El caso Bárcenas en el contexto de la crisis de la Segunda Restauración borbónica

Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós. Sin permiso | Después de la avalancha de datos comprometedores que se desprenden de la libreta de Barcenas con la supuesta contabilidad B del Partido Popular, hay quien se extraña del desmentido absoluto, primero, de la secretaria general del PP,  Dolores Cospedal; después, del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Por definición, la contabilidad B no existe, como ha dejado tautológicamente claro la auditoria interna del PP. La menor concesión en este sentido supondría reconocerlo todo. La única estrategia de defensa es, por lo tanto, a todo o nada, por abrumadoras que sean las revelaciones y los datos servidos por los dos principales diarios del Reino, el derechista El Mundo y el centrista El País. Ni que decir tiene:  para pasmo del país, incluidos los votantes del PP.

A pesar de que diferentes dirigentes del PP han confirmado hechos y cifras que aparecen consignados en las libretas de Barcenas; de que coincidan apuntes con partidas de la trama Gürtel –entre ellas las aportaciones vía el PP gallego-; de que sean  inexplicables los incrementos patrimoniales con los sueldos declarados; y de que, en fin, fuera desde hace años un secreto a voces en ciertos círculos políticos, empresariales y periodísticos.  La apelación in angustiis a la “presunción de inocencia” no es sino la consecuencia ineluctable del desmentido absoluto, cuando ya se ha abierto la causa y judicializado el caso; cuando ya no se puede hablar más que delante del propio abogado.

Tampoco viene de nuevas esta decisión de la cúpula del PP. Sigue la misma táctica defensiva adoptada frente a la trama Gürtel. Cuando Barcenas tuvo que defenderse, el PP le sufragó el coste de su defensa jurídica, hasta que el juez Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, archivó el caso en septiembre del 2011. Y coche oficial y despacho en la sede de Génova. Una desarbolada Sáenz de Santamaría, no sabiendo ya qué reponer a los periodistas el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, puso en prenda sus años de trabajo junto al probo Rajoy; le salió una periodista respondona con que también había trabajado muchos años con Bárcenas, al parecer sin enterarse de nada.

La responsabilidad política se pretende aplazar hasta la conclusión penal, confiando en las dificultades del procedimiento y en la lentitud de la justicia española, y sobre todo, especulando con que los testigos se achanten. Para establecer una cadena de responsabilidades, los testigos tienen que declarar que las distintas contabilidades son auténticas…o hacerse responsables de alguna de ellas como propia. Además, una parte de los delitos habría prescrito y siempre se puede confiar en condicionar la propia investigación. No en vano la fiscalía anticorrupción fue purgada en su totalidad después del caso Gürtel por el nuevo gobierno Rajoy. Y hasta el momento, el nuevo equipo sigue sin encontrar conexión entre las evidentes ilegalidades del caso Barcenas y la alegada doble contabilidad del PP para trasladarlas al juez  Ruz de la Audiencia Nacional.

¿Por qué se ha filtrado ahora la libreta de Barcenas? La explicación más inmediata es la petición en marzo del 2012 de la fiscalía anticorrupción de que se reabriese en la Audiencia Nacional la causa archivada seis meses antes por el Tribunal Superior de Madrid. El descubrimiento de más de 22 millones de euros en cuentas en Suiza, de la hacienda La Moraleja en Argentina (la segunda agroindustria de Salta), de ingresos bancarios líquidos sospechosos, no solo establecían una conexión con la trama Gürtel, sino que dejaban entrever que quizá fuera ésta una parte de la trama Barcenas. En tal caso, la única defensa posible pasaba por exigir la intervención del propio gobierno del PP para condicionar el proceso de investigación y sus consecuencias legales con la amenaza chantajista de dejar en evidencia la conexión directa entre la trama Barcenas y la contabilidad del PP. Exactamente el mismo mecanismo de defensa al que han recurrido los distintos implicados en la larga lista de casos de corrupción relacionados con la financiación de los partidos políticos (Filesa, Naseiro, Palau…), de nepotismo institucional, o aun el que afecta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín.

La corrupción y la economía política de la Transición: el cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los grandes partidos dinásticos

La explicación de esas generalizadas prácticas chantajistas de autodefensa, no puede, empero, reducirse a la puñalada de pícaro ni a la astucia del picapleitos. Pues lo que revelan esas prácticas es más bien la complicidad colectiva del cártel formado por los beneficiarios del sistema económico y social de la corrupción articulado políticamente por el régimen de la Segunda Restauración borbónica. La ley de financiación de los partidos políticos de 1987, reformada en 1997 tras los escándalos del PSOE, y a cuyo amparo el PP ha recibido en diez años donaciones anónimas de 17,5 millones de euros, sigue obligando al deslegitimadoTribunal de Cuentas a testificar en su informe del 2007 –el último realizado y el último año en el que eran legales las donaciones anónimas— que ese mismo anonimato no le permite comprobar si las donaciones se hacen conforme a la ley.

