Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Rafa Rodríguez
1.- Introducción
El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (SFA) tiene una enorme importancia para la ciudadanía porque debe asegurar una financiación similar a los servicios públicos fundamentales en cualquier parte del territorio del Estado para garantizar la igualdad, respetando la autonomía fiscal de las CC.AA.
Supone la partida más importante del Estado, unos 140.000 millones de €, junto con el de las pensiones (190.684 millones), por lo que ambas constituyen la base del Estado de Bienestar, con un gasto conjunto de unos 330.000 millones.
El problema de fondo es la desigualdad económica entre las CC.AA. que tiene una diferencia de 50 puntos porcentuales entre las Comunidades del sur y las del norte más industrializada.
La desigualdad económica se traduce en una desigualdad similar a la hora de recaudar los impuestos en cada territorio: quienes tienen menos capacidad económica, tienen menos capacidad tributaria (tributos cedidos).
La nivelación de la financiación y el respeto a la autonomía territorial son una obligación constitucional que ya en su artículo segundo “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”. Además, hay un altísimo consenso social y técnico en que la solidaridad social y territorial, que están muy relacionadas, es una función del Estado irrenunciable porque es uno de los pilares que justifican su propia existencia.
2.- El SFA
El SFA sirve para dotar de financiación a la prestación de los servicios públicos fundamentales y “nivelar” las distintas capacidades tributarias de los territorios, realizando un proceso redistributivo que, partiendo de la capacidad tributaria de cada Comunidad Autónoma, debe dar como resultado final una similar financiación, por habitante ajustado (una modulación del total de la población en función de tramos de edad y de las circunstancias territoriales para que haya una “unidad de necesidad” equivalente), para los servicios públicos fundamentales.
Con el objeto de poder comparar la financiación de los territorios, el SFA realiza una serie de ajustes de homogenización en las tres variables fundamentales: la ya citada de población ajustada, la recaudación normativa (para igualar la recaudación real en términos de presión y eficiencia fiscal) y las competencias homogéneas (las que comparten todas las CC.AA. ya que las competencias específicas se financian como subvención finalista por el Estado a través de un fondo vertical, el fondo de suficiencia).
El SFA, aprobado en 2009, realiza un proceso de nivelación a través de una serie de fondos: el Fondo de Garantía, que es un fondo redistributivo entre las propias CC.AA. (fondo horizontal) y tres fondos a través de los cuales el Estado transfiere financiación a las CC.AA.: el Fondo de Suficiencia, el de Competitividad y el de Cooperación (fondos verticales).
El SFA, aplicando esos fondos, consigue reducir la diferencia de unos 100 puntos entre la Comunidad que menos capacidad fiscal tiene (Canarias) y la que más tiene (Madrid), hasta reducirla en unos 25 puntos entre la que más financiación por habitante ajustado recibe (Cantabria) y la que menos recibe (Murcia).
3.- Los problemas del SFA
Sin embargo, el SFA tiene graves problemas.
El primero es que hay dos Comunidades, País Vasco y Navarra, que están fuera del SFA porque tienen un régimen propio (foral) que les permite una financiación privilegiada y que no contribuyen a los mecanismos de nivelación. Si las introducimos en la comparación, las diferencias entre CC.AA, a pesar del SFA, se sitúan en cerca de 150 puntos.
El segundo problema es que el SFA nivela, pero no del todo, ya que hay CC.AA. que están más de 10 puntos por encima de la media y otras están 10 puntos por debajo de la media. Entre la que más recibe (Cantabria) y la que menos (Murcia hay una distancia de 25 puntos y, además, la nivelación la hace de forma desordenada y compleja a través de los fondos verticales.
4.- No hay política de cohesión territorial
Hay un problema estructural. Hace muchos años que se ha renunciado a una política de Estado para la cohesión territorial que acerque la capacidad económica y tributaria de las CC.AA., a pesar que la Constitución lo establece como un principio general de la organización territorial del Estado “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español” (art.º 138) y diseña un mecanismo específico para ello, “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.” (158.2).
