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LOS CIUDADANOS HAN RECLAMADO UN GIRO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS REGIONALES Y LOCALES
Las elecciones del 24-M han dictaminado un importante giro político hacia la izquierda y hacia posiciones progresistas en el gobierno de las instituciones autonómicas y municipales de la mayor parte del país. Los resultados han sido contundentes: son la expresión de un rechazo inequívoco a las políticas aplicadas durante la crisis. Unas políticas basadas en recortes sociales y de derechos que se han amparado en las políticas de austeridad.
De forma más amplia, esos resultados han puesto de manifiesto la demanda de un cambio profundo de la orientación de las políticas realizadas por los anteriores administradores públicos, caracterizadas por las privatizaciones, el debilitamiento de los servicios públicos y la regresividad fiscal.
Las Administraciones Autonómicas y Locales, las más cercanas a los ciudadanos, tienen una responsabilidad determinante en la sostenibilidad medioambiental y en la ejecución de la política económica, en especial en el ámbito de los servicios públicos, de la gestión del suelo y del fomento de la actividad productiva. La corrupción, la especulación inmobiliaria, los desahucios y las desigualdades se manifiestan con crudeza en el ámbito territorial en el que se han pronunciado los votantes.
La demanda de cambio expresada por las urnas dispone, y así nos consta, de un espacio de encuentro en una política económica compartida que no puede ser ignorado ni ocultado por discrepancias o ambiciones menores. La constitución de gobiernos autonómicos y municipales de cambio, leales con la democracia y con el progreso, es una exigencia que no debería ser dificultada por quienes se reclaman de izquierdas.
En opinión de Economistas Frente a la Crisis EFC, solo las mayorías construidas por las fuerzas de izquierda pueden responder a esa voluntad de cambio. Los votos han sido votos de izquierda y de progreso y se han manifestado con especial intensidad a favor de las candidaturas y de los candidatos que han representado con mayor claridad la voluntad de confluencia en políticas progresistas.
En las políticas de pactos y de alianzas no cabe interponer condiciones u obstáculos que las dificulten. Todo lo contrario. Lo que se impone es voluntad y empuje para facilitar los acuerdos. La ciudadanía no entendería otra cosa. Los matices escapan a la comprensión general cuando lo que está en juego es el interés superior de los ciudadanos. Luces largas en las decisiones. Las elecciones generales nos esperan.
A quienes dificulten la constitución de los nuevos gobiernos de progreso, los ciudadanos se lo demandarán.
27 mayo 2015. Economistas Frente a la Crisis EFC
