Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
José Antonio Jiménez.
Dado que esta semana se ha desbloqueado, por parte de la Mesa del Parlamento Andaluz, la toma en consideración de la proposición de ley por la que se propone modificar la Ley de Educación en el sentido de establecer que el presupuesto dedicado a la educación pública no sea inferior al 5% del PIB andaluz, considero interesante incluir en la página de Paralelo36 ,un artículo dedicado a esa propuesta, que ya publiqué en su momento en mi blog de SevillaDirecto
En el contexto actual de la supuesta recuperación de la situación económica es necesario decir alto y claro que hay que recuperar a las personas frente a los inmensos recortes que se siguen sufriendo a nivel del Estado y de Andalucía.
Uno de los casos más flagrantes es la pérdida de inversión en la escuela pública. Según datos del propio Ministerio de Educación en su último “Informe sobre el gasto público en Educación”, donde se mantiene una información actualizada desde el año 1992 hasta el 2016 (últimos datos consolidados por el INE) la diferencia de presupuesto en la educación no universitaria pública en el Estado entre el año 2011 y el 2016 es de menos 1.098.413.000 €, mientras el gasto en educación no universitaria concertada ha crecido en 276.387.000 €. En Andalucía la diferencia, en cuanto al sector público, entre ambos años es de 50.238.000 € menos y por contra, en el sector de los centros concertados ha crecido en 12.310.000 €.
Consultando los datos del informe se obtiene que, durante esos años, sumadas todas las cantidades que se han recortado con respecto a lo que se invertía en el 2011 superan los 12.000 millones de euros en el sector de la educación pública, mientras que en el sector de la educación concertada han crecido las subvenciones públicas un total de 200 millones. En definitiva estamos ante el recorte más brutal que nunca se haya hecho en el escuela pública en su conjunto, en los últimos 30 años. La inversión ha caído por debajo del 4% del PIB colocando a España en los países de cola de la Unión Europea. Como consecuencia de la estructura territorial y gracias al gobierno monocolor que padece Andalucía la inversión anual en educación es aún más baja que la media del estado.
Sobran razones como éstas y, sobre todo, todas aquellas que produce dolor y sufrimiento que se padece en la población, para que en las próximas semanas el parlamento andaluz apruebe una proposición de ley que han presentado conjuntamente IU y Podemos para blindar la inversión pública en educación, al menos, en el 5% del PIB.
Esta propuesta no es un capricho de un grupo parlamentario, sino la respuesta de un grupo de diputados y diputadas que están siendo sensibles con los problemas reales de la educación pública, que se han puesto de manifiesto por un buen número de colectivos sociales, sindicales, vecinales y políticos, así como por la comunidad educativa de distintos ámbitos de Andalucía.
Una parte importante de ellos están en el MAEP (Movimiento Andaluz por la Educación Pública) que convocó un acto el pasado día 5 de abril para mostrar su apoyo, ya que esa proposición forma parte del trabajo del propio MAEP.
En estos momentos es donde se ven los compromisos de los grupos políticos. Hace unas semanas el PSOE se retiró de la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados donde se pretendía sacar adelante un nuevo pacto educativo, porque el PP no aceptaba que se blindara la financiación de la educación pública en el 5%.
Con la presentación de esta proposición de ley, el PSOE andaluz tiene la oportunidad de demostrar que es verdad lo que propone en otros ámbitos. Los votos de PSOE, IU y Podemos suman para sacar adelante la propuesta y si se unen los demás, bienvenidos sean, porque eso demostrará que algunas cuestiones como la educación importan y no se debería convertir en un producto electoral.
#AhoraEl5MañanaEl7
PS: Después de la publicación originaria de este artículo, los sindicatos de la enseñanza, CCOO, FETE-UGT, USTEA, CGT y CSIF han mostrado su apoyo a la mencionada proposición de ley, de manera que ello ha propiciado una presión considerable sobre los grupos parlamentarios dado que no es habitual la conjunción sindical en una propuesta parlamentaria.
