Durante años, nos han hecho creer que la deslocalización de empresas de nuestro territorio era señal de que nuestra economía y tejido productivo habían ascendido a la categoría de países desarrollados con empresas de alto valor añadido. Bajo este dogma falso neoliberal, Andalucía ha sido despojada de su tejido empresarial, que como resultado ha dejado en nuestra comunidad autónoma unas cifras de parados y pobres por encima de lo que debiera permitir un sistema económico al servicio de las personas y no únicamente de la acumulación del capital.
La última señal de este dogma neoliberal es la deslocalización de la factoría sevillana de Danone, una empresa que emplea a más de 200 andaluces sin contar los puestos de trabajo indirectos relacionados con su distribución. Además de ser un nuevo castigo a Andalucía, el territorio con más parados de toda la UE –más que Grecia-, es el síntoma de que la crisis que iba a refundar el capitalismo salvaje sólo está sirviendo para afianzar aún más un modelo de ganadores virtuosos y perdedores desgraciados.
No hay sistema económico sostenible posible si éste no sirve para el bien común. Por ello, el sistema económico y empresarial que deslocaliza sus fábricas para pagar menos impuestos, destrozar el patrimonio ambiental, en busca de mano de obra barata y nutrirse de fuerza de trabajo infantil, no puede seguir estando amparado por las administraciones públicas ni subvencionado con los impuestos de los ciudadanos a los que este sistema abandona a su suerte.
El sistema alternativo a este capitalismo salvaje que devora vidas y proyectos de futuro no puede ser el sistema que coarta la libertad para garantizar la igualdad. Tan fallido como el capitalismo inhumano se ha demostrado el comunismo de planificación centralizada. La esperanza que garantiza la libertad y la igualdad se llama Economía del Bien Común. No son necesarias revoluciones sangrientas para su instauración, sólo hace falta cumplir con el “bien común” del que hablan nuestras constituciones, Constitución Española incluida.
Necesitamos una revolución de verdad, de las que cambian las formas de relacionarnos, de consumir y de intercambiar productos y servicios. Es urgente una revolución silenciosa en la que se impliquen las administraciones públicas y que afecte al sistema financiero, empresarial, político y a las relaciones humanas.
El mercado de valores de la Bolsa ha de ser sustituido por un mercado de valores donde primen la solidaridad, el apego al territorio y la protección ecológica del mundo donde nacerán nuestros hijos. Y donde sean castigadas las empresas y/o bancos que acumulen beneficios a costa de explotar a niños en países asiáticos, que contaminen los hábitats donde producen los objetos de consumo que luego son consumidos en Occidente, que financian fábricas de armas para matar o que juegan al monopoly con los ahorros y la soberanía de los pueblos.
Se trata de empezar a empoderar nuestro territorio para conseguir empoderar a la Humanidad. Sólo seremos seres universales y humanos en la medida en que seamos consumidores y ciudadanos éticos, responsables y humanitarios encima del terruño que pisamos cada día. Todo esto no significa más que poner en práctica el eslogan auspiciado por los movimientos alterglobalización y ecologistas: “actúa local, piensa global”.
Y para esta tarea, la Junta de Andalucía debería también tomarse en serio las competencias que le permite el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El 10% del producto interior bruto andaluz es ya generado por empresarias y empresarios cooperativos que pagan sus impuestos en Andalucía, sus proveedores y trabajadores son andaluces, respetan el medio ambiente y los derechos laborales, fomentan la igualdad de género y no necesitan un descapotable en la puerta de su empresa para sentirse empresarios de éxito: su mayor éxito es crear empleo de calidad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su tierra. Y por si fuera poco, además, crean más empleo que las empresas para las que las personas son un impedimento para acumular capital.
Estas empresas andaluzas de economía social piden a gritos a la Junta de Andalucía una Ley de Economía del Bien Común que regule un etiquetado que visibilice las buenas prácticas empresariales, el respeto al medio ambiente del proceso de transformación de la materia prima, refleje las bondades de consumir productos ecológicos, éticos y producidos a pocos kilómetros de tu casa y beneficie fiscalmente a las empresas que funcionen pensando en las personas y no únicamente en acumular capital.
No tiene sentido, y la crisis nos lo recuerda cada día, que se estén llevando el algodón andaluz a Asia para su transformación en prendas de vestir que, tras el proceso indsutrial, volverán a ser transportadas a Andalucía para su venta. Igual que no guarda lógica alguna que la Junta de Andalucía no privilegie a las empresas andaluzas en la contratación de la limpieza y mantenimiento de sus edificios públicos o servicios.
Andalucía tiene un potencial que no posee ninguna comunidad autónoma del Estado español. Es la comunidad más habitada del Estado y sus recursos son infinitos. Tierra, mar, aire, agua y sol: industria agroalimentaria y pesquera, investigación, desarrollo, innovación, productos de valor añadido, turismo de calidad y energías renovables. Tenemos de todo para empezar desde ya a edificar un modelo productivo que nos permita ser algo más que albañiles o camareros de los jubilados alemanes o británicos.
Un colegio público sevillano ya ha anunciado que no comprará productos Danone para su comedor escolar. Es un gesto honroso pero no puede quedar ahí. Resistir hemos demostrado que sabemos, ahora nos toca construir otro modelo económico y empresarial que haga de Andalucía otra cosa que una terminal de salida hacia la emigración.
Raúl Solís (@RaulSolisEU)