Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?

Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós / El pasado viernes 26 de abril, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno Rajoy reconoció el completo fracaso de las políticas de austeridad de su Primer Plan de Reformas. A continuación, anunció un Segundo Plan de Reformas.

Los datos del fiasco no pueden ser más elocuentes. En lo tocante a su objetivo principal, la reducción del déficit público, el gobierno Zapatero lo había dejado en 2011 en el 9,6% del PIB, pero a finales de 2013 se situará en el 10,6%. De ese montante, 4,3 puntos corresponden al rescate europeo del sistema bancario español, que la UE no contabiliza a efectos de los objetivos de ajuste presupuestario, pero que tienen que financiarse igualmente en el mercado de la deuda. Después de los recortes presupuestarios sangrantes del gasto público –que han afectado especialmente a la sanidad, la educación y la financiación de las comunidades autónomas y han supuesto 259.000 despidos—,  su incidencia en el déficit de la Administración Central y la Seguridad Social es de un mero 0,1% (del 5,2% en 2011 al 5,1% en 2012). En 2011 la deuda pública, después de tres años de crisis, representaba el 68,5% del PIB; en 2012 se situó en el 86,9%, en 2013 alcanzará el 90,5% y el FMI estima ahora que en 2015 se situará en el 99,8%. El pago de intereses en 2013 (40.000 millones de euros) es equivalente al rescate europeo de la banca. La maduración de la deuda pública a corto en 2013 es de 85.000 millones de euros. Al final de la legislatura no se habrá cumplido el objetivo comunitario de un 3% del PIB de déficit, porque la previsión para 2014 es del 4,1%.

En cuanto al segundo objetivo del gobierno Rajoy –relanzar el crecimiento de la economía española—, los datos revisados ahora ofrecidos son igualmente alarmantes: decrecimiento del 1,6% del PIB en 2013, ligero crecimiento del 0,5% en 2014 y del 0,9% en 2015. La economía sufre una doble recesión desde 2008. Para una economía como la española, que necesita crecimientos de alrededor del 2% del PIB para crear empleo neto, estas cifras suponen que desde 2011 se han destruido 1,6 millones de empleos y que cuando la legislatura acabe en 2015 la tasa de paro se situara en el 28,8%, tres puntos más que la recibida del gobierno Zapatero. Los efectos sociales de la recesión, con una caída importante del nivel de vida, se prolongarán, como poco, más allá de 2018.

Anuncio y alcance del II Plan de contrarreformas

El grueso de los datos de este terrible cuadro macroeconómico se conoció en la reunión de primavera del FMI, entre el escándalo Reinhart-Rogoff y la desolada constatación de la recaída en la recesión del núcleo central de la UE. Venían a confirmarse, y por lo magnífico, las predicciones más críticas con las políticas de austeridad. En una entrevista publicada el lunes 22 en el diario ultraliberal de Nueva York The Wall Street Journal, el ministro de economía Guindos adelantaba oficiosamente las cifras y aseguraba que el Reino de España preocupaba menos al FMI y había dejado de ser el principal foco de alarma, en especial desaparecidas las dudas sobre la estabilidad del euro gracias a la política del BCE. Christine Lagarde, directora del FMI, alentaba a «dar más tiempo a España». Durante cuatro días, una campaña de prensa cimentada en ambiguos rumores intentó preparar a una opinión pública ya convenientemente amedrentada desde el ministerio del interior con la previsión de una violenta batalla campal en los alrededores del Congreso de los Diputados el día 25 (lo que se tradujo en uno de los mayores despliegues policiales conocidos en Madrid).

Cuando finalmente tuvo lugar la rueda de prensa el viernes 26, la neolengua habitual destacó por su originalidad eufemística: «reordenación de cifras», «novedades tributarias»… No han faltado periodistas tentados a publicar su propio diccionario, y algún otro no ha podido evitar caer en el costumbrismo a costa de la escena. A pesar de la gravedad de la situación, Rajoy, que lleva escondido detrás de una pantalla de plasma desde el inicio del caso Bárcenas, sigue sin anunciar fecha de comparecencia en el Congreso. Su único contacto con la prensa tendrá lugar con ocasión de la visita a Granada de su homólogo irlandés, el domingo 28.

