18 de euros sin soporte documental y 192.654,87 euros por recibos de tributos sin identificación del tercero».

Recientemente, debido a las incompatibilida-des, Juan Andrés Gil García cambió la titularidad de su sociedad Somervista SL a nombre de su esposa, Carmen Criado, aunque sigue ostentando la propiedad de la empresa al cien por cien. Siendo profesionalmente agente del Banco de Santander, acaba de conceder por decreto a ese mismo Banco la gestión de los créditos del ICO (500.000 euros) para el pago a proveedores como liquidación de las deudas municipales. Amigo de sus amigos, todavía le están pidiendo que explique al detalle en qué se han invertido los 1.800 millones que pagó Red Eléctrica Española al Ayuntamiento en compensación por la instalación del cable submarino que conecta con Marruecos.

Imputado en el “caso Atlanterra” del año 2000 (claro precedente del actual Plan del Sector Litoral de Valdevaqueros), en el que la presencia de turbios movimientos especulativos, algunos supuestamente de capital gibraltareño, causaron que la Junta declarara buena parte del litoral tarifeño Parque Natural, no se le caen los anillos al alcalde a la hora de apoyarse en un Plan General de 1991 para enmarcar este nuevo proyecto. Un PGOU obsoleto pero que, anacrónicamente, continúa vigente con el beneplácito de la Junta de Andalucía ignorantes ambos estamentos oficiales, al parecer, del contenido de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) de 2010, que prohíbe la construcción de residenciales lejanos a los cascos urbanos. Valdevaqueros está a 13,6 kilómetros de la ciudad de Tarifa.

–Juan Muñoz Tamara, arquitecto sevillano, representante de la Junta de Compensación recién creada para la administración del Plan en tanto que gerente del Grupo GMT, propietario –al parecer- de la mayoría de los terrenos contemplados en este proyecto y ligado al Grupo Tarje, que ya protagonizara similares proyectos por la zona con resultados variopintos, como se detalla más adelante. Nadie conocía hasta hace bien poco quienes son los “más de 40 propietarios” que forman -según el alcalde Gil– la citada Junta, cuya composición real parece el secreto mejor guardado pese a que debió cumplir, como es pertinente, su periodo de información pública. Marido de la televisiva Ana Rosa Quintana y habitual, por ello, de las revistas de la prensa rosa.

Junto a su hermano y su familia poseen al menos el 60% del Grupo Tarje, compuesto por las sociedades Tarol S.A, Tarje S.A, Constructora Tres-Trar S.A, Tamal S.A, Tinol S.A y la promotora Chival S.L., que ya ha entregado 180.000 euros al Ayuntamiento de Vejer como aval para la construcción de 1300 plazas en 680 habitaciones en la Playa del Palmar, concretamente en un espacio natural conocido como Malcucaña. GESTION DE ACTIVOS EN TRANSICION (GAT) ha colaborado así mismo en el desarrollo de El Palmar Beach Eco-Resort en una parcela de 75.000 metros cuadrados, con una superficie edificable de 25.000 metros cuadrados y se encargará de buscar inversores para este complejo. El precio de la parcela asciende a 15,24 millones de euros. Actualmente, el proyecto de El Palmar que pretende construir dos apartoteles para más de 1.300 plazas, está paralizado por falta de financiación. Los mencionados aparecen también en varios asuntos de presunta corrupción urbanística como el de San Roque, Cádiz, donde el grupo levantó el macro complejo recreativo y residencial Sotogrande en 2006. 

Por su parte, Chival Promociones Inmobiliarias, acaba de anunciar que no ejecutará a corto plazo el proyecto inmobiliario de Valdevaqueros por falta de créditos que aporten la liquidez necesaria, aunque sí se van a volcar en obtener algún acuerdo que les permita abordar la construcción del hotel para 1.400 plazas contenido en el proyecto. Por otra parte, GMT busca comprador para un proyecto de eco-resort con 133 habitaciones y 144 villas ubicado en Vejer de la Frontera (Cádiz).

–La Plataforma Ciudadana, con una desbordada Noelia Jurado desenvolviéndose como portavoz a la fuerza –parece que los medios necesitamos nombres propios pese a una horizontalidad que defiende a rajatabla-, sostiene que “la zona afectada es Reserva de la Biosfera por la Unesco”. La plataforma está sorprendida y gratificada por el enorme movimiento de solidaridad que ha despertado su lucha en las redes sociales. La campaña  de apoyo lleva ya reunidas más de 60.000 firmas de apoyo y hay 17.838 ‘me gusta’ en su página de facebook. 

