Independencia de Cataluña sí; financiación privilegiada (pacto fiscal) no. Sobre la Diada: crisis, democracia e intereses sociales

 

El 11 de septiembre entre uno y dos millones de catalanas y catalanes se manifestaron en Barcelona convocados por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) bajo el inequívoco lema “Cataluña: nuevo estado de Europa” de forma festiva y pacífica para conmemorar la Diada. Desde Paralelo36 queremos en primer lugar felicitar al Pueblo catalán por esta demostración de fuerza y conciencia nacional y no podemos ocultar una sana envidia por su unidad y determinación que en cierta forma nos recuerdan las manifestaciones que durante algunos años protagonizó el Pueblo andaluz el 4 de diciembre.

La ciudadanía catalana tiene derecho a la independencia por cauces democráticos y desde luego esta opción no tiene por qué significar dramatismo alguno ya que al formar parte de la Unión Europea los cambios no serían sustantivos: ni moneda ni fronteras distintas. Mucho más traumático sería por ejemplo una salida del estado español del Euro. Sólo el fundamentalismo nacional – católico españolista que considera “sagrada” la unidad de España puede poner el grito en el cielo, pero en las dinámicas sociales y políticas no hay “esencias” sino construcciones históricas mas o menos funcionales en relación con los intereses sociales que defienden.

Una vez sentada la premisa más importante también vamos a ser críticos con esta dinámica, no sólo desde el respeto sino incluso desde el apoyo explícito a encontrar cauces para que la voluntad democrática del Pueblo catalán pueda realizarse.

Lo primero que parece evidente es que es la burguesía catalana la que está hegemonizando el proceso. No es casualidad que la manifestación se haya celebrado con el empuje implícito del gobierno catalán de CIU. Quienes saldrían beneficiadas directamente de un Estado catalán propio serían desde luego las “cuatrocientas familias” que dominan la economía catalana. Los mismos que están desmontando el estado social en Cataluña son los que empujan a las clases trabajadoras y medias ante un objetivo político que poco va a solucionarles los gravísimos problemas que tenemos ante la crisis global.

La crisis global es la dura realidad y se está manifestándose en España como una crisis del Estado porque el bipartidismo ha dinamitando las bases del Estado: han permitido que se genere una deuda privada imposible de pagar en esta coyuntura ni siquiera transformándola en deuda pública. En efecto, lo que está impugnando al Estado español es su falta de viabilidad económica (“Sin dinero no hay estado”), unida a la deficiente democratización de su funcionamiento y a las  tensiones que ha provocado el que el estado de las autonomías no se haya transformado en un estado federal. España fue el primer estado moderno y puede que también sea el primero en sucumbir, de facto, ante la crisis del estado nación.

Un ejemplo de la confusión ha sido precisamente la génesis del Estatuto catalán. Rodríguez Zapatero en vez de impulsar una reforma de la Constitución que recogiera reglas claras de funcionamiento para todos, según el principio federal, acometió una reforma del “todo” (la distribución del poder territorial) desde una parte (El Estatuto de Cataluña, que fijaba entre otras cosas un sistema de financiación que condicionaba al resto de Comunidades) y el PP remató el proceso recurriéndolo al TC, lo que creó un sentimiento de frustración generalizado en Cataluña al mismo tiempo que socavaba la credibilidad del TC como un órgano parcial escorado al centralismo.

Así, a la crisis económica y social se suma el conflicto territorial que se acentuará después de las próximas elecciones Vascas. Conflictos en los que tanto el PP como el PSOE están fuera de juego en esos territorios. Y por si fuese poca la tensión el PP se dispone a hacer coincidir la petición de rescate (con lo que conlleva de empobrecimiento, vaciamiento de la democracia y renuncia efectiva a la soberanía del Estado español) con una durísima contrarreforma territorial a través de la llamada “Ley de Unidad de Mercado”, una nueva LOAPA, que van a intentar colar ante una opinión pública insensibilizada por tanto sufrimiento, mientras impulsan a las Diputaciones como una cuña en la estructura autonómica e incluso el “mecanismo de ayuda financiera a las CC.AA” (una especie de póliza de crédito del estado a las CC.AA.) puede ser perverso ya que una de sus consecuencias es que “los que no paguen sus deudas podrán ser intervenidos”.

Desde Andalucía reivindicamos una nueva institucionalidad progresista mediante una reforma constitucional en profundidad que transforme el Estado autonómico en un sistema plenamente federal en el contexto de la partencia del Estado a la Unión Europea y en particular a la zona euro y que prevea un mecanismo para la secesión de un territorio de forma pacífica y democrática tal como dictaminó por ejemplo la Corte Suprema de Canadá o como sucedió en la separación entre Chequia y Eslovaquia.

Andalucía junto a Cataluña son las dos comunidades que le dan consistencia al estado autonómico, en la tensión entre las dos se ha construido la dinámica del estado compuesto. La desarticulación de este aje puede implicar la destrucción del propio Estado. La estrategia del gobierno central para destruir la Autonomía andaluza está consistiendo en la asfixia financiera del gobierno andaluz y en el descrédito ante la opinión pública, española e internacional, del estado de las autonomía y de la autonomía andaluza en particular. El gobierno de Rajoy se ha negado a compartir con las Comunidades Autónomas tanto los rendimientos por la subida del IVA como el margen de endeudamiento que la Unión Europea le ha concedido a España al retrasar en un año el objetivo de déficit para 2012. Incumplen la disposición adicional tercera del Estatuto sobre la forma de distribución de las inversiones del Estado de forma equivalente al peso de la población, desvían los créditos al Fondo de Liquidez Autonómica y recurren al Tribunal Constitucional para paralizar las iniciativas tendentes a racionalizar el gasto como ha sucedido con la subasta de medicamentos.

Andalucía necesita movilizarse conectando sociedad e instituciones propias pero con una dinámica inversa a la catalana. Desde la izquierda, desde la hegemonía de las clases populares, con unos objetivos sociales muy claros y con el proyecto de una nueva economía adaptada a la crisis de la globalización, tenemos que unirnos bajo la bandera blanca y verde, la que representa al Pueblo andaluz, no a las clases dirigentes andaluzas que solo tienen memoria histórica para identificar al centralismo españolista con la defensa de sus intereses de clase. El Pueblo andaluz que irá este sábado a Madrid a señalar al gobierno que nos está hundiendo en el abismo.

Andalucía necesita refundar nuestra Autonomía y defender un modelo federal en España y en Europa, lo significa en primer lugar poner nuestro Autogobierno al servicio de Andalucía para construir un modelo propio económico, social, político y cultural capaz de generar empleo y afrontar los retos de la crisis de la globalización, defender los derechos sociales y laborales, tener capacidad de presión en el estado y en la UE y profundizar en la democracia real. Para ello necesitamos un nuevo 4 de diciembre desde la unidad de la izquierda andaluza, como entonces, pero ahora basado en un proyecto social adecuado a la Andalucía del siglo XXI y a la crisis del capitalismo globalizado.