El relevo en la Presidencia de la Junta, el acceso a la misma por vez primera de una mujer, la estabilidad del pacto PSOE – IU y la sustitución de todos los Consejeros y Altos Cargos relacionados aunque sea de forma indirecta con el caso de los ERES fraudulentos, es una buena noticia.
Para que este cambio pueda devolver la esperanza a la ciudadanía y no sólo a sectores políticos vinculados al PSOE o a IU sino también al andalucismo de izquierda, a la ecología política y a los movimientos sociales es necesario que se produzca un cambio en torno a la forma de entender la relación entre la Comunidad Autónoma y el modelo económico. No podemos seguir siendo los sufridores pasivos de la crisis económica sino que nuestra Autonomía tiene que servir para impulsar un nuevo modelo económico que le de pleno sentido a la constitución de Andalucía como sujeto político.
Somos conscientes de las dificultades: de los condicionantes que se imponen desde Bruselas; de la contrarreforma que está desarrollando el PP en todos los ámbitos (¡¡56 proyectos de ley se están tramitando en estos momentos en el congreso de los diputados a iniciativa del gobierno¡¡); de la situación de endeudamiento privado y público en la que se encuentra el Estado; de la decepción de la ciudadanía ante los escándalos de corrupción y la falta de resultados tanto del PSOE primero como ahora del PP frente a la crisis; de los recortes y privatizaciones en las prestaciones y servicios públicos que se imponen desde Madrid y de su boicot a las iniciativas sociales que se han tomado en Andalucía (desde el decreto del derecho a la vivienda hasta la subasta de medicamentos); de la asfixia económica con la que quieren hundir al gobierno de coalición y a la autonomía andaluza, pero precisamente ente todas estas dificultades es cuando tiene aún mas sentido utilizar toda la potencialidad que tiene el Estatuto de Autonomía, aún por desarrollar en su mayor parte,
Necesitamos una estrategia disruptiva, es decir una estrategia que implique rapidez, amplio impacto, incidencia económica y social y capacidad de cambio cualitativo en la creación de empleo y las formas de vida y trabajo. Una estrategia que implique romper la dualidad con la que se comparta la izquierda: por una parte grandes objetivos retóricos desmesurados y, por otra, una acción de gobierno “neutral” con la economía que se limita en el mejor de los casos a “redistribuir” pero no a intervenir en la organización de la oferta económica.
La izquierda necesita en primer lugar ideología, es decir, una perspectiva para marcar objetivos por encima de la visión superficial que acepta de hecho que el capitalismo es inmutable y de lo que se trata es de gestionarlo según sus propias lógicas. Si no se trasciende de este plano siempre tendrá ventaja la derecha. Tenemos que partir del convencimiento de que ésta es una crisis estructural del capitalismo y por tanto nunca vamos a volver a épocas pasadas; que el deterioro de los ecosistemas que está produciendo el cambio climático es determinante para cualquier diseño económico y que los mercados financieros van a seguir explotando su posición de dominio a costa de lo que sea.
La primera condición para hacer frente a la crisis desde el poder autonómico es impulsar una verdadera intervención pública en la economía y en la sociedad a favor de las clases populares y medias andaluzas, que se oponga a la influencia de las élites económica que quieren condicionar al gobierno, a pesar de no tener respaldo electoral puede vencer a la crisis diferencial andaluza.
La izquierda en esta nueva época no puede limitarse a redistribuir rentas sino que tiene que tener un proyecto distinto al de la derecha de cómo generarlas y este proyecto es el que tiene capacidad para vertebrar la acción de gobierno de toda la coalición.
La complejidad de los planos institucionales en los que estamos organizados permite también una respuesta adecuada en cada uno de ellos: podemos incidir directamente en el diseño de la estructura económica andaluza (oferta) porque tenemos competencias suficientes, e indirectamente en las políticas de redistribución territorial de la renta a través de la presión al Estado y en las políticas de demanda mediante la presión a la Unión Europea.
Actuar con decisión y con objetivos claros desde el gobierno andaluz para transformar nuestra estructura económica implica tener una política propia para pasar de la dependencia energética a la autosuficiencia mediante la generalización de las energías renovables; tener un proyecto tecnológico propio; territorializar la cadena productiva; acometer la reforma agraria verde y el banco de tierras; cambiar las relaciones entre el campo y la ciudad a través de una nueva estrategia territorial; introducir los valores culturales en el diseño económico; planificar las infraestructuras en función de una movilidad sostenible e impulsar la economía social.
Al mismo tiempo necesitamos generar una demanda interna real estable sobre la base del aumento en nuestra capacidad adquisitiva mediante la creación de empleo y la redistribución de rentas (talleres de empleo; renta básica de subsistencia, etc.)
Es decir, se trata de entender que nuestra autonomía es la solución frente a la crisis global y no una mera estructura burocrática y que necesitamos una estrategia de “desacoplamiento” en el diseño de la oferta económica, de máxima capacidad de adaptación y resistencia frente a los cambios en los ecosistemas y frente a la estrategia de “tierra quemada” que están impulsando los mercados financieros.
Para una efectiva intervención pública que sea capaz de articular un modelo económico propio para Andalucía desde la izquierda se necesita como requisitos previos tanto recursos sociales como financieros.
En Andalucía existe una enorme energía social. Es tarea del gobierno andaluz crear los mecanismos de participación para que esa energía social se convierta en la fuerza y la presión que Andalucía necesita frente a los élites económicas, frente a la derecha, frente a Madrid y frente a Bruselas. El gobierno andaluz debe firmar un nuevo contrato social con la ciudadanía a través de los sindicatos y los movimientos sociales que permita una democracia participativa mediante la reforma de la ley electoral, la regulación de consultas ciudadanas a iniciativa popular; la participación en las instituciones y en las empresas y la información a través de los medios de comunicación públicos.
Necesitamos capacidad financiera, tanto pública como privada, para invertir y transformar el modelo económico. Las prioridades son un nuevo sistema de financiación autonómico y local que no castigue a la autonomía y a los ayuntamientos andaluces; instrumentos propios de crédito, desde un banco público de crédito hasta mercados secundarios alternativos de renta fija para PYMES, y una fiscalidad propia basada fundamentalmente en tributos verdes.
El modelo económico del PSOE en Andalucía durante estos treinta años idéntico al desarrollado en Madrid por el PP y el PSOE ha sido un fracaso. Necesitamos urgentemente un cambio de modelo, un cambio de paradigma que rompa con el pasado y nos devuelva el presente haciendo posible la creación de empleo y el aseguramiento de la calidad en los servicios públicos. Andalucía puede.