Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
Comenzamos la XV legislatura que va a ser decisiva para determinar cómo se va a hacer la transición para pasar de una época en la que asistimos al fracaso de la globalización como proyecto político de las élites, hasta un mundo que necesita parar el aumento de las temperaturas en el 1,5%. con cero emisiones.
Esta transición implica una transformación sin precedentes económica, política y social. La clave está en que tipo de poder la lidera. Si la dirigen los poderes económicos para que la transición se haga en beneficio de unos pocos, o los poderes democráticos para que la transición sea en beneficio de todas y todos y los costes recaigan en quienes más riqueza tienen y más contaminan.
Esta encrucijada está provocando una tensión máxima entre el bloque progresista y una derecha que ha asumido el marco de la extrema derecha, basado en el negacionismo y la confrontación contra los valores democráticos.
En España la obligada reconfiguración de la estructura de poder durante esta transición implica una singular conexión entre modelo productivo y organización territorial del Estado, que está provocando un conflicto extremadamente polarizado con una exposición ante la opinión pública en la que se mezclan, con una compleja malla, contenidos, símbolos y emociones.
La derecha, que no se resigna a haber perdido las elecciones, está utilizando todos los resortes de poder desde su poder mediático hasta el control que ejerce sobre el Consejo General del Poder Judicial y los jueces en general.
El gobierno se ha constituido apoyado en una mayoría parlamentaria basada en una doble dinámica de pactos. Por una parte, entre PSOE y SUMAR y, por otra, entre PSOE y partidos que reivindican agendas para sus Comunidades Autónomas (Junt, ERC, PNV, BILDU, BNG, CC), en los que anotamos que Andalucía ha estado ausente. Tampoco la escasa presencia de ministras o ministros andaluces ha compensado este déficit en los acuerdos programáticos del gobierno de coalición.
La legislatura comienza su andadura con una oposición brutal del PP alejada de cualquier normalidad democrática que ha puesto la amnistía pactada con Junt y ERC como centro de las emociones para deslegitimar al gobierno y apropiarse de los conceptos de España, Constitución, unidad, igualdad y libertad, a costa de manipularlos.
Al mismo tiempo comienza conectada a un nuevo ciclo electoral que empieza con las elecciones gallegas y vascas y continúa con las europeas y posiblemente catalanas, y con el proyecto de presupuesto que le va a dar contenido material a la primera fase en el modelo de transición que va a seguir España.
La singularidad de que haya una continuación prácticamente sin descanso entre la constitución del gobierno y el comienzo de un nuevo ciclo electoral, confiere a las elecciones gallegas, vascas y europeas un significado más allá de sus propios territorios: sus resultados van a dirimir la correlación de fuerzas entre los bloques de izquierda y derecha y dentro del bloque de la izquierda, la correlación entre el PSOE y SUMAR y, en definitiva, van a determinar la viabilidad de la legislatura.
Especialmente relevante son las próximas elecciones gallegas y vascas de junio de 2024 porque van a determinar la posición de la UE como un actor global durante los próximos cinco años, en los que tendrá que abordar la transición ecológica y social, nuevas incorporaciones, la reforma de los tratados o su posición en un mundo de bloques con un entorno de guerras cercanas, aumento de la extrema derecha e inestabilidad económica.
Necesitamos más y mejor Europa. El gobierno se ha comprometido en la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio, lo que debe hacerse extensible al conjunto de las Comunidades Autónomas para no generar una estructura territorial aún más asimétrica, porque no hay transición justa sin igualdad social y territorial.
Igualdad social y territorial están interrelacionadas. Las dos Españas, la de los territorios que tienen un nivel de renta por encima de la media europea y la de los que tenemos niveles de renta en torno a 25 puntos por debajo, es también la que marca la diferencia entre los niveles de paro, de pobreza o de bajos salarios.
En la España empobrecida, Andalucía es la más poblada y la más desigual. La igualdad de Andalucía en España y en la UE es una necesidad para hacer efectiva la transición ecológica para la justicia social y para la una redistribución democrática del poder territorial.
Por eso, si la transición ecológica en todas partes tiene que ir dirigida a la justicia social aquí, en esta tierra, su vinculación en sustantiva. Una transición que tiene que ser impulsada por los poderes democráticos que nos dé más autonomía jurídica y estratégica, con capacidad para crear un sector público potente en Andalucía que lidere un nuevo modelo productivo y que además genere recursos para toda la población y redistribuya equitativamente la riqueza.