La naturaleza institucional de esa corrupción echa sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó la estructura de poder empresarial heredada del franquismo con las privatizaciones de la Transición tan bien descritas por periodistas económicos como Mariano Guindal o historiadores académicos como Mercedes Cabrera y Fernando del Rey). Tan es así, que hasta publicistas liberal-conservadores tan notorios como Guillermo De la Dehesa se ven obligados a reconocerlo con la boca pequeña y la mirada estrábica (como si fuera un problema de corporativismo urgido de “liberalización”). En un reciente artículo recuerda que solo el 4,5% de los contribuyentes declaran a Hacienda ingresos anuales superiores a los 60.000 euros; que una de las consecuencias de una economía sumergida del 25% del PIB es una recaudación por el IVA más de punto y medio inferior a la media de la UE; que el 36% de todos los billetes de 500 euros circulantes en la UE se hallan el Reino de España;  y que ocupa el lugar 30 en la lista de Transparencia Internacional, por detrás de Chipre y Botswana. En un non sequitur sensacional, tras ese diagnóstico de bien arraigada corrupción generalizada de la sociedad española, el j’accuse de De la Dehesa apunta, no al manifiesto cártel criminógeno formado por las grandes empresas del Ibex y los principales partidos (PP y PSOE y CiU), sino a los nuevos enemigos de la derecha de ahora: el sistema de financiación autonómico y los sindicatos, con notorio olvido, ni que decir tiene, de la escandalosamente baja presión fiscal.

Lo cierto es que el mecanismo más importante de transferencia de rentas desde los asalariados a los grandes capitalistas y rentistas ha operado a plena luz del día, a través del rescate y reestructuración de las cajas de ahorro y del crédito moroso y tóxico al sector inmobiliario de toda la banca (con la creación, a cargo del erario público, del “banco malo”),  justificando las políticas de austeridad y la emisión de deuda pública en la que apalancar la privada. Su disparador han sido los decretos de Guindos de febrero y mayo del 2012, y su último episodio, la venta por 1 euro a Caixabank del nacionalizado y rescatado Banco de Valencia, a un coste para el erario público de 6.000 millones de euros. La lectura política del mensaje a los sectores granempresariales catalanes transmitido por semejante operación, en medio del debate soberanista catalán, es suficientemente obvia. Prueba, en cualquier caso,  hasta que punto es recurrente la utilización de los grandes –y menos grandes— intereses económicos para intervenir políticamente al margen del sistema democrático. Y a la inversa,  cómo se pervierten, o clientelar o nepóticamente, las instituciones políticas democráticas para satisfacer los intereses económicos extractivos de que se nutre la corrupción.

En este contexto, las cantidades que aparecen recogidas en las 14 páginas de la libreta de Barcenas no pueden verse sino como pequeños vasos capilares de un tumor sistémico de dimensiones ignotas, pero verosímilmente enormes. Los partidos políticos de alternancia del régimen –o si se quiere, como en la Primera Restauración, los partidos “dinásticos”—, lejos de ser instrumentos de formación y canalización de la voluntad popular y de articulación del debate democrático, se han convertido en mecanismos de mediación entre distintos intereses extractivo-corporativos (sobre todo inmobiliarios y financieros) presentes en la vida económico-social del Reino todo, desde la aldea hasta la Corte, y nunca mejor dicho. Ello es que el presente enconamiento de la pugna de intereses en el seno de la elite político-económica dinástica dominante –uno de los rasgos más determinantes de la grave crisis económica presente y de su agravamiento por las políticas pro-cíclicas de austeridad— daña gravemente los puntos de soldadura que, con distintos altibajos, mantenían unido al cártel dinástico oligárquico y se fugan irrepresables, uno tras otro, distintos casos concretos de corrupción hasta ahora mal que bien contenidos por un tácito pacto de silencio colectivo. Lo hemos visto en Cataluña, cuando tras las fracasadas operaciones contra Gas Natural y la propuesta de fusión de Caja Madrid y La Caixa, iniciado el debate soberanista, se filtran a la prensa las acusaciones de corrupción contra las familias Pujol y Más, al mismo tiempo que se regala a La Caixa, a costa del sufrido contribuyente, el Banco de Valencia. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid: en los conflictos que han enfrentado inveteradamente a Aguirre y Gallardón, y ahora, con la privatización de la sanidad. O a escala municipal, en la interminable saga de comisiones en el sector de la construcción, que sigue goteando día a día. Para acabar en la relación entre el entramado institucional autonómico y los negocios extractivos de la Fundación Noos de Urdangarín, utilizando el nombre y los asesores de la Casa Real.

Lo cierto es que, más allá de las incautas teorías conspirativas internas espontáneamente fabuladas por sus protagonistas y por sus portavoces (ver aquí y aquí), la quiebra del consenso del cártel político-económico dinástico cristalizado en la Transición no ha sido compensada por la imponente mayoría absoluta parlamentaria lograda por una de sus patas políticas, el PP. Una mayoría absoluta hoy seriamente dañada y erosionada en el favor de la opinión pública, pero que constituye todavía el principal, sino el único, activo político operativo de aquel cártel dinástico de la Segunda Restauración.

Los cuatro ejes de la crisis del régimen de la Segunda Restauración

Tenemos, en primer lugar, la crisis del sistema financiero, gestionada por el gobierno Zapatero y el gobierno Rajoy inequívocamente a favor de los intereses de una oligarquía financiera que será la gran beneficiaria de la desamortización de las cajas de ahorro desamortizadas, nacionalizadas y privatizadas. Hemos asistido en muy pocos años al acelerado y gagantuesco proceso de saqueo y concentración del capital financiero, cuya lista de perdedores se cuenta por centenares de miles de inversores grandes y medianos, así como de pequeños ahorradores, según ha podido verse en el caso de las participaciones preferentes.

Está, en segundo lugar, la larga y agónica recesión-cum-depresión de 5 años, que gracias a las políticas de austeridad amenaza con agravarse y prolongarse indefinidamente:  un persistente estrangulamiento del crédito (mientras la banca privada devuelve al BCE, acaso prepósteramente, 44.000 millones, cuyo pretendido fin era precisamente trasladarlos en forma de empréstito a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares); un paro del 26%; una desocupación juvenil que rebasa ya holgadamente el 60%;  y para terminar en algún lado, un aumento de la pobreza hasta el 21,1%. Datos que obligan, quieras que no, a una reconfiguración radical de los tradicionales equilibrios de intereses corporativistas pugnaces del cártel dinástico.  La erosión acelerada del ya más que modesto Estado social español y su progresiva substitución por redes de beneficencia, en buena medida en manos de la Iglesia Católica, sólo refuerza la estructura caciquil y corrupta.

En tercer lugar, la crisis de la deuda soberana, en el marco de la zona euro que, aunque la intervención ad hoc del BCE ha conseguido estabilizar temporalmente con unas tasas de interés alrededor del 5% y un diferencial por encima de 320 puntos, puede volver a situar al Reino al borde del abismo en los próximos meses, y abocar al gobierno a la petición formal de intervención como consecuencia de la situación en otros países periféricos (Grecia, Italia, Portugal…) o del propio corazón de la Eurozona (Alemania, Francia, Holanda…).

Tenemos, en cuarto  lugar, la crisis del sistema de financiación autonómico, ligado a la gestión de las políticas de austeridad y de la deuda pública, que ha supuesto a la vez un agravamiento de las desigualdades territoriales en el ejercicio de los derechos sociales de ciudadanía y la erosión final de la legitimidad del pacto autonómico de la Transición como sucedáneo de una solución democrática de la cuestión nacional, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco.

Cuatro escenarios posibles de la evolución de la crisis del régimen dinástico

Que en la consciencia popular esta aguda crisis de régimen se exprese en la reivindicación del “derecho a decidir”, ya sea sobre la política de austeridad aplicada por el Gobierno Rajoy en la forma de un referéndum –como exigen los sindicatos obreros y la Cumbre Social—, ya sea sobre la inveterada cuestión nacional en Cataluña, constituye un índice muy visible de hasta qué punto se ha roto el mecanismo de legitimidad y representación política del régimen: con mayor o menor fortuna, con mayor o menor consecuencia, lo que se busca es la solución de los problemas a través de ejercicios directos de una soberanía popular que se percibe –con toda la razón del mundo—secuestrada por unas elites extractivas tan incompetentes como inmorales.

Es verdad: la actual crisis del cártel dinástico dominante –que eso es lo que refleja políticamente, y por lo magnífico, el caso Barcenas— no tiene otra salida efectiva y razonable, por muchos parches que se quieran –y se puedan— aplicar, que la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones generales. Sólo que, en tal caso, lo más que probable es que la incontestable evidencia de la crisis general del régimen proporcionada por la caída de Rajoy exigiera, con las elecciones, la apertura de un proceso constituyente rupturista.

Es evidente que la táctica de judialización del caso Barcenas es dilatoria, no busca sino ganar tiempo. Puede sostenerse en la aplastante mayoría parlamentaria del PP obtenida en noviembre de 2011 y la evidente falta de una alternativa política robusta, incluida la mera alternancia del otro polo político del cártel dinástico. Las encuestas son muy reveladoras al respecto. La fuerte caída del PP en más de 14 puntos registrada hace pocas semanas, se convierte ahora, con el caso Barcenas, en un desplome que le situaría por debajo del 24%. La caída del PSOE de Rubalcaba en más de 5,4 puntos respecto del resultado obtenido en las últimas elecciones –que ya era el peor resultado del PSOE de la Segunda Restauración—  se estabiliza ahora en el 23,5%. Los dos partidos “dinásticos” de alternancia quedarían hoy claramente por debajo hoy del 50%. Pero un “gobierno de unidad nacional”, o pactos de estado para apoyar parlamentariamente a la deslegitimada mayoría del PP, o un “gobierno técnico”, que en la práctica sería lo mismo aunque contase con el apoyo de la fortalecida UPyD, abrirían crisis internas incontrolables en todos los partidos implicados. El gobierno resultante sería incapaz, como evidentemente lo es ya el gobierno Rajoy, de seguir imponiendo las políticas de austeridad a medio plazo exigidos por distintos motivos por las elites políticas europeas y por las patronales españolas. Al resolverse finalmente a exigir la dimisión de Rajoy, después de 72 horas de dudas y desconcierto, Rubalcaba lo ha dicho con toda claridad: “El Sr. Rajoy es un lastre, debe abandonar la presidencia”. Hay que añadir con la misma contundencia que, para cualquier alternativa de izquierda o de centroizquierda, el lastre es él.

Las otras dos alternativas, tanto un gobierno de coalición del PSOE con CiU y PNV –la fórmula del Prieto de la Guerra Fría que han hecho suya tanto el felipísmo como el rubalcabismo en el PSOE-,  como un frente amplio de las izquierdas (PSOE, IU, ICV, ANOVA, ERC…), abrirían la crisis definitiva del régimen empezando o por la cuestión territorial o por la cuestión social, para terminar en cualquier caso confluyendo y sumándose ambas.

Vale la penda insistir: lo que actúa por el momento como motor de la crisis del régimen de la Segunda Restauración son sus múltiples contradicciones endógenas, más que su cuestionamiento por fuerzas exógenas: a pesar de la importancia de las movilizaciones sociales, la oposición social y política al cártel dinástico sigue careciendo de una alternativa política creíble. De ahí que lo más probable sea la sucesión de “soluciones” improvisadas y maniobras dilatorias de emergencia, antes y aun después de unas nuevas elecciones. Se puede recordar, sin otro ánimo que el de la ilustración por la vía del ejemplo, el precedente histórico de la crisis de la Primera Restauración: iniciada con la primera huelga general obrera en agosto de 1917 y con el fracaso de la Asamblea de Parlamentarios, se canalizó en 1923 con una “solución técnica” –la dictadura de Primo de Rivera—, hasta la crisis final de 1929-31.

Sea ello como fuere, la tendencia general observada ahora es cada vez más transparente, y no es improbable que en poco tiempo se despeje el horizonte de unas elecciones generales anticipadas (que ya apoyan el 54% de los votantes en general y el 21% del PP). La encuesta del CIS de diciembre de 2012 y la de Metroscopia de enero de 2013, antes de que estallase la actual crisis por el caso Barcenas, ya apuntaban a un negro pesimismo en relación a la crisis económica y a una desconfianza mayoritaria en cuanto a su gestión por el Gobierno Rajoy (84%). El periodista Fernando Garea lo resumía así hace poco más de dos semanas: “Rajoy es el presidente con el mayor poder real de la historia constitucional y, al mismo tiempo, el que tiene menos apoyo popular y más baja estimación de voto” (EP,13-1-2013). Ahora, el 58% de los votantes del PP no se cree las explicaciones de Rajoy, y el 54% pide cambios en la cúpula del partido.

Por eso sería un tremendo error aceptar sin más que la derecha, tanto en España como en Cataluña, puedan temporalmente canalizar la actual crisis de régimen con unos meros pactos anticorrupción, que rápidamente derivarían en pactos de Estado para seguir aplicando las políticas de austeridad. Es el “derecho a decidir”, en este caso a través de unas elecciones anticipadas, lo que debe situarse en primer plano, más allá de la dimisión de Rajoy.

Mientras las redes sociales convocan espontáneamente las protestas en la calle frente a las sedes del PP, a la espera de que la izquierda política y sindical organizada comience a hacerlo, la agenda gubernamental prevista se eriza de obstáculos, como la visita mañana a Alemania de Rajoy, el debate sobre el estado de la nación el 20-21 de febrero (que la Izquierda Plural ya ha propuesto convertir en un acto de reprobación) y las previstas movilizaciones de marzo de los sindicatos y la Cumbre Social. Configurar una alternativa política creíble es la tarea pendiente de las izquierdas. No hay tiempo que perder. Así pues: sin pausas, sin vanidades, sin raposerías.

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.