El anunció del Segundo Plan de Reformas, en parte adelantado por Rajoy en eldebate sobre el llamado estado de la nación el pasado mes de febrero, es en realidad una repetición de los objetivos de la legislatura y de su Plan de 72 medidas, de las que se han ido aplazando más de 30, como la reforma de la administración local y autonómica o la ley de colegios profesionales. Pero hay tres, previstas en elmemorándum de rescate  bancario –cuya traducción oficial al español apareció en el BOE con cuatro meses de retraso—, que serán decisivas: la «evaluación» de la reforma laboral por un «organismo independiente» (FMI, OCDE, UE, pero no la OIT), que inevitablemente generará una nueva oleada de flexibilización y recorte de derechos en el mercado laboral; la reforma de las pensiones, con una segunda extensión de la edad de jubilación más allá de los 67 años; y la Ley de desindexación de la economía, que abrirá la puerta a recortes vía inflación en pensiones, subvenciones y contratos públicos.

La subida «extraordinaria y circunstancial» del IRPF de 2012 se prorroga durante toda la legislatura, y se anuncian «novedades fiscales» con aumento de los impuestos especiales, a excepción de los que gravan a los hidrocarburos, el daño medioambiental y los depósitos bancarios. El marasmo de la gestión del mecanismo de financiación de las Comunidades autónomas se atribuye a una «autoridad fiscal independiente», como si no fuese un problema político central.

Cuando la culpa la tiene la realidad

¿Estamos ante el «hundimiento de la legislatura«, como advierte angustiado uno de los analistas más reconocidos de la derecha, José Antonio Zarzalejos? Las cifras y previsiones sobre el paro parecen, efectivamente, inasumibles socialmente. La intervención del estado en la economía vía ingresos fiscales es una de las más bajas de la UE (36,4% del PIB) –y ha caído desde 2008 más de 6 puntos, rebasando holgadamente en su retroceso el objetivo del 40%  defendido por el anterior presidente del BdE—, y la economía sumergida supera el 25% del PIB. Frente a la excusa de Rajoy –»quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad»—, el diagnóstico de Zarzalejos resulta demoledor: «el naufragio del paquebote popular se ha producido por la combinación de tres factores: la quiebra de la fiabilidad política del Gobierno y del PP –todo lo que se ha prometido se ha incumplido—, la comprobación de su escasa competencia técnica en materia económico-social y en la gestión de los intereses de España en la Unión Europea y la ausencia de un discurso político que, además de cubrir los frentes mencionados, ofreciese respuesta a la crisis institucional, al fenómeno de la corrupción y a la precarización del modelo territorial a raíz de la apuesta independentista en Cataluña«.

Más allá del rancio «regeneracionismo» de sesgo conservador sobre la incapacidad de las «elites políticas (extractivas)» (sic), importa el diagnóstico de las causas, materiales e ideales, de la manifiesta crisis de la Segunda Restauración borbónica en el contexto de la crisis del proceso deconstituyente de la institucionalización neoliberal de la UE. (El lector interesado podrá, sin duda, encontrar algunos elementos consultando los archivos de SinPermiso, y, por lo pronto, nuestro análisis del último debate  sobre el estado de la nación).

Importa, ante todo, destacar el clima social en que se produce el reconocimiento del fracaso del Gobierno Rajoy. El conocido barómetro electoral de Metroscopia de abrilrecoge la caída, desde las elecciones de noviembre del 2011, en la intención de voto del PP: un tremendo precipicio del 20% (del 44,6% al 24,5%). Por su parte, el PSOE sigue en caída libre, con un descenso del 4,3% (del 28,7% —después de la perdida de 14 puntos desde 2008— al 23%). Menos difusión ha tenido el obSERvatorio del 15 de abril de la Cadena Ser, que muestra no sólo la apabullante desconfianza popular ante el bipartidismo dinástico (87%), sino la enorme radicalización y la creciente disposición a la movilización social de la opinión pública, incluida la convocatoria de una nueva huelga general (47%), a pesar del descrédito de los sindicatos mayoritarios (que sólo recogen un apoyo del 18%, frente, por ejemplo, a un espectacular 75% cosechado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas encabezada por Ada Colau).

