Inmigrantes de pago

No se enteran, no quieren enterarse y no tienen ni idea. Eso es lo primero que se me ocurre decir sobre la política ¿? sanitaria del gobierno de Rajoy, en el que doña Ana Mato va a hacer buena a la de los huesecitos del puchero.

En un principio, era eso lo que pensaba: una gente inepta, que entiende la salud como un conjunto de prestaciones, manejado como un seguro privado, gracias a esa forma de entender la política que tanto gusta a ese liberal que se está cayendo de su propio apellido, por su incapacidad de entender la crisis.

Pero ahora resulta que creo que quien se está cayendo del guindo soy yo y esta manera de entender las políticas sanitarias responde a algo mucho más profundo, y más peligroso.

Una de las demostraciones más fehacientes de nuestra falta de calidad democrática es el hecho de que ciertos aspectos esenciales que no deberían discutirse, como la misión del estado en salud, educación y servicios sociales, son motivo de disputa y debate.

Si tiene sentido el concepto de estado, lo es como organización que ampara a quienes viven bajo el amparo de sus fronteras. El estado debe fomentar la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, que estos alcancen el máximo nivel de educación posible, sobre el que se sustente la convivencia y la verdadera libertad a la hora de ejercer el derecho al voto. Empeorar la educación, o no ampararla desde el estado conduce a la ignorancia, la violencia y a la debilidad de la democracia, porque no es solo en la libertad de voto sobre la que esta se asienta, sino en el desarrollo de la autonomía personal que genera la educación, y que hace que esa democracia pueda ejercerse en libertad plena.

Cualquier estado que se precie, debe cuidar a los más débiles de su sociedad. Entre ellos, sus mayores y sus discapacitados. Por eso debe apostar por dotarse de unos servicios sociales que den calidad a la vida de estas personas, muchos de los cuales son la viva memoria histórica del país, depositarios de una experiencia invalorable. Un signo de civilización de un pueblo, es sin duda el respeto a los ancianos de la tribu. Empeorar los servicios sociales, no apostar por ellos, quiere decir que ese estado que nos hemos dado solo estará a nuestro lado si le somos rentables, y nos conducirá a una eutanasia social en la que solo sobrevivirán los más fuertes, entendiendo como más fuerte el que tenga la billetera repleta

Y un estado también tiene que trabajar porque sus habitantes  disfruten de unas políticas de salud pública que garanticen el acceso a los más desfavorecidos y a los que tienen peor nivel de salud. Pero no únicamente por cuestiones de solidaridad, como ya he escrito más de una vez, sino porque fomentar las desigualdades empeora la salud de todos, ricos y pobres, y eleva de forma drástica la parte del presupuesto que hay que dedicar a este capítulo.

Para quien no se lo crea, busquen los porcentajes del PIB que dedican a salud. Un país de seguros privados y sanidad privada como Estados Unidos, destinó en 2010, según datos del Banco Mundial, el 17,9% de su PIB a sanidad (y encima, los republicanos clamando contra la reforma sanitaria de Obama, que coarta ese individualismo en el que creen, que es siempre a costa del estado). Un país de seguros privados con sanidad pública como Alemania, pone el 11,6% de su PIB, similar a Francia, que gasta el 11,9% y tiene un sistema parecido. El Reino Unido, con una fuerte apuesta por el sistema público y una potentísima e independiente agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, el 9,6% Y España, el 9,5%.

Ya se puede ver cuánto nos van a costar los presuntos ahorros en Sanidad, y a manos de quienes irá ese dinero. Porque quienes abogan por una sanidad pública de gestión privada, lo que pretenden es exprimir la teta del estado en beneficio de empresas, cuyo único interés es el del bolsillo de sus accionistas.

Si el camino al que nos dirigimos es hacia un modelo franco- alemán, con aseguradoras privadas que gestionan la sanidad pública, en el que se cobra a los inmigrantes ilegales y se hace copago, ese que ha defendido en televisión el presidente de Extremadura, , en breve plazo será unos veinte millones de euros más caro nuestro sistema sanitario español.  Y si alguien se pregunta quién pretende el Partido Popular que pague este desfase, ya pueden hacer esta cuenta: según el gobierno hay unos doscientos mil inmigrantes ilegales en España, a los que se pretende cobrar entre setecientos euros y mil quinientos euros al año, la cuenta que sale es entre catorce y veintiocho millones de euros. Una vez más, los más pobres.

Pretender que los emigrantes ilegales paguen para garantizar su salud, con el argumento aparentemente paliativo de que las urgencias les quedan garantizadas, no solo es injusto o insolidario. Es xenófobo, va contra las capas más indefensas de quienes habitan esta parte del mundo y hacen que prevalezca sobre la condición de ser humano, su pasaporte. Parece que toda su humanidad se acaba con los que ni siquiera han nacido. De los vivos, solo les interesan los ricos.

En España no se están tomando medidas contra la crisis, esto es mentira. Lo que están haciendo es preparar el asalto al estado por parte de quienes dicen amarlo tanto. Primero, la humillación a la población, despojándola de trabajo digno, de toda esperanza tras haberla culpabilizado de la crisis (ya se sabe, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades). Luego, la mantendrán ignorante y dejarán el campo abierto al populismo. Por cierto, lo único que sube en la última encuesta de intención de votos. Y es que detrás de los depredadores, siempre vienen los carroñeros.