Rafa Rodríguez
1. El diálogo como política y la política como diálogo
La reciente reunión del Presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con el Presidente del Gobierno de la Generalitat, Quim Torra, ha sido una buena noticia para la gran mayoría de la ciudadanía y una mala noticia para quienes quieren hacer política incitando el enfrentamiento. Las iniciativas del nuevo Gobierno central, tras el triunfo de la moción de censura, está dejando al descubierto todas las carencias de la forma de gobernar de Rajoy que había ido destruyendo en buena medida los consensos básicos para la convivencia democrática, los políticos, los sociales y los territoriales.
2. Identidad, distribución e institucionalidad
El consenso territorial descansa sobre tres elementos fundamentales: la igualdad en la distribución de recursos entre las CC.AA., el reconocimiento de las identidades colectivas y una construcción institucional que dé respuesta a los dos elementos anteriores, aunque los tres están muy conectados. Tal vez el elemento más visible sea el identitario pero está relacionado con la reivindicación de una determinada construcción institucional que a su vez está enlazado con una posición de poder para la distribución de los recursos.
Frente al centralismo que ha dominado los últimos dos siglos, y ha generado una enorme desigualdad territorial y reprimido las identidades colectivas no españolistas (entendiendo por españolismo un nacionalismo excluyente que niega la legitimidad de cualquier otro sentimiento nacional), la Constitución española ha supuesto un avance histórico pero sin llegar a plasmar un modelo federal por lo que contiene elementos abiertos e incluso contradictorios.
La Constitución contempla dos niveles de identidades territoriales, nacionalidades y regiones, aunque no define qué territorios tienen tal consideración ni qué consecuencias institucionales tiene esa diferencia.
Los Estatutos de Autonomías han sido las piezas básicas para desarrollar el modelo territorial, aún con las limitaciones del no reconocimiento de su naturaleza plenamente constitucional, y en ellos cada Comunidad se ha ido definiendo como región o nacionalidad pero sin que ello suponga una diferencia cualitativa entre territorios, a excepción de los territorios forales del País Vasco y Navarra que gozan de un régimen de financiación especial.
3. La vía unilateral del soberanismo catalán y la nueva derecha españolista
El soberanismo catalán establece una conexión exclusiva entre identidad nacional e independencia aún a sabiendas que es imposible en el marco constitucional. La opción por la vía unilateral ha sido una estrategia fracasada que lejos de suponer cualquier avance ha conllevado grandes costes para Cataluña y ha generado una opinión pública en el resto del Estado que ha activado un españolismo reactivo, liderado por Ciudadanos, que está fracturando a la derecha española y llevándola a espacios de la extrema derecha que conectan con el fantasma del franquismo. Esta derecha hubiera querido utilizar el artículo 155, en vez de como un mecanismo extraordinario para la defensa de la Constitución, como una vía también unilateral para acabar con la autonomía catalana y por extensión con el sistema autonómico.
La reunión del Presidente de Pedro Sánchez con Quim Torra encauza el conflicto hacia el terreno de la política y supone un paso importante para aislar a los que quieren el enfrentamiento ya sea por oportunismo político ya sea por creer en mesianismos cualquiera que sea su bandera.
Tras la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, la nueva fiscal general del Estado puede dar instrucciones a la fiscal del Tribunal Supremo (que es quien monopoliza -junto con Vox – la acusación), al elaborar su escrito de conclusiones provisionales, de retirar la acusación de rebelión e incluso todas aquellas que no están en el auto del tribunal del Tribunal alemán, lo que implicaría anular las actuales medidas preventivas de privación provisional. El juez Llarena se vería sin margen de maniobra para continuar con el camino que ha escogido: construir el caso desde los resultados que quería obtener (la suspensión exprés de los investigados) en lugar de hacerlo desde los hechos y que le exige hacer continuas improvisaciones mediante fórmulas “creativas” (como la suspensión temporal de la condición de diputados y la posibilidad de ser sustituidos de forma transitoria).
