¡Qué vuelva Mendizábal!

La jerarquía católica española, con la complicidad de los poderes públicos de todos los colores, es especialista en jugar y ganar a la contra. Lo hizo con la reforma luterana inventándose la contrarreforma para justificar el origen mítico de la españolidad, la apropiación del patrimonio americano o la represión inquisitorial. Y lo continúa haciendo contra la desamortización de Mendizábal para mantener sus cuotas de poder social y político. Sirvan como ejemplos el expolio vergonzante de Cajasur o la vergonzante pensión vitalicia de su expresidente. Su último asalto fue la inmatriculación registral de la Mezquita y Catedral de Córdoba, amparada en el art. 206 de la Ley Hipotecaria, reformado por Aznar con la intención de equiparar a la Iglesia Católica con la Administración pública. Un escándalo monumental que vería hasta un ciego sino fuera porque esta Córdoba y Andalucía hace siglos que enfermaron de cataratas.

Sólo en Navarra, la Iglesia Católica ha puesto a su nombre 1087 bienes que deberían ser de dominio público. La apropiación fue denunciada por la Plataforma en Defensa del Patrimonio compuesta por intelectuales, políticos y ciudadanos de todas las creencias e ideologías. El pasado mes de junio, el alcalde de Huarte convocó en la localidad de Burlada a representantes de esta Plataforma y de 117 ayuntamientos afectados, con el objeto de instar al Parlamento de Navarra y al Gobierno Foral la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo; asesoramiento jurídico a los municipios que quieran recuperar los bienes escriturados por la Iglesia; y el pago de la defensa en el caso de entidades locales que por su incapacidad económica no puedan hacerlo. En la asamblea se demostró que “en algunos pueblos se ha puesto precio para entrar o para la utilización pública de estos bienes por parte de los ayuntamientos”, e incluso algunos asistentes alertaron de que “ya se han vendido bienes y otros muchos aparecen a la venta en inmobiliarias a nombre del Arzobispado”.

Hace cerca de un año, el párroco de la localidad alicantina de Xàbia inmatriculó en favor del Arzobispado de Valencia la iglesia-fortaleza de San Bartolomé. Los vecinos y todos los partidos políticos del pueblo denunciaron la privatización. El cura dijo que fue un error y cambió la titularidad a la parroquia, redoblando las iras del pueblo. Hay más casos conocidos en Levante. En Extremadura. En Castilla… También en Andalucía. El más reciente, la bajada de pantalones en Córdoba con las vistas nocturnas a la Mezquita. El consistorio comunista-socialista, ahora sin Rosa Aguilar, ha entregado al Cabildo todos los ingresos que perciban por unas instalaciones para visitas nocturnas que nos han costado a los ciudadanos más de un millón de euros. Ha aceptado que se llame únicamente «Catedral» y “Templo Católico”. Y se ha comprometido con nuestro dinero al mantenimiento técnico y a la promoción del invento para que la Iglesia continúe derogando el evangelio enriqueciéndose. Esa es la coherencia ideológica de la misma formación que abandera el laicismo, la tercera república, y que anunció en Burlada que presentaría en el Congreso una investigación sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998. ¿Incluida la Mezquita? Perdón, ¿incluida la Santísima y privadísima Catedral de la rojísima Córdoba?