¿Qué margen le queda al gobierno Rajoy? En la crisis de la primavera de 2012 –acaso la experiencia política más importante de lo que llevamos de legislatura, porque ha determinado el repertorio de respuestas de las clases socialmente rectoras, de los partidos y de los sindicatos—, la respuesta de Rajoy fue: «España ha hecho todo lo que podía, ahora le toca a Europa». El Consejo europeo de junio del 2012 no sólo aprobó el rescate bancario, sino que permitió la política de intervención del BCE en los mercados secundarios, evitando un segundo rescate, esta vez general, de la economía española. De nuevo, es la constatación en la UE de que es imposible que se puedan alcanzar sus ilusos objetivos de reducción del déficit lo que, sumado a los efectos de la recesión en Alemania, ha determinado el aplazamiento de dos años; no la presión ni la capacidad de negociación en Europa del gobierno Rajoy o del resto de los gobiernos conservadores de la periferia. Patético, por decir lo menos, es el intento de Rajoy de presentar las cosas como si el logro de ese nuevo margen fuera mérito propio, de su tenacidad en la aplicación de las políticas de ajuste y en la puntual observación de las condiciones del memorándum. Lo cierto es que en la UE Rajoy ha pasado de ser un supuesto aliado estratégico de Angela Merkel a convertirse en el esforzado alumno despechado, para terminar pretendiéndose un conspirador de capa y espada a favor de una iniciativa comunitaria para el crecimiento. Nada de ello es verdad, por supuesto. La modesta –y ridícula— verdad consiste en esto: hace lo que se le dice, como y cuando se le dice desde Berlín o Bruselas. Más que el guardián, es el pícaro del memorándum.

Una hipótesis de escenario político

Rajoy no gestiona, sobrelleva la crisis de la Segunda Restauración borbónica. Y en ese trance, sus principales activos son la holgada mayoría parlamentaria y la falta de una alternativa política creíble programática y organizativamente, es decir, verdaderamente amedrentante. Gracias a esos dos activos ha logrado esquivar el segundo rescate, poner sordina a los cantos de sirena de los pactos de estado o del gobierno de «unidad nacional» y mantener a raya y dispersa la crecida resistencia social. Lo que no ha logrado evitar es la incesante erosión de su legitimidad electoral, de su base electoral y de la del conjunto del régimen bipartidista. Tampoco ha escapado a las devastadoras dentelladas de la crisis financiera del estado de las autonomías, ni al destape generalizado de la corrupción, que es, sobre todo, manifestación de la ruptura del consenso hegemónico de las clases rectoras del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos de la Transición. Ni, menos, al inopinado estallido del secesionismo catalán, manifestación inequívoca de la crisis de la monarquía y de su inveterada incapacidad para encontrar soluciones hacederas –fundadas en la autodeterminación— para la libre vertebración democrática de los pueblos de España. Lidiar con cualquiera de estos perentorios asuntos precisa de iniciativa vigorosa y apremiante; no digamos enfrentarse a todos ellos de consuno. Ínsito, en cambio, en la naturaleza del gobierno Rajoy parece estar el más inane de los inmovilismos. Tal vez el ejemplo más fatal de esa pasividad haya sido su total despreocupación respecto del proceso de normalización social y política en curso en el País Vasco, y a tal punto, que comienza a peligrar el proceso unilateral de pacificación. Se busca, ni que decir tiene, compensar esa parálisis política práctica con verborrea atrabiliaria y guerras culturales al estilo zapateril: como si lo único que le quedara al gobierno Rajoy fuera atizar el fuego de la polarización ideológica de sus votantes más extremistas. No otro es el triste y evidente papel de la contrarreforma de la Ley del Aborto impulsada por el ministro de justicia Gallardón.

El año que tenemos por delante, hasta las elecciones europeas, será decisivo. En el terreno social, la «evaluación» y ampliación de la reforma laboral, así como el nuevo retraso en la edad de jubilación, obligarán, quieras que no, a CC OO y UGT a convocar una nueva huelga general. Por lo que se refiere a la crisis financiera de las autonomías, que en buena medida es la del «estado del medioestar» español, la tensión de la negociación en torno al traslado asimétrico a las autonomías del nuevo margen de déficit (del 0,7% al 1,2%) concedido al Reino de España por la UE no solo creará graves tensiones entre las comunidades gobernadas por el PP, sino que obligará al gobierno PSOE-IU andaluz a una mayor y más pugnaz confrontación, y muy probablemente terminará bloqueando el juego de alianzas asimétricas de supervivencia ensayado por la Generalitat de Mas con ERC y PSC, obligando a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. En lo atinente a la cúspide institucional coronada, la probable condena de Urdangarín y su socio, tras la imputación de la Infanta Cristina, hará inevitable la abdicación del monarca, las bases legales de la cual ya se negocian más o menos discretamente entre los dos principales partidos dinásticos. Las elecciones europeas, proporcionales en una sola circunscripción, supondrán un durísimo voto de castigo tanto para el PP como para el PSOE, lo que verosímilmente contribuirá a acelerar la crisis de la Segunda Restauración.