Como argumenta Javier Pérez Royo “Al que fuera fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue a quien se le ocurrió que la conducta de Carles Puigdemont y de otros políticos nacionalistas durante los meses de septiembre y octubre de 2017 había sido constitutiva del delito de rebelión. Para la inmensa mayoría de los miembros de la comunidad académica, cuya opinión quedó fijada en un manifiesto hecho público y me imagino que también para buena parte, posiblemente para la mayoría de los jueces y fiscales, aunque no podemos saberlo, dicha calificación penal no era la procedente”
En todo caso el auto de conclusiones del juez Llanera tiene que ser revisado por el TS, y previsiblemente también por el TC y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya ha recibido el primer varapalo por la justicia alemana con argumentos que están más cerca del sentido común que los que él ha expresado en sus autos y lo lógico es que en cualquiera de las siguientes instancias se anule la calificación del delito de rebelión, pero mientras tanto habría una pérdida de legitimidad de la justicia española y por extensión del Estado. Entonces ¿para que echar más leña al fuego y crear un camino que cada vez tiene más contradicciones y que tiene que ir tapando con ese esfuerzo “creativo”?.
La decisión de la fiscalía de no acusarlos por el delito de rebelión sería un paso político vital para “normalizar” el conflicto y mostraría el cambio que implica el nuevo gobierno.
Se trata de resituar el conflicto en el espacio político frente a la actuación del PP, lejos de debates esencialistas y sin que los jueces sean los actores principales, aun sabiendo que la derecha lo va a utilizar pero tomar esa bandera los lleva cada vez más a espacios de la extrema derecha.
4. El problema de la distribución: en vez de converger crece la desigualdad territorial
El conflicto identitario no puede ocultar el elemento material en la distribución territorial del poder. Un modelo de Estado descentralizado, es decir con múltiples centros de poder, tiene como finalidad material activar las potencialidades de cada territorio al mismo tiempo que establecer los mecanismos de solidaridad necesarios para una mejor distribución de los recursos y por lo tanto para la convergencia territorial y social.
Sin embargo, el actual modelo territorial español no está acercando los niveles de renta y riqueza de los territorios sino por el contrario se está acentuando la divergencia. Basta con ver los últimos resultados estadísticos ya sea de la Encuesta de Población Activa (EPA) o de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), en las que se constata cómo se ha ido escindiendo el territorio entre una parte rica que está muy por encima de la media (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja o Aragón) y una parte empobrecida (Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, Castilla – La Mancha) que continúa siendo un área marginal en la inversión pública y privada, con un bajo nivel de industrialización e innovación. Aquí, la desigualdad se enquista y la pobreza se está convirtiendo en un fenómeno de carácter permanente.
Estos son algunos datos de los últimos resultados de la EPA y de la ECV:
- La tasa de paro: Navarra (10,54); País Vasco (10,76%); La Rioja (11,03%); Aragón (11,58%); Cataluña (12,19%); Madrid (13,40%). En contraste con Extremadura (25,94%); Andalucía (24,74%); Castilla – la Mancha (20,68%); Canarias (20,62%)
- Las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Extremadura (38,9%), Andalucía (31,0%) y Canarias (30,5%), mientras que la Comunidad Foral de Navarra (8,3%), País Vasco (9,7%) y La Rioja (9,7%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.
- Los ingresos medios anuales más elevados se dieron en País Vasco (14.397 euros por persona), Comunidad Foral de Navarra (13.583) y Comunidad de Madrid (13.099), mientras que los ingresos medios anuales más bajos se registraron en Extremadura (8.250), Región de Murcia (8.702), Canarias (8.863), Castilla – La Mancha (9.045) y Andalucía (9.116).
- En cuanto a la situación económica de los hogares, Canarias (20,9%), Región de Murcia (15,5%) y Andalucía (13,9%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2017. Las que presentaron los menores porcentajes fueron La Rioja (1,1%), Comunidad Foral de Navarra (1,7%) y Aragón e Illes Balears (ambas con 4,6%).
- El 52,4% de los hogares de Canarias, el 49,8% de Comunitat Valenciana y el 49,1% de Andalucía no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2017. En el lado contrario se situaban Cantabria (14,5%), País Vasco (17,9%) y Comunidad Foral de Navarra (18,8%).
- Andalucía (47,9%), Canarias (44,2%) y Extremadura (42,5%) presentaron los mayores porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2017. Los porcentajes más bajos correspondieron a Comunidad de Madrid (21,0%), País Vasco (22,3%) y Aragón (23,6%).
(*) Imagen de Edmundo de Waal