Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
El pasado 29 de marzo vino el autobús transfóbico de la organización ultraderechista ‘Hazte Oír’ a Sevilla. Primero convocaron una rueda de prensa en una gasolinera en la localidad sevillana de Tomares y más tarde bajaron al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía. Estuve en la rueda de prensa y más tarde me bajé a Sevilla capital para grabar con mi cámara la concentración a favor de la dignidad de las personas transexuales y contra el mensaje de odio de este autobús que se ha paseado por la geografía española en un gesto altamente provocativo y de promoción de la transfobia.
Ya en el Palacio de San Telmo, donde unos doscientos jóvenes hicieron una sentada delante del autobús que lo obligó a abandonar sus planes de pasearse por la ciudad, la policía retuvo a empujones a un adolescente de no más de 16 años. La policía metió al joven detrás de dos furgonetas policiales y durante un rato nada de supo del joven. Yo, informativa y humanamente preocupado por la tardanza del menor, me acerqué y pregunté a los agentes por qué estaba retenido el adolescente.
“A ti qué te importa”, me espetó un policía, en un tono chulesco inapropiado para un funcionario público que cobra de los impuestos de los españoles y que ejerce una función de protección de los derechos y libertades de la ciudadanía. Aunque a veces se nos olvide por la brutalidad que se suelen gastar y el tipo de perfiles que acceden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la misión constitucional que tienen éstos es proteger y hacer valer los derechos y nunca vulnerar las libertades, humillar o dar un trato degradante a los ciudadanos. Aquel joven retenido, en mi opinión, sufrió un trato degradante desde el mismo momento que fue llevado a empujones hasta las furgonetas policiales.
“Me importa mucho porque soy periodista y mi trabajo consiste en informar”, le dije educadamente a los agentes policiales. Educado pero con gesto serio y tajante, que es como me suelo enfrentar –y lo seguiré haciendo- ante el abuso de poder. Lo cometa un agente policial, un político, un empresario o cualquier persona. De todos los pecados capitales, el más obsceno siempre es el abuso de poder porque denigra a una persona por el simple hecho de ocupar un escalafón más bajo en la escala social.
Se ve que al agente policial no le gustó mi respuesta. Y yo, con cámara en mano pero sin enfocar a los agentes porque en este momento mi preocupación era el menor de edad y que no sufriera trato degradante, seguí en el sitio. El policía me recordó que estaba trabajando y que no lo molestara. A lo que yo le dije que yo también me encontraba trabajando: “Ni su trabajo es más importante que el mío, ni el mío es más importante que el suyo. Los dos tenemos derecho al trabajo”, le aclaré. Esto enfadó más a los agentes, que me pidieron que me acreditara. Les facilité mi DNI y mi acreditación de periodista de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). Con muy malos modos, me tomaron los datos. Mientras que el agente apuntaba mis datos en una libretilla, le pedí que me tratara con respeto: “Tráteme como un ser humano que es lo que soy, que España es un Estado de derecho y no un Estado policial”. Aquella frase los encendió más, pero no dijeron nada. Terminaron de anotar mis datos y me dejaron salir. Y abandoné el lugar. El joven retenido salió a los cinco minutos entre aplausos de los dos centenares de manifestantes.
Esto es lo que ha dado lugar a que reciba una denuncia: “El denunciado se salta el cordón policial, introduciéndose en la zona de seguridad acotada, pidiendo explicaciones de manera despectiva a los agentes, cuestionando y menospreciando la actuación de los mismos y realizando grabaciones con su cámara. Todo ello poniendo en riesgo la integridad de los agentes debido a la multitud que se manifestaba en el lugar indicado en contra del autobús de ‘Hazte Oír’”, son los hechos que detalla el documento en el que se me informa de la iniciación de un expediente sancionador por haber incumplido la Ley Mordaza, que ellos llaman muy estéticamente ‘Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana’, aprobada por el PP en contra de los organismos internacionales de defensa de derechos humanos y libertades públicas en abril de 2015 cuando todavía tenían mayoría absolutista en el Congreso de los Diputados.
Me piden 150 euros, pero no es cuestión de dinero. Yo los puedo pagar, pero no me da la gana pagarlos y no lo voy a hacer porque es manifiestamente injusto, porque por lo que me denuncian es por ejercer mi profesión y mi derecho fundamental a la libertad de prensa, al derecho a la información y al libre ejercicio de la profesión periodística, consagrados como derechos fundamentales en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978. Jamás me salté ningún cordón policial porque no lo había. O si lo había, no estaba delimitado por ninguna señalización visual. Tampoco me dirigí a la policía en tono despectivo. Sí lo hice con firmeza, como me enfrento y me enfrentaré siempre al abuso de poder, pero no les falté el respeto en ningún momento y ni siquiera alcé la voz. Todo mi empeño era saber qué estaba pasando con el adolescente y saber por qué llevaba tanto tiempo retenido entre dos furgonetas que impedían su visibilidad.
Tampoco realicé grabaciones en ese momento, sí, por supuesto, durante el transcurso de la concentración. Soy periodista y fui a eso, a grabar, a trabajar. Y muchísimo menos puse en peligro la integridad de ningún agente. Mi única arma era una cámara de foto y una mochila con mi ordenador portátil y el cargador. Ni soy violento, ni llevaba pistola, ni porra, ni me dediqué a empujar a los policías. Considerar que preguntar a un agente es poner en riesgo su integridad física es hacernos creer que los policías en lugar de porras y pistolas llevan en sus cartucheras golosinas para repartir y que mi cámara de fotos es un arma de fuego. Igual es eso, que al PP, que está construyendo un país que camina hacia los años en los que vivía el dictador, le parece que un periodista armado con una cámara de fotos es una bomba de destrucción masiva. Igual es que al PP le sobra el artículo 20 de la Constitución Española porque consideran que los periodistas deberíamos tener las libertades que teníamos cuando Manuel Fraga era ministro de Información y Propaganda. Igual es que les sobra la Constitución entera.
No obstante, lo peor no son los 150 euros de multa que me piden, ni la preocupación que pasé durante toda una noche pensando qué sería la carta de la Delegación del Gobierno que tenía que ir a recoger a Correos, sino que nos están diciendo como sociedad que es normal la ausencia de libertad y que los periodistas no tenemos derecho a preguntar a un policía el porqué retiene y empuja a un adolescente y que a lo más que podemos aspirar es a que no respondan con trato degradante y abuso de poder.
Lo importante no son los 150 euros ni que no se pueda difundir una grabación, ni siquiera los límites que le ponen al derecho a la información, lo realmente grave de todo esto es que están construyendo un Estado represivo para parapetarse de la rabia que producen la injusticia y el empobrecimiento a la que nos están sometiendo las políticas antipersonas del PP que tienen a un tercio de la población española en la pobreza. Primero aprobaron la Reforma Laboral; por la que los sueldos han descendido entre un 20 y 25% y gracias a la cual más del 40% de trabajadores andaluces cobra menos de 650 euros; segundo, aprobaron la Ley Mordaza que castiga la protesta social y limita las libertades públicas. Empobrecimiento y represión es lo que han hecho y hacen todos los regímenes tiránicos. No lo saben, pero no tendrán policías suficientes para frenar tanta desesperanza, rabia e injusticia como están produciendo entre las capas más sencillas de la población.
Por supuesto, recurriré el expediente. Esta batalla la voy a dar como si no hubiera mañana porque en ella no va sólo mi libertad individual y profesional, sino las libertades ganadas durante años por miles de demócratas que se dejaron los huesos en las cárceles y hasta la misma mi vida. Yo no he estudiado una carrera cinco años, compatibilizándolo con trabajos de mierda para ir subsistiendo, para que una ley franquista, aprobada 40 años después de morir el dictador, me calle la boca ni normalice maltratar a un menor de edad que se manifiesta por los derechos de las personas transexuales o cualquier otro derecho que se tercie. El abuso de poder no debería caber en un Estado democrático que quiere jugar en la liga europea.
No podemos aceptar como normal lo que es una anomalía democrática, un retroceso en libertades que nos sitúa más cerca de Marruecos que de Dinamarca. Mi abuela, que vivió la represión franquista y las humillaciones por ser mujer y pobre, cuando era chico me decía: «Hijo, estudia, para que puedas mirar a los señoritos a los ojos». Y yo he estudiado para eso, para mirar a los ojos a quienes pretenden ponernos de nuevo de rodillas como pusieron a mi abuela, a mi madre, a mi padre y a generaciones enteras que se dejaron los mejores años de su vida conquistando las libertades que hoy nos están arrebatando a pasos agigantados.
