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Raúl Solís | La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 21, prohíbe toda discriminación, “en especial por orientación sexual”, y vincula jurídicamente a los Veintisiete a construir espacios de dignidad para los seres humanos que habitan Europa. No obstante, los europeos LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) no viven bajo un espacio de libertades que garantice sus derechos fundamentales.
Son muchas las discriminaciones que padecen los europeos que tienen una orientación sexual o identidad de género no acorde al patrón cultural de la UE. Sólo cinco Estados juegan en la “Champions League” del respeto a las minorías sexuales: Bélgica, España, Portugal, Suecia y Holanda. No obstante, si los matrimonios de dos hombres o dos mujeres casados en su país de origen, donde el ordenamiento jurídico interno lo faculta, instalan su residencia en otro Estado de la UE, pueden dejan de ser matrimonio al cruzar las fronteras de su país.
Algo tan absurdo como que una pareja de mujeres casadas en Holanda dejan de estar casadas si fijan su residencia en Lituania. Más absurdo aún, si una de estas mujeres se va a Rumanía y se casa con un hombre puede ser bígama para las autoridades holandesas. En Rumanía, por el contrario, sólo constaría que está casada con un hombre rumano.
Siete países de la UE (Austria, España, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y Portugal) respetan la legalidad de los matrimonios celebrados en Estados donde sí es legal que dos mujeres o dos hombres se digan “sí quiero” ante el registro civil de su pueblo o ciudad. Es decir, reconocen los derechos intrínsecos a la institución matrimonial: derechos de sucesión, patrimoniales y el reconocimiento social y cultural a la convivencia.
Este grupo de siete, cantidad insuficiente para garantizar la libre circulación y de residencia por los 27 países que conforman la UE, es el fiel reflejo de que los derechos legalmente adquiridos en Portugal, Bélgica, España, Holanda o Suecia, consecuencia del amor, se quedan al otro lado de la aduana. Rumanía, Estonia y Bulgaria ya han dicho que no reconocerán a los residentes en sus países que quieran exportar el estatus de personas casadas.
Restricción a la libertad de circulación
Raúl Romeva, vicepresidente del Intergrupo LGTB, eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), sostiene que Viviane Reding, responsable de la cartera de Justicia de la Comisión Europea, dijo que “si un ciudadano LGTB ve conculcado sus derechos, legítimamente adquiridos en un Estado miembro, eso vulnera el derecho a la libre circulación”.
Cerca de alcanzar la categoría de “Champions League” se encuentran catorce países que sí contemplan en su ordenamiento jurídico una figura legal, llamada “unión civil”, para amparar las convivencias entre personas del mismo sexo. Aunque las organizaciones de defensa de los derechos LGTB no se conforman con las uniones civiles. “A mismas realidades, mismos derechos”, proclaman éstas.
Muy lejos del respeto a los derechos humanos está Hungría, que en una reciente reforma de su Constitución encomienda a Dios la familia y queda bloqueado “por antinatural” la aprobación de los matrimonios homosexuales; Lituania, donde está en vigor una ley que impide publicaciones o el activismo en favor de la homoafectividad o Irlanda, que consiente que los médicos se puedan negar a informar del estado de salud si la pareja es del mismo sexo e incluso negar el régimen de visitas hospitalarias.
En el mismo sentido excluyente se encuentra la República Checa, al realizar pruebas falométricas a los solicitantes de asilo por orientación sexual. Acudir a las manifestaciones del Orgullo LGTB en Eslovaquia, Rumanía o Bulgaria es considerado de alto riesgo, debido a la ira de la ultraderecha que no duda en usar todo su potencial violento contra los manifestantes.
Directiva Horizontal contra Múltiples Discriminaciones
Romeva denuncia que la reforma constitucional de Hungría “no encaja dentro del Tratado de Lisboa” y critica a la Comisión Europea porque “en materia de derechos LGTB suele inhibirse”. El diputado ecosocialista es el ponente de la Directiva Horizontal de Múltiples Discriminaciones, aprobada por los eurodiputados y enviada para su aprobación definitiva, y su posterior entrada en vigor, al Consejo Europeo. El diputado denuncia que los primeros ministros y presidentes europeos la mantienen bloqueada y asegura que “Alemania está ejerciendo una fuerte presión” para que no prospere la normativa aprobada en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo”.
La entrada en vigor de la Directiva Horizontal permitiría ampliar el principio de no discriminación a los ámbitos de servicio. Evitaría que el dueño de un establecimiento expulse de su local a una pareja del mismo sexo, por besarse; que una compañía de seguros se niegue a asegurar a una persona homosexual basándose en que ésta tiene más posibilidades de contagiarse del Sida.