En este escenario de crisis cada vez más evidente de todo el régimen político monárquico de 1978, la estrategia sindical de CCOO y UGT –resumida en susmanifiestos para el 1 de Mayo— pasa esencialmente por la defensa de un programa mínimo que amplíe el margen concedido por la UE, para dar cabida a la fórmula de un Pacto por el Empleo y relanzar la negociación de los convenios colectivos, muchos de los cuales caducan el próximo mes de junio. Al propio tiempo, se insiste en la necesidad de mantener el proceso de acumulación de fuerzas ciudadanas de la Cumbre Social, verosímilmente para cargarse de razones de cara a una huelga general que prevén tan inevitable como crecientemente difíciles las condiciones sociales en que habrá de realizarse (con una población trabajadora desmoralizada por una desocupación sostenida sin ejemplo histórico y con unas organizaciones sindicales mayoritarias que no logran romper el descrédito ante la opinión pública que recogen las encuestas). En este sentido, la mayoría sindical vasca y otros sindicatos han convocado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra una huelga general para el próximo 30 de mayo. Los sindicatos mayoritarios han dejado caer en el olvido, en el peor momento, lo que no hace tanto parecieron haber empezado a comprender, y es a saber: que sin una alternativa política realista y unitaria, que pasaría hoy mismo por una campaña de movilizaciones ciudadanas para forzar la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, el ciclo de resistencia social choca con los límites objetivos de la deslegitimada mayoría absoluta del PP y del tenebroso callejón sin salida a que aboca la estólida estrategia de «unidad nacional» o mera alternancia bipartidista del PSOE de Rubalcaba.

La izquierda política federal, IU e ICV, y la izquierda soberanista (EH Bildu, Anova, CUP, así como sectores de ERC y Compromís) ha empezado a situarse en la perspectiva, más realista, de un incierto proceso destituyente de fin de régimen. Comprender eso es, al menos, el primer paso para plantearse una contraofensiva constituyente: sólo esa contraofensiva –o siendo realistas, el horizonte, la promesa, de ella— podría dar sentido, esperanza, unidad y vertebración política a la miríada de movilizaciones sociales (incluidas las sindicales) más o menos dispersas y más o menos espontáneas que van acumulándose de modo creciente, con radicalidad creciente, con rabia creciente y, ¡ay!, con desesperación creciente. Lejos del narcisismo onanista de las cabezas de ratón, lejos de las ilusas y fatigantes intrigas manipulatorias de la sectícula política de turno, esa perspectiva precisa de algo más que alentar la resistencia; necesita perentoriamente la articulación unitaria de un amplio bloque político, social e intelectual alternativo que, hoy por hoy –reconozcámoslo—, no termina de arrancar.

Es iluso pensar que la distancia entre el timorato programa mínimo avanzado ahora por los sindicatos mayoritarios y la incipiente aspiración a un programa de tipo constituyente de las izquierdas alternativas y soberanistas es sólo ideológica, o sólo de comprensión política del momento. Esa distancia responde en buena parte también a las distintas condiciones objetivas en que desarrollan su actividad. Comprender eso tiene que ayudar a salir de la mera denuncia moral (o hipermoral) estéril, para comenzar a tender puentes a través de la movilización y de la coordinación unitaria territorial, que adopta ya diversas formas.

A medida que crezca la polarización social y política inducida por la crisis, se hará más evidente el dilema entre el proyecto de la pseudorreforma constitucional limitada que hoy propugnan el PSOE de Rubalcaba y sectores de la derecha –un proyecto incapaz de frenar el peligrosísimo proceso deconstituyente en curso–, y el de las fuerzas sociales y políticas que trabajan en una contraofensiva republicana constituyente. Sea ello como fuere, las posibilidades de esa pseudorreforma constitucional que fantasea con contener el descalabro de la Segunda Restauración dependen crucialmente de que los partidos dinásticos, señaladamente el PP y el PSOE, sigan teniendo la mayoría institucional de 2/3 necesaria. Es lo más probable que su legitimidad entre en proceso de erosión irreversible con las elecciones europeas de 2014 y las municipales y autonómicas posteriores. Lo que a estas alturas cotiza como seguro es que las elecciones generales de 2015 pondrán fin a la mayoría política del régimen bipartidista. Para entonces, el paro puede rondar ya el 30%. Y no valdrán las medias tintas.

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.