Convocada movilización andaluza el 28F

“COMPROMISO SOCIAL PARA EL PROGRESO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCIA”

Hace 35 años el pueblo andaluz inició una lucha que culminó con la conquista de su autonomía, alcanzando el mismo nivel que las nacionalidades consideradas históricas por la vía recogida en el artículo 151 de la Constitución Española. Este logro, que resultó fundamental para iniciar el camino del crecimiento económico y el desarrollo social de Andalucía, fue negado en principio al asociar el calificativo de histórica a que se hubiesen aprobado o tramitado estatutos de autonomía durante la II República Española. Andalucía, con un borrador de estatuto aprobado en la Asamblea de Córdoba en 1933, no pudo tramitarlo ante Las Cortes Generales a causa del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. La Dictadura de Franco haría el resto.La lucha de los andaluces y las andaluzas dio un paso de gran trascendencia con el histórico resultado del Referéndum del 28 de febrero de 1980. Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981, se inició el camino para recuperar parte importante del retraso histórico sufrido y aminorar los desequilibrios y las desigualdades que padecíamos ante el resto de comunidades, más avanzadas y con mayor desarrollo.

El ejercicio de la autonomía y del autogobierno ha posibilitado desarrollar un marco competencial propio y ha sido crucial para que Andalucía alcance un alto grado de cohesión territorial y social, gracias al desarrollo de las infraestructuras y los avances culturales y tecnológicos que han llegado al conjunto de la población. Así como al impulso de unos sistemas de igualdad y protección social y unos servicios públicos eficientes y de calidad.

Sin embargo, estos avances no se han acompañado de todos los cambios estructurales necesarios en nuestro tejido productivo. Una excesiva dependencia de la construcción residencial con un afán claramente especulador, en detrimento del desarrollo industrial, nos ha hecho más vulnerables a la crisis y estamos sufriendo en mayor medida la destrucción de empleo.

La crisis económico-financiera, que la férrea aplicación de políticas neoliberales y conservadoras ha provocado, es a su vez una oportunidad para que sus culpables, los poderes financieros y las grandes empresas desmonten el bienestar y los logros sociales conquistados. Su idea es crear una nueva sociedad ajustada a sus intereses exclusivos, acabando con todo, incluyendo un debilitamiento democrático y el derecho al autogobierno.

Este cuestionamiento de los sistemas de protección social está también en la base del ataque al modelo autonómico. Nos encontramos en una situación de riesgo extremo, ante los embates del centralismo estatal que el gobierno del PP lleva a sus últimas consecuencias. Al suprimir competencias por la vía de los hechos, al imponer sus ajustes y reducir la financiación, realmente se está fomentando que los servicios públicos se privaticen y se conviertan en negocios lucrativos. El verdadero cariz de las políticas llamadas de austeridad y déficit controlado que se imponen a Andalucía, es liquidar bienestar y beneficiar a grandes entidades y compañías privadas bancarias, de seguros, de bienes culturales y de consumo.

Nuestro empeño por conseguir mayor equidad mediante el autogobierno se puede ver también frenado por intereses soberanistas de carácter insolidario y egoísta, propiciados por las diferentes derechas, ya sean nacionalistas o recentralizadoras. Éstas fomentan un modelo cada vez más asimétrico, donde las exigencias de uno, y las concesiones interesadas de otros, producen un aumento de las diferencias y más desigualdades entre las Comunidades Autónomas.

Nuestra capacidad de autogobierno se ve hoy en peligro por la acción recentralizadora que el Gobierno de Rajoy está llevando a efecto y que persigue reducir a la mínima expresión el estado de las autonomías, perjudicando las ventajas conquistadas por el pueblo andaluz, provocando un retroceso en la cohesión social y territorial e imponiendo su modelo ideológico en alianza con los poderes fácticos tradicionales en el Estado.

Por eso, es el momento de consolidar el modelo de Estado Autonómico que hasta la fecha ha mostrado su utilidad, y de garantizar el pleno desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado por unanimidad y con un amplio grado de consenso social, para así seguir avanzando en cohesión social y en generación de riqueza, y para que ésta se reparta de un modo más equitativo y se mejoren las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.

Para preservar las conquistas de estos años, los avances reflejados en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 2007, y conservar nuestra capacidad de gestionar y desarrollar políticas propias es necesario e imprescindible aglutinar en torno a él una amplia mayoría social.

Debemos exigir el desarrollo del Estatuto de Autonomía especialmente en todo lo relacionado con la defensa del modelo social, el mantenimiento de los servicios públicos, el empleo y la generación de riqueza (potenciando otro modelo productivo, sostenible, fomentando las energías renovables, la agroindustria, el I+D de las universidades andaluzas), que pueden ser los instrumentos fundamentales de futuro para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, y además son las políticas más perjudicadas por la falta de financiación estatal.

Apostamos por avanzar hacia un federalismo simétrico, que permita corregir las arbitrariedades y desigualdades que se producen según los intereses de los gobiernos de turno, y por dejar claramente delimitadas las competencias y un sistema de financiación justo, solidario y donde las personas sean su eje central, para acabar con las políticas de premio/castigo que está aplicando el gobierno central en su trato discriminatorio hacia comunidades como Andalucía. En resumen, asentar y profundizar un modelo de Estado que permita consolidar los avances producidos y aumentar el progreso económico, social y democrático de la sociedad española y andaluza.

La sociedad civil organizada demanda al Gobierno de Andalucía una decidida oposición frente al objetivo de déficit y la austeridad impuestos desde el Gobierno de Madrid y desde los centros de poder neoliberales y conservadores mayoritarios en la Unión Europea. La imposición de estas políticas ultraliberales, provocan recortes de programas, servicios y sector público andaluz, con los consiguientes despidos y mermas de calidad en la atención ciudadana. El Gobierno Andaluz junto con su pueblo se debe rebelar cívica y pacíficamente y todas y todos juntos debemos denunciar toda esta agresión contra los intereses de Andalucía.

La autonomía andaluza, tiene sus raíces en lo social, en busca de la igualdad y la redistribución de la riqueza. El autogobierno andaluz no es excluyente, sino incluyente, y eso exige la profundización en la justicia social, y no la eliminación de los derechos sociales. “Tierra y Libertad” es nuestro lema, lo que se traduce en más trabajo, más derechos sociales, más bienestar, más igualdad, y más derecho a gobernarnos democráticamente.

Desde la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía hacemos un llamamiento a todas las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos, al mundo de la cultura, de la comunicación, de la Universidad, (y a todas aquellas personas victimas de la crisis ya sea por despidos, paro, desahucios, exclusión o cualquier agresión a sus derechos fundamentales y constitucionales) que comprometidas con nuestro autogobierno quieren seguir defendiendo lo que los andaluces y andaluzas ganamos primero en la calle y más tarde en las urnas.

Por todo ello, “Compromiso Social para el Progreso de Andalucía” iniciamos una campaña ciudadana en defensa de nuestros derechos como pueblo y de nuestro Estatuto de Autonomía, que tendrá su máxima expresión movilizadora el próximo 28 de Febrero.

17 de enero de 2013

Integran la Plataforma:

– Comisiones Obreras de Andalucía-CCOO-A 

– Unión General de Trabajadores de Andalucía-UGT-A