Sin embargo, este fondo, el FCI, que no está dentro del SFA porque su finalidad no es la financiación de los servicios públicos esenciales sino la cohesión territorial, a pesar de que es el único al que están obligados a contribuir las Comunidades de régimen foral, carece en la práctica de financiación presupuestaria y ha pasado a tener un papel residual y testimonial.
5.- Las dificultades para reformar el SFA
La actual regulación del SFA hace ya cerca de 10 años que debería haber sido reformada. Sabemos cómo mejorarla porque está estudiado a fondo. Hay soluciones técnicas para que las Comunidades Forales contribuyan a un fondo de nivelación global, para que la nivelación sitúe a todas las CC.AA. en torno a la media por población ajustada y para simplificarlo y hacerlo más transparente.
Pero hay dos grandes obstáculos.
Las Comunidades que tenemos menos capacidad económica y por lo tanto menos capacidad tributaria, son las que menos poder político tienen. Por el contrario, las Comunidades más ricas son las que tienen más poder político y lo utilizan para tratar de que no haya una transferencia de financiación de las ricas a las pobres, ya sea de forma directa (fondo horizontal) o indirecta a través del Estado (fondos verticales), por eso defienden un modelo confederal (el modelo foral) frente a un modelo federal que es un modelo de cohesión social y territorial.
En segundo lugar, las Comunidades gobernadas por el PP siguen una política de dumping fiscal. El principio de responsabilidad fiscal exige que cada nivel de gobierno aparezca ante sus ciudadanos como responsable no solo de sus decisiones de gasto, sino también de las cargas tributarias que estas conllevan. Cuando este principio se incumple, surgen disfunciones en todos los niveles de transferencia en fondos entre territorios.
6.- Una mirada a Andalucía
Andalucía es una Comunidad, no solo empobrecida sino además infrafinanciada. Su financiación efectiva por habitante ajustado es de 2.793€, cuando la media es de 2.963€, 170€ anuales menos de lo que debería recibir si todas las CC.AA. estuvieran en la media por habitante ajustado, lo que nos sitúa a 5,7 puntos de distancia de esta media. Como tiene 8,3 millones de población ajustada, debería recibir 1.409 millones anuales más en el nuevo SFA o a través de un fondo transitorio hasta que se apruebe el nuevo sistema.
Sin embargo, las expectativas no son buenas porque quienes están presionando son las Comunidades con más capacidad tributaria que tienen más poder político y lo hacen para que el sistema todavía sea aún menos justo y contribuir menos a la solidaridad interterritorial.
Además, el presidente de la Junta, Moreno Bonilla se dedica a bajar impuestos a los ricos y a transferir fondos de los servicios públicos a los servicios privados, sobre todo en Sanidad y educación.
Ha bonificado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99% para las herencias con una cantidad hasta el millón de euros. Ha suprimido el impuesto de patrimonio, que solo pagan quienes acumula más de 700.000€ en bienes, excluida la vivienda habitual, y ha modificado los tramos del IRPF para reducirlos provocando que haya menos progresividad en el pago.
Las reformas fiscales emprendidas por su gobierno regalan más de 1.000 millones de euros en impuestos cada año a los más ricos de Andalucía, según los cálculos de la propia Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, haciendo por un lado más pobres a los andaluces por esta política fiscal y, por otro, ha provocado una grave ruptura en la legitimidad para reivindicar que haya las transferencias de fondos hacía Andalucía que se deducen del principio de equidad territorial, cuando el presidente de la Junta está perdonando los impuestos a los más ricos, casi en la misma cantidad que podríamos reclamar.
La conclusión es evidente. Si queremos lograr una financiación justa que nos proporcione servicios públicos de calidad, Andalucía debe dotarse tanto de fuerza política como derrotar a este gobierno que traspasa financiación pública al sector privado y utiliza la capacidad fiscal autonómica para hacerle regalos fiscales a los más ricos.
