Los firmantes también resaltan que la defensa del medio ambiente se ha convertido en una tarea cada vez más complicada en la comunidad autónoma y que las vías de participación que contempla la legislación se están deteriorando.
Las organizaciones sociales no están ni suficiente ni correctamente informadas, y sus voces están siendo acalladas con críticas y menosprecio por parte del Gobierno andaluz, por lo que exigen un cambio de comportamiento y soluciones para los conflictos ambientales de la región, subraya el manifiesto que recorre la Comunidad.
Según el texto, «bajo el ficticio argumento del desarrollo sostenible, las organizaciones están siendo testigos de una creciente permisividad de la Junta con las empresas, las constructoras y las industrias más contaminantes y depredadoras de recursos naturales». Los firmantes del manifiesto consideran que se priorizan los intereses económicos de unos pocos frente al cumplimiento de la legislación y al respeto básico del derecho al medio ambiente y a la salud de la población andaluza. «La Junta de Andalucía debe aplicar la normativa ambiental y hacer del medio ambiente un pilar del desarrollo sostenible», según declara Carlos Segovia, representante de Andalus y de Fundación Bios.
A juicio de las asociaciones, la política que se sirve del medio ambiente con un fin exclusivamente propagandístico debe dar paso a la resolución de problemas reales, como «la innecesaria propuesta de Vía Rápida Sevilla-Lisboa a través del Parque Sierra de Aracena o la nefasta gestión de ciertos espacios protegidos, como ocurre en Sierra Pelada, un centro esencial para la conservación del buitre. Este paraje se está viendo amenazado por las plantaciones de eucaliptos y por roturaciones de terrenos.
La reunión celebrada el pasado fin de semana por los portavoces ecologistas en la red estatal de Parques Nacionales compartió el manifiesto andaluz y aportó al documenla experiencia acumulada en la red española.