Según el último informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) , sólo el 20% de los delitos motivados por prejuicios es denunciado por las víctimas y el 50% de las personas LGTB han sido víctimas de agresiones físicas.
De los 27 Estados miembros, nada más que doce reconocen en su Derecho interno la variante de homofobia en sus códigos penales (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, España, Francia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Portugal, Suecia o Rumanía e Irlanda del Norte en el Reino Unido). En los 15 países restantes la fobia puede campar a sus anchas, sin leyes que lo remedien.
Transfobia institucionalizada en la UE
Son las personas transexuales las que juegan el campeonato más difícil de la discriminación, sufrimiento y vulneración de los derechos humanos dentro de la UE. Cuatro países no reconocen a las personas transexuales (Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia) lo que les lleva a éstas, en muchos casos, a emigrar fuera de sus países para poder ver reconocida la identidad de género que sus genitales niegan. Por si fuera poco, la violencia de la que son víctimas las personas trans es impune en once Estados, al no considerarse las agresiones por identidad de género como agravante. Un limbo jurídico que deja en tierra de nadie a los transexuales de Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Eslovenia. Todo ello, ante la inacción de la Comisión Europea que no se muestra tajante con los países que no protegen a las personas transexuales.
Además, en multitud de Estados la legislación exige el tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo para poder expedir un documento nacional de identidad, coherente con el género de destino de las personas transexuales. En un 80% el tratamiento médico del proceso transexualizador no lo cubre la sanidad pública. En otros muchos casos el muro es el médico, al negarse éste por cuestiones morales a tratar el caso con las diligencias profesionales que se esperan de un profesional de la salud.
Aunque Europa no sea de color rosa no es del color negro de los 76 Estados del mundo que encierran en prisión a homosexuales y transexuales. Tampoco Europa viste el luto de Mauritania, Sudán, Arabia Saudí, Irán, Yemén, Nigeria y Somalia, donde el amor mata. Estos ciudadanos que huyen de la incomprensión e insensibilidad pueden acudir a las representaciones diplomáticas de la Unión, repartidas por el mundo, a solicitar asilo político “con necesidades especiales”, a merced del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, resultado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Esta protección a las almas que vean perseguidas su libertad y su derecho a la vida por razón de orientación sexual e identidad de género es uno de los avances en materia de derechos humanos más celebrados y perseguidos por los colectivos LGTB de nuestro continente. La alegría es incompleta. Cuatro Estados de la UE se niegan a proteger dentro de sus fronteras a las lesbianas, gais, bisexuales o transexuales que llamen a la puerta de Europa para salvar su vida y libertad.
La igualdad LGTB avanza irremediablemente
A pesar del odio visceral de los enemigos de la diferencia, el respeto hacia las personas homosexuales y transexuales en la UE ha ganado muchas batallas en esta guerra contra la intolerancia. La FRA considera que los prejuicios existentes contra las personas LGTB se basan en opiniones sin fundamentos. Los argumentos esgrimidos en contra de la igualdad con el objeto de mantener la barbarie son que la homosexualidad es una enfermedad; que los homosexuales son los propagadores del Sida; unos viciosos que cometen actos tan deplorables como la pedofilia o una amenaza para la familia y valores tradicionales.
Por su parte, los ciudadanos europeos parecen ir tomando posiciones favorables hacia las minorías sexuales. Dos tercios de los europeos preguntados en la encuesta de Eurostat respondieron que se sentirían muy cómodos con un vecino homosexual. Suecos, daneses, holandeses y luxemburgueses son los que más cómodos se sienten. Los más incómodos con que una lesbiana o gay resida en su mismo bloque son los letones, búlgaros y rumanos, que en una escala de 1 al 10 (donde 1 es muy incómodo) se posicionan en el 6. Sólo un 10% de los europeos encuestados se situaron entre 1 y 3.
Bruno Selun, secretario del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo, recuerda que la primera tarea de las autoridades comunitarias debe ser “obligar” a los Estados miembros a cumplir con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Tratado de Lisboa. “Si la Comisión Europea sigue siendo pasiva en exigir el cumplimiento de las normativas comunitarias a los 27, la Unión queda ilegitimada para defender los derechos humanos en su política exterior”, sentencia este joven francés que conoce al dedillo cómo es la realidad de las minorías sexuales en cada uno de los países vinculados al Tratado de Lisboa, que en su preámbulo dice que la Unión Europea se inspira “en los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de las personas, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”.
