Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
El andalucismo postula que Andalucía es una nación republicana, un sujeto político democrático, que se construye como pueblo en lucha por la justicia social y ambiental, la equidad, la multiculturalidad, la plurinacionalidad, la cosoberanía y el federalismo como principios universales. Es decir, el andalucismo es una concreción de los valores universales en un tiempo y en un espacio determinado, por lo que va íntimamente unido a la defensa de un modelo de Estado basado en el federalismo participativo y multinivel (CC.AA, Estado y UE) en el contexto de una nueva institucionalidad global.
La ausencia política de Andalucía en el debate territorial escora a éste hacia un conflicto identitario y soslaya el conflicto distributivo.
Es más, la gran desigualdad entre territorios en el Estado español después de más de 35 años de sistema autonómico es la causa estructural del conflicto territorial porque la actual asimetría económica provoca en la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas asimetría fiscal y obliga a importantes trasvases fiscales que crean una apariencia de que a territorios como Cataluña les iría mejor fuera del Estado, sin valorar el aporte económico, laboral, comercial y ambiental que realizan al conjunto del Estado los territorios más empobrecidos como Andalucía.
Andalucía es una tierra rica pero empobrecida. El capitalismo andaluz sigue siendo de tipo oligárquico, basado en la inexistencia de redes sociales integradas, dependiente de los circuitos exteriores (estatales o internacionales), apoyado en la existencia de un excedente estructural de mano de obra, con un sistema productivo muy atomizado, extractivo de recursos, que genera escaso valor añadido, sin centros de decisión propios, con pocos enclaves industriales de alto valor tecnológico y sin apenas articulación con sus entornos, con una notable ineficiente política de formación para el empleo y con una alta incidencia de la economía irregular o sumergida.
La desigualdad territorial va asociada a posiciones de jerarquías y especialización de los territorios. Andalucía está incrementando su especialización en actividades extractivas con graves daños ecológicos y sociales frente a industriales, financieras y tecnológicas, con el consiguiente efecto fuga de los multiplicadores de empleo y renta hacia las áreas centrales. Como resultado de ello, la estructura social está, a su vez, más polarizada entre una élite que se ha ido reduciendo y amplias capas de la población en situación de pobreza.
Andalucía sufre unas condiciones de desigualdad que el Estado no hace nada para resolver. El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que es el gran instrumento constitucional para corregir los desequilibrios económicos territoriales, prácticamente ha desaparecido de los Presupuestos generales del Estado (PGE). La inversión directa del estado, el otro instrumento para que los territorios puedan converger, ha sido este año del 13%, inferrior en 5 puntos a nuestra población.
Con el actual sistema de financiación autonómico (SFA) el gasto público en Andalucía es inferior a la media españolaa pesar de que aquí hay más pobreza y desempleo y menor nivel de renta por habitante. Pagamos menos impuestos como territorio que Madrid o Cataluña, pero es debido a que debido a que el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante de estas dos Comunidades es superior en un 85% y un 62%, respectivamente, al andaluz. Sin embargo, la presión fiscal en Andalucía es mayor que en el conjunto de España y también que en Madrid o en Cataluña. Los andaluces pagamos en impuestos el 34,6% de nuestro PIB, mientras que en toda España se paga el 32,7%. La situación todavía empeora en términos de esfuerzo fiscal, que se mide relacionando la presión fiscal con la renta bruta por habitante. En este caso, Andalucía queda un 34% peor que la media española, sólo superada por Extremadura.
Andalucía necesita voz propia en la crisis territorial. Andalucía tiene que realizar una ofensiva sin complejos para defender un modelo federal avanzado que integre y dé respuesta a la realidad plurinacional en España, a partir del establecimiento de mecanismos cooperativos, del derecho a decidir y de la naturaleza constitucional de los Estatutos. Por ello defendemos una reforma constitucional del título VIII de la CE que sustituya el actual sistema de autonomía por un Estado federal cooperativo y multinivel. Pero también defendemos que la igualdad entre territorios es un límite infranqueable para alcanzar cualquier acuerdo. Cualquier configuración territorial en España tiene que respetar la igualdad entre territorios y la solidaridad entre ellos. No solo es imprescindible que todas las Comunidades Autónomas cuenten con los mismos recursos por población ajustada para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, sino que el Estado tiene que cumplir su principal función: poner los medios para que la cohesión social y territorial sea una realidad.
Vencer la desigualdad estructural que padecemos se ha convertido en el elemento clave tanto para el andalucismo del siglo XXI, como para resolver las tensiones territoriales en el Estado.
