Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Juan José Tellez.Público.07/09/2012.Numerosas autonomías españolas vienen negándose, desde el pasado 1 de septiembre, a negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, tal y como pretende el Gobierno a escala estatal. Sin embargo, Andalucía es la única comunidad en la que sigue plenamente en vigor la llamada Tarjeta de Reconocimiento Temporal que amparaba a la población sin tarjeta convencional. Y la responsable de esa decisión es la Consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que discute que al excluir del sistema de salud a 153.000 personas , el ministerio de Ana Mato vaya a ahorrar entre 500 o de 1.500 millones como alternativamente han llegado a pregonar los dirigentes populares.
«El ministerio ha tenido una posición muy confusa, muy errática con esta medida. Lo que han provocado los decretos del gobierno es la exclusión del colectivo de inmigrantes y otros colectivos a los que se han intentado luego poner paños calientes como es el caso de los mayores de 26 años que podrían quedar sin atención sanitaria al no haber cotizado. El gobierno del PP ha quebrado el sistema nacional de salud; ha roto el modelo del que nos habíamos dotado, esto es, un sistema de salud universal para todos los ciudadanos con independencia de su procedencia, de su renta; un sistema que se pagaba vía impuestos y del que hemos ido pasando a un sistema de aseguramiento en el que no prima que la persona sea ciudadana sino cotizante. Ahora, pretenden establecer convenios absolutamente ficticios porque nadie va a poder hacer efectivo ese dinero en otros países o exigírselo a personas insolventes».
«En Andalucía, sólo el 0,6% de los inmigrantes va a los centros de atención primaria, según nuestros datos. El 2% acude a urgencias y un 7% da a luz porque al ser la población inmigrantes más joven, aumenta el número de partos. La población inmigrante consume pocos recursos sanitarios porque es eminentemente sana, tan fuerte que ha dado el paso de cruzar a otros países con todo el riesgo que ello implica. Y como en sus lugares de origen no tienen sanidad gratuita ni acudir al médico, piensan que si acuden a los centros sanitarios, se les puede denunciar, expatriar o facturársele el servicio».
A veces, incluso, han tenido que recurrir a ONGs para llevar a los inmigrantes a los ambulatorios: «Organizaciones como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras o Cáritas, han sido muy activas a la hora de buscarles para darles seguridad y confianza de que el sistema sanitario iba a atenderles y no a perjudicarles».
«Mantenemos la tarjeta por razones humanitarias»
«La primera razón por la que mantenemos la tarjeta, y la más importante, es por razones humanitarias. La salud es un derecho básico y cualquier persona que necesite una atención debe proporcionársele porque no se trata de ningún lujo ni un capricho derivado de un bienestar excesivo sino que se trata de atender a aquel que lo necesita. También observamos la necesidad de que desde la autoridad sanitaria controlemos la salud pública de toda la población. Las bacterias, los virus, los gérmenes, no entienden de procedencias de las personas, no entienden de fronteras».
«La tarjeta va a seguir teniendo la misma validez» Y lo explica a renglón seguido: «Para poder controlar cualquier fenómeno que ocurre en una comunidad, en una ciudad, en un territorio como Andalucía, no puede haber ningún colectivo que no esté controlado, monitorizado, que tenga una revisión sanitaria, un seguimiento por nuestros centros para que no se genere un foco de enfermedad que pueda propagarse en el conjunto de la sociedad y perjudique al conjunto de la salud pública».
Sus argumentos también se relacionan con un discurso democrático, el que fijan la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, recientemente renovado: «Para nosotros, la constitución y el estatuto establecen que el único requisito para que una persona tenga derecho a la atención sanitaria es el de la vecindad administrativa en Andalucía. Esto es, ser persona residente en nuestra comunidad. Y todos aquellos que residan aquí tienen derecho». Por lo tanto y al contrario que otras comunidades, Andalucía no ha puesto límite al periodo de residencia en la comunidad de los extranjeros que reclamen esas prestaciones.
«No se trata de un lujo, se trata de atender a aquel que lo necesita»»También asumimos una razón económica. Y es que si no abordáramos los problemas de salud en atención primara que pudieran plantear los inmigrantes irregulares, un simple resfriado podría convertirse en pulmonía y tendría que ser atendido en los servicios de urgencias, generando un mayor coste y un incremento del gasto».
Otras comunidades no aceptan la hoja de ruta del Gobierno central, pero han aplicado sus propias fórmulas, fijando plazos límites a la llegada de los inmigrantes a cada zona, o incluso facturarle a los pacientes o al gobierno de su país de origen la cuantía del servicio aún a sabiendas de que nunca habrán de cobrarlo. Nada que ver con la doctrina de Naciones Unidas que reclama que los enfermos no tienen por qué participar en la financiación de los servicios de salud: «Lo grave que se ha producido aquí -detalla María Jesús Montero-es que las medidas sanitarias de Rajoy han quebrado el sistema de salud público, universal y gratuito. Yo creo que la propuesta de futuro del Gobierno central pasará por establecer un doble aseguramiento; una sanidad privada para quien se lo pueda costear y otra, de segundo nivel, para cubrir las contingencias. Una sanidad rica para ricos y una sanidad pobre para pobres. El PP no cree en la sanidad pública».
«Lo grave es que las medidas sanitarias de Rajoy han quebrado el sistema de salud público» «El decreto ley excluía en principio a otros colectivos, pero el PP planteó aquel debate soterradamente, para que no se notara. Y conforme se fue denunciando, el Gobierno fue variando sus soluciones. Sin embargo, sigue aprovechando ese discurso populista que es el que se quiere trasladar de manera errónea a la población, dejándole entender que el colectivo de inmigrantes compite en recursos con el de las personas que hemos nacido en nuestra comunidad. Es incierto y, con ello, sólo alimentan la exclusión, la xenofobia, el rechazo».
Algunos inmigrantes también han denunciado que en algunos centros de salud de Andalucía se han encontrado con problemas a la hora de ser atendidos, quizás porque no hubieran llegado con prontitud y claridad las instrucciones de la consejería sobre la preservación de la antigua tarjeta: «Quien se encuentre con este tipo de objeciones se puede dirigir a la dirección de distrito de salud correspondiente o incluso a través de la página web de la consejería puede hacerlo. O que me escriba a mí. Espero que no haya ningún tipo de despistes en ningún centro. Se ha mandado un recordatorio a propósito de esta cuestión para que aquellas personas que sean titulares de la tarjeta de reconocimiento temporal al derecho a la atención, sigan siendo atendidas. La novedad en Andalucía es que no hay novedad. No cambia nada. La tarjeta va a seguir teniendo la misma validez de siempre. Me parece inimaginable el dispositivo administrativo que algunas comunidades han tenido que desplegar, por afinidad de partido, ante las instrucciones del Gobierno de Rajoy. Han tenido que responder a lo que le mandataba el gobierno, pero no se como se va a tramitar el procedimiento de facturación a personas que no tienen siquiera una residencia bien establecida y carecen de solvencia. A veces estos circuitos contables cuestan más que la propia atención sanitaria».
