25 de septiembre: día de la infamia machista

 

|Constanza García|

Hay días como el 25 de septiembre de 2018 en el que la indignación por la violencia machista sobrepasa todos los límites. En un solo día dos mujeres y dos niñas de corta edad han sido asesinadas salvajemente por sus parejas y por su padre. ¿Cómo es posible tanta maldad y tanta crueldad, precisamente hacia personas que han tenido una relación afectiva libremente elegida o que son sus propias hijas?

Estos crímenes se producen en cualquier lugar de la geografía española, en ciudades grandes o pequeñas. Los criminales son jóvenes y viejos, de clase alta o de sectores populares, españoles o extranjeros. Esta vez ha sido en Castellón, Maracena y Bilbao. La mujer asesinada en Maracena, Nuria, tenía 39 años, ha sido asesinada por su expareja de 45 años. Había acudido dos veces a los servicios sociales, primero en Maracena y leugo en Granada. Es la quinta víctima en Granada por violencia machista durante este año.

La mujer asesinada en Bilbao, Maguette, tenía 25 años, era senegalesa y había denunciado a su marido por violencia de género ante la policía municipal. El asesino la ha acuchillado en presencia de sus dos hijas, ambas menores de edad.

En Castellón, un padre ha asesinado a sus dos hijas, de 3 y 6 años, con el terrible objetivo de infligir el mayor sufrimiento posible a su madre. Un médico y la madre habían denunciado ante el juzgado lesiones y amenazas por violencia machista el juzgado había archivado las denuncias.

Este 25 de septiembre de 2018 debe quedar en la memoria de la infamia contra las mujeres ¿Cuántas mujeres y sus hijas e hijos tienen que ser asesinadas para que la sociedad reaccione y el Estado nos proteja con efectividad?

¿Cuánto sufrimiento hace falta para que se aplique en su integridad el Pacto contra la Violencia de Género?

Le decimos a quienes sufren la violencia machista que tienen que denunciar porque es la única vía para defenderse pero necesitamos que los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad tengan la formación en violencia de género suficiente y los medios necesarios para evaluar el riesgo con realismo, para hacer que una orden de alejamiento por maltrato o amenazas no se quebrante, que aunque se retire una denuncia continúe la investigación porque posiblemente haya mediado coacción física o sicológica para su retirada. Es urgente que además se incluya a los hijos en la valoración del riesgo porque van ya 25 menores asesinadas en este año como consecuencia de la violencia machista y eso es sólo la punta del iceberg.

Hay muchas violencias que sufren las mujeres que limitan o cercenan sus derechos fundamentales de las mujeres como el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo o circunstancias personales o sociales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a no ser sometidas a tratos degradantes, el derecho a la libertad y a la intimidad personal.

El Poder Judicial debe otorgar una tutela judicial efectiva a todas las mujeres que ven afectados sus derechos fundamentales por este tipo de violencia; esta tutela judicial está condicionada por la idoneidad del marco normativo aplicable y la dotación de recursos efectivos para la detección de estos delitos, su investigación y enjuiciamiento, así como para la protección y atención a las víctimas y a sus hijos e hijas hasta su recuperación.

Por ello resulta necesaria la adecuación del marco normativo sobre esta violencia, incluyendo en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género las manifestaciones de la misma que indica el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia que sufren las mujeres (denominado Convenio de Estambul, acordado en 2011)

Reiteramos que la feminización de la pobreza, los problemas económicos, la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, la precariedad laboral y los recortes en prestaciones sociales han tenido un efecto negativo en la persecución de estos delitos.

A las dificultades expuestas debe añadirse la disminución de servicios de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta violencia, ya que después de salir de su ámbito deben recuperarse de importantes pérdidas personales: emocionales, psicológicas y físicas, por lo que con frecuencia se precisa un apoyo social especifico.

Por lo tanto, resulta imprescindible la dotación presupuestaria adecuada para llevar a cabo la aplicación del Pacto contra la Violencia de Género, de la Ley Orgánica 1/2004, con la atención integral que recoge, y el Convenio de Estambul que también preceptúa una respuesta integral, sin la cual la tutela judicial y efectiva que debe proporcionar un proceso judicial deviene imposible.

Queremos que este terrible 25 de septiembre de 2018 quede gravado en la memoria social como el día en el que la infamia machista sobrepasó en España todos los límites. Nunca más.