En declaraciones exclusivas a este medio, Noelia Jurado ha llamado la atención precisamente acerca de la falta de transparencia en la gestión del Proyecto, el oscurantismo acerca de la composición de la Junta de Compensación, el difícil acceso de los ciudadanos a los planos oficiales que maneja el Ayuntamiento o la inexistencia de los estudios pertinentes de Medio Ambiente o de Cultura que informen acerca de la zona y las repercusiones negativas de su urbanización.

Para Aitor Galán, biólogo, también miembro de la Plataforma afincado en Madrid, hay que “incidir sobre la maniobra que representan las últimas declaraciones del alcalde diciendo que no se va a tocar la playa. ¡Pues claro que no se toca la playa, faltaría más!, pero que no diga que construir plazas para más de 4.000 visitantes no la va a afectar porque eso no se lo cree nadie”. “¿Cómo se puede declarar espacio de libre construcción una zona afectada por el Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales?”, continúa, indignado. 

Los antecedentes

La especulación urbanística en la zona de Tarifa no es de ahora. La historia reciente de la comarca la componen un sinfín de casos en los que la corrupción interacciona con la más salvaje degradación del entorno natural. Hay varios ejemplos de los continuos intentos por urbanizar ese apreciado eje que corre paralelo a la costa y a la N-340, la carretera que marca el límite norte del Parque Natural del Estrecho.

El Ayuntamiento de Tarifa aprobó, en agosto de 2003, el Plan Parcial del Sector SL-3 Los Lances, en el que la promotora Edificarte, participada por Cajasol, proyectaba construir 792 viviendas y 1.804 plazas hoteleras. Entonces hubo alguna polémica -el PSA elevó la iniciativa al Parlamento de Andalucía-, aunque no se generaron tantas movilizaciones como ahora. Tras conseguir que el Ayuntamiento les aprobara el proyecto de urbanización en 2008, “les pilló la crisis”, como sentenció en su momento el alcalde Gil con cierto cinismo. La empresa quebró al año siguiente y entró en concurso de acreedores en 2011. 

El mismo Juan Muñoz, a quien algunos aluden como el marido de la peluquera, protagonizó una polémica similar hace un par de años con otro plan urbanístico en la playa semisalvaje de El Palmar situada en el término municipal de Vejer de la Frontera. Ese proyecto, también paralizado actualmente por la falta de financiación, suscitó en 2011 un movimiento de solidaridad ecológica sin precedentes defendido por el 15M mediante una acción de ocupación simbólica de la playa por parte de más de 800 personas convocadas bajo el lema TOMA LA PLAYA: LA CONQUISTA DE TRAFALGAR el pasado 15 de agosto.

En 2008, Ecologistas en acción presentó alegaciones contra otro proyecto tarifeño próximo a la aberración llamada Atlanterra, denominado Plan Parcial SA-1 “Cabo de Plata”, mediante el que se pretende la construcción de 1.035 de viviendas y 1.372 plazas hoteleras, urbanizando una superficie de 1.279.780 metros cuadrados, -promovida por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios, Atlanterra A.G. y Cortijo del Moro S.A- y denunció públicamente la intención de recalificar el Cortijo del Moro, acción promovida por la inmobiliaria Grupo Veintidós, con una superficie de seis millones de metros cuadrados, para construir otras 1.100 viviendas, 1.350 plazas hoteleras y dos campos de golf. Para acceder al documento completo, seguir este enlace.

En estas costas en las que abundan los tiburones, también Inversiones Kintamani SL, una empresa del Francisco Correa -el de la red Gürtel–, que cuenta en la actualidad con un capital social de 5,4 millones de euros, adquirió entre los años 2001 y 2003 seis fincas, que suman 14 Has., enclavadas en suelo rústico al noreste de Tarifa, previendo sin duda obtener su recalificación. Un año después de la adquisición de estos terrenos, se creaba el Parque Natural del Estrecho que incluía dentro de sus límites estas fincas, lo que impidió abordar allí ningún proyecto urbanístico.

La comarca 

En Tarifa, hermosa ciudad de 18.000 habitantes, la población sufre un desempleo brutal. Aseguran los defensores del proyecto, que los hay, que la tasa de paro ronda el 40 por ciento y que el desarrollo hotelero en Valdevaqueros supondría muchos nuevos empleos. En esta localidad hay, sin embargo, una importante bolsa de viviendas sin ocupar y de plazas de hotel por cubrir que contradicen la tesis de ‘a más oferta, mayor demanda’, por lo que parece notorio que la optimista previsión resultaría exagerada. Muchos defienden que la solución para combatir el desempleo no está en volver al ladrillo, al que califican de obsoleto “pan para hoy y hambre para mañana”, sino en la planificación y desarrollo del turismo específico de esta ventosa zona costera.

Lo que no es óbice para que Juan Andrés Gil, que ha hecho del ladrillo bandera y resulta experto en espejismos, prometa la solución del paro local ligada a la construcción del hotel previsto en el plan “que creará alrededor de 800 puestos de trabajo estables”, como gritó este lunes 4 de junio –día del Medio Ambiente- a sus fieles desde las puertas de la biblioteca, en la plaza ‘de la ranita’, mintiendo descaradamente. Cualquier experto que aplique un ratio coherente de puestos de servicio hotelero en relación a las plazas ofertadas y tenga en cuenta las alteraciones de temporada, podrá alcanzar la cifra de 107 empleados de promedio como máximo. Por cierto, la furgoneta municipal recorrió el pueblo megafonía en ristre para convocar a los vecinos mientras se distribuían folletos y se vigilaba que los comerciantes los pegaran en sus escaparates. Dos parejas de guardias civiles en los únicos accesos de la plaza evitaban la indeseable presencia de la oposición exigiendo y anotando la documentación de los sospechosos, en el más puro estilo franquista.

Sin embargo, en Tarifa sí que funcionan los pequeños hoteles, con tres o cuatro empleados, que dan solución al género de turistas más frecuente en la localidad, los entusiastas del viento y los deportes de riesgo ligados a su combinación con el mar. Por otra parte, dentro del casco urbano hay más de 400 viviendas que no consiguen comercializarse y mucho terreno por urbanizar. ¿Por qué no construir allí los hoteles y apartamentos proyectados? La destrucción de los recursos naturales, la contaminación del medio y el aniquilamiento del paisaje no traerá riqueza a la zona, sino solo enriquecimiento para los empresarios y sus procuradores junto a más pobreza y desolación para los autóctonos. Por eso no faltan quienes, haciendo gala de un sentido del humor envidiable, le han puesto un nuevo nombre al Plan sectorial. Le llaman Valdecuatreros. 

Casi la mitad de la superficie afectada por el plan, que ocuparía una extensión equivalente a la de 700 campos de fútbol juntos, está dentro del Parque Natural del Estrecho, cuyos suelos están considerados “sistema general de espacios libres”. En su conjunto, la comarca es zona de alto valor ecológico incluida en la Red Natura 2000 y catalogada como Reserva de la Biosfera por la Unesco y sus hábitats están protegidos por las normativas europeas. Nadie ha dicho hasta ahora que el espacio sobre el que pretende actuar el plan, está situado entre dos Parques Naturales, en lo que se llama zona de transición de parques. Como afirma Noelia Jurado: “una culebra no lleva un cartel que diga, ahora estoy en el parque y ahora no”. 

Los argumentos 

Para los partidarios del Plan, encabezados por el alcalde y el constructor, la actuación prevista será ejemplar: “No se toca la playa, no se toca el parque natural. Valdevaqueros será ejemplo de desarrollo sostenible en toda Europa”, manifestó el edil ante cientos de simpatizantes el día de la presentación del Plan mientras que, para Greenpeace, “el cordón dunar de Valdevaqueros es una de las últimas joyas vírgenes de España y se encuentra en una zona conocida mundialmente por su modelo turístico sostenible”, según manifiesta su portavoz eventual, Pilar Marcos, para la que “reavivar el ladrillazo no es modo de solucionar la crisis”. Para presenciar un debate entre los dos mencionados, organizado por la televisión oficial de la alcaldía, seguir este enlace.

El alcalde Gil García sigue, por su parte, asegurando que se trata de una actuación urbanística de carácter moderno, actual y en la línea de un “desarrollo blando e integrado en el medio físico”, mientras que, a su entender, “contempla una muy baja densidad de construcción, ya que de la superficie total solo podrán urbanizarse unos 84.000 metros cuadrados, que equivale a un 0,12 por ciento”. Además, prosigue, “el proyecto plantea construcciones de bajo y una planta en las viviendas y de bajo y dos alturas en las plazas hoteleras”, argumento al que añade a menudo el de la creación de puestos de trabajo. Una justificación que, para la organización ecologista EQUO, no es válida, ya que “ha sido precisamente el modelo desarrollista y del ladrillo lo que ha traído el colapso al sistema económico nacional”.

La Comisión Europea estudia en estos momentos una denuncia presentada por Verdemar- Ecologistas en Acción por posibles infracciones a la ‘Directiva Hábitats’ en el Parque Natural del Estrecho, concretamente en la playa de Los Lances y en la duna de Valdevaqueros. 

La política

Hay quien asegura que este “asunto Valdevaqueros” podría resaltar las contradicciones entre las dos formaciones asociadas para gobernar Andalucía, ante las posiciones contrapuestas manifestadas no solo por los ediles locales (los del PSOE apoyan el Plan, los de IU lo rechazan) sino incluso entre las consejerías del propio Gobierno andaluz afectadas por la controversia. Mientras, al menos inicialmente, para la delegada de Medio Ambiente en Cádiz, la socialista Silvia López, el proyecto “no merma los intereses naturales de ese paraje», la consejera de Fomento, Elena Cortés, de IU, ha asegurado que el mismo «nos retrotrae a la política que nos ha llevado a la situación actual», apoyándose en que el Plan General que desarrolla la urbanización de la comarca data de 1991. 

Para el consejero socialista de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, de quien depende en última instancia cuanto concierne a la ordenación del territorio, la aprobación provisional del Plan parcial no es más que “una fase más del procedimiento que tendrá su continuación en un estudio de detalle y otros elementos, a partir de los cuales el conjunto de las administraciones han de manifestar su punto de vista en relación al proyecto”, en lo que parecen ser unos sensatos balones fuera. La Administración autonómica, aseguró Planas recientemente, “va a ser muy rigurosa desde el punto de vista medioambiental con todos los expedientes, incluido éste”. 

Resulta increíble que, en plena crisis económica incrementada precisamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria, se sigan desarrollando proyectos diseñados hace dos décadas, que la misma Junta no haya rechazado de plano estas recalificaciones sobredimensionadas y claramente tóxicas pese a haber aprobado en 2010 la adaptación de este Plan General de Ordenación Urbana a la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y pese a que no se tuvieron en cuenta en el mismo los límites del crecimiento urbanístico que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que es un 40% máximo en relación con el suelo urbano actual. Tampoco para este proyecto se realizó ningún estudio de impacto ambiental, a pesar de afectar a espacios protegidos tanto por la legislación andaluza como por la comunitaria e internacional.

Al proyecto le resta ahora someterse a las alegaciones de ciudadanos o grupos interesados mientras la Junta, por su parte, deberá evaluar el plan de los promotores teniendo en cuenta asuntos tan dispares como el impacto paisajístico o las garantías para el complicado abastecimiento de agua en la zona. 

Las reacciones 

Una de las últimas voces que se han manifestado en contra del Proyecto ha sido la del Colegio de Geógrafos de Andalucía, que denuncia la existencia en la zona de un LIC (Lugar de Interés Comunitario) que podría variar la definición actual del criticado Plan Parcial SL-1.

Las asociaciones ecologistas locales, nacionales y transnacionales se han unido a la Plataforma y en breve se harán públicos los resultados prácticos de dicha unidad, en forma de declaración conjunta. No sería extraño que uno de los objetivos de esta Plataforma reiniciada pudiera ser echar abajo no tanto la promoción urbanística de Valdevaqueros sino el Plan General de Ordenación Urbana en conjunto. 

En Tarifa se ha desatado una operación de acoso y derribo contra los opositores a la ejecución del Plan de Valdevaqueros. Los miembros de la Unión Liberal de tarifa están vetados y, mientras televisiones de medio mundo entrevistan a los miembros de la Plataforma, la televisión de Tarifa no les ha concedido espacio alguno. Que una cosa es ser un servicio público sufragado con dinero público y otra, al parecer, estar al servicio de la Corporación local o de su alcalde.