Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Eugenia Gil.
Hace diez meses el Ministro Wert encargo un informe a expertos con el objetivo de reformar y mejorar la calidad y eficiencia del sistema universitario español. El documento, que ha nacido sin consenso, pone de manifiesto el rumbo que deberá seguir el sistema educativo universitario, si no somos capaces de remediarlo.
La divergencia con el informe esta liderada por el catedrático de Derecho Constitucional Oscar Alzaga, miembro de la ponencia constitucional que elaboro la constitución de 1978 y por la profesora Mariola Urrea Corres. Con un voto particular estos profesores muestran su rechazo al capítulo 1, que hace referencia a la selección del Personal Docente e Investigador y al capítulo 3 que hace referencia al gobierno de la Universidad.
Los expertos muestran consenso en la valoración de los estudios y títulos universitarios que, tras Bolonia, se han homologado en su estructura en Grado y Master, es lo que se conoce con la fórmula 4+1. El informe cuestiona la generalización de esta estructura y apuesta por “definir con claridad el papel y competencias de los estudios de Grado y Master” (p: 67). La estructura 4+1, nos dicen… ha tenido consecuencias “ha implicado que estudios tradicionalmente de tres años han sido convertidos automáticamente en Grados de 4 años. Esto ha producido distorsiones que, sería conveniente reconsiderar. Una posibilidad sería la creación de “grados cortos” de tres años para estudios como Trabajo Social, Enfermería, Ingeniería técnica o Magisterio, lo que en realidad equivaldría a volver a las Diplomaturas de tres años”. Dar marcha atrás supondría cambiar estas titulaciones y quitarle el reconocimiento investigador que tan difícilmente han conquistado.
El informe esta generando inquietud y recelo en la comunidad universitaria, sobre todo, por la crítica a la democracia universitaria y a la desvalorización a la universidad como lugar de generación de conocimiento, cultura, espíritu crítico y ciudadanía.
Hace más de 30 años la democracia se instaló en la universidad pública española con una representación equilibrada de diversos colectivos, con listas abiertas y con limitación de los mandatos. Este proceso de participación hoy, precisamente hoy, debería observarse como un modelo para el resto de la sociedad. Sin embargo, en el informe los expertos consideran a la democracia como un problema.
Bajo el interés de simplificar la organización y dar cabida a la sociedad civil el informe supone un ataque al derecho a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. Pero como dice Escudero en su artículo “Los sabios de Wert no quieren democracia en la Universidad” ¿de que sociedad civil hablamos de Repsol ó de la “Plataforma de Afectados por la Hipoteca?”.
Recordemos que la libertad de cátedra es el soporte de la libertad en el pensamiento, en la investigación y en la docencia. La autonomía supone que la institución se rige a sí misma de forma autónoma, sin ingerencias del poder político, religioso o económico. La posible lesión a la libertad de cátedra provine de tres propuestas que recoge el citado informe: La desfuncionarización del profesorado permanente; la eliminación de la autonomía de las universidades y la involución de la democracia universitaria.
Y esto es lo que ocurrirá sí, como proponen, el Consejo Social se convierte en Consejo de Gobierno de la Universidad y el Rector/a, los Decanos/as y los Directores/as de Departamentos dejan de ser elegidos democráticamente por la comunidad universitaria. El Rector, podrá dejar de ser universitario e incluso no pertenecer al ámbito académico. El voto particular de los profesores firmantes de la adenda advierten que estas medidas podrían ser consideradas como una violación de los derechos Constitucionales.
Por ello, en estos momentos en los que la universidad pública padece los efectos de la crisis económica y de la política de recortes y que como institución es cuestionada, es más necesario que nunca recordar los principios esenciales que sustentan nuestro modelo universitario. Como dice el Rector de la Universidad de Sevilla “la Universidad pública, accesible a toda la ciudadanía, no sólo a los más pudientes, es una conquista histórica irrenunciable”.
Como irrenunciable es también una Universidad que preste un servicio público de formación superior y de investigación, que genere transferencia de conocimiento, que contribuya a elevar el nivel cultural de la ciudadanía haciéndonos más conscientes, responsables, iguales y libres.
