Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
La crisis provocada por el COVID – 19, ha implicado también una segunda crisis de la globalización (la primera fue la del 2008, sobre todo de naturaleza financiera). Esta crisis tiene características nuevas como la parálisis temporal de una parte muy importante del sistema productivo, la evidencia de la fragilidad de la economía productiva de la globalización basada en las cadenas globales de valor (CGV) y una recuperación del prestigio social de la importancia del Estado, de lo público, y de la comunidad, para hacer frente a los grandes problemas.
Frente a la desarticulación entre economía, poder público y comunidad en todas las escalas, que es la base de la globalización neoliberal, el parón económico, la vulnerabilidad de las CGV, la respuesta del Estado (en sentido amplio, incluyendo a la UE) y de la comunidad, están permitiendo una dinámica de rearticulación entre economía, Estado y comunidad.
Esta dinámica ha hecho posible, en aquellos territorios que contaban con estructuras públicas y comunitarias potentes, tanto por su densidad como por su escala, desplegar una respuesta eficaz, en el plano sanitario y social, ante esta pandemia, como ha sido el caso de España y de la Unión Europea, frente a los territorios con una débil estructura estatal, o que han seguido una orientación neoliberal, como EE.UU. Brasil o Reino Unido.
La respuesta sanitaria y social es la respuesta de lo urgente pero esta segunda crisis de la globalización neoliberal requiere también una respuesta de cambio de modelo económico para hacer frente a los grandes problemas globales: pandemias, crisis ecológica, desigualdad estructural o ruptura tecnológica.
En la Unión Europea, en este contexto, han ganado las fuerzas políticas que han tenido un horizonte constructivo, consiguiendo unir nuevos estándares de financiación pública comunitaria con contenidos para afrontar estos problemas globales, con acuerdos históricos como los del Consejo del 23 de abril (sobre el MEDE, el BEI y el SURE) y los del Consejo 17-21 de julio, en el que se ha aprobado el Fondo de Recuperación, también llamado Next Generation EU (NGEU), en los que la Comisión Europea se endeudará, por vez primera, para financiar programas y no préstamos, por una cantidad de hasta 750.000 millones de euros para apoyar la recuperación. El NGEU se canalizará a través de dos grandes instrumentos, la Facilidad de Recuperación y Resiliencia, que tiene como objetivo promover reformas e inversiones en línea con las prioridades de la Unión (transiciones verde y digital, etc.) que está financiado con hasta el 90% del total de los fondos y el 80% de las transferencias, y el React-EU, con una financiación que asciende a 47.500 millones, como fondos adicionales para los actuales programas existentes de políticas de cohesión.
También este Consejo aprobó la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2021-27 (MFP), que es el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, dotado con un billón, 74.000 millones de euros.
Este escenario económico, en el que España recibirá del NGEU unos 140.000 millones de euros, es decir alrededor del 11,2% del PIB de 2019, permite al gobierno tres cuestiones muy importantes:
1.Que el enorme déficit y el aumento de la deuda púbica (posible por la relajación de las reglas fiscales de deuda y déficit de la UE) que ha necesitado para hacer frente a la parálisis económica por causa de la pandemia, con una caída en picado de los ingresos públicos y al aumento exponencial de los gastos sanitarios y sociales con los que proteger a la población, no haya implicado el aumento de la prima de riesgo y de los servicios de la deuda pública.
2. No hacer recortes en las grandes partidas presupuestarias sociales como las pensiones, la sanidad, la educación o el sueldo de los funcionarios, ni en la inversión.
3.Afrontar la aprobación de un presupuesto que sea la base financiera no solo para la recuperación sino también para las grandes reformas estructurales que se derivan de la necesidad de una nueva respuesta ante los grandes problemas en el contexto de esta segunda crisis de la globalización, con una orientación verde, digital y social.
Estos presupuestos, además, deberán incluir las previsiones de una reforma que acerque la presión fiscal en España (la relación entre ingresos fiscales y el PIB) que está en torno al 38%, a la media de la UE que es del 45%, de forma que progresivamente se incrementen los ingresos públicos en unos 70.000 millones de euros anuales, sobre todo por las subidas fiscales a las grandes empresas, a las plataformas digitales internacionales, a las transacciones financieras y mediante nuevos impuestos verdes que ayuden a la transición ecológica.
Conseguir hacer frente a la crisis de la pandemia, protegiendo a millones de personas sin necesidad de hacer recortes, y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, sentando las bases financieras de la reconstrucción y la renovación económica y de una transición justa, asegurarán que el gobierno pueda culminar la legislatura, al mismo tiempo que certifican el fracaso de la estrategia de acoso y derribo del PP de Casado, lo que a su vez puede permitir afrontar la crisis política y territorial.
En este nuevo panorama, Andalucía, que sigue estando en una posición de dependencia económica con un modelo productivo ineficaz que provoca paro y pobreza estructural, muy por encima de la media de España y de la UE, no puede quedar al margen de la dinámica de reconstrucción y renovación.
La reconstrucción económica y social, por lo tanto, es más urgente en Andalucía, porque hay que dirigirla hacia una reforma estructural del modelo productivo. Sin embargo, la Junta de Andalucía está sin ideas, en contraste con la vertiginosa actividad planificadora y legislativa que están desplegando tanto la UE como el gobierno de España para dotar de contenido a los ambiciosos instrumentos financieros que se están poniendo en marcha.
Al contrario, el gobierno PP – Ciudadanos, apoyado en VOX, está potenciando lo peor de nuestro sistema económico y social: desregulación urbanística y medioambiental, recortes a las universidades, clientelismo con los medios de comunicación, liberalización de horarios comerciales, etc. al mismo tiempo que está atacando incluso las bases simbólicas de la autonomía andaluza.
Y no solo eso, sino que está reaccionado a la defensiva rompiendo cualquier posibilidad de consenso para abordar la reestructuración económica y social, al entregar la presidencia de la comisión parlamentaria para la reconstrucción a VOX, un partido de raíz franquista, que representa también la deriva autoritaria del fracaso de la globalización neoliberal. Exactamente lo contrario de lo que se está haciendo en la Unión Europea y por el gobierno de España.
El gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el PP, está frustrando la gran oportunidad que tenemos por la ausencia de cualquier propuesta de acción de gobierno para cambiar nuestras estructuras económicas y sociales, la ruptura del consenso político y el aislamiento ante la dinámica europea y española.
(*) Pintura urbana de